“Puerto Rico esta bien cabrón”: el video del rapero Bad Bunny
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- Categoría: América Central
- Publicado: Miércoles 28 de Septiembre de 2022
Bad Bunny, rapero puertorriqueño, lanzó la semana pasada un video de uno de sus últimos temas “El Apagón - Aquí Vive Gente”. El video que dura casi 23 minutos, está casi completamente dedicado a denunciar tres problemáticas sociales que actualmente atraviesa ese país: los apagones, la extranjerización de la tierra y la privatización de las playas. Red Eco Alternativo.
(Red Eco) Puerto Rico – La canción comienza con un sugerente “Puerto Rico esta bien cabrón” y antes de llegar al minuto da paso a la primera de las problemáticas sociales que aborda: el suministro de electricidad. De la mano de la periodista Bianca Graulau, el vídeo cuenta las interrupciones de electricidad que este país padece actualmente con el punto más alto en el apagón que lon dejó sin luz en abril y en agosto pasado cuando el hospital estuvo casi 20 horas sin energía eléctrica.
Y sucedió a pesar de que el gobierno cedió la administración de la empresa de electricidad a una empresa privada de capitales estadounidense/canadiense a mediados del año pasado, Luma Energy, a través de un contrato multimillonario y tras lo cual, Luma se comprometió a mejorar el servicio.
Pero, según las mediciones del propio gobierno, el servicio empeoró. A pesar de esto, los puertorriqueños soportaron en pocos meses siete aumentos del servicio eléctrico. Esta situación provocó un hartazgo social y las crecientes protestas en las calles.
Vale aclarar que Puerto Rico es una isla del Caribe y un territorio no incorporado de Estados Unidos o Estado Libre Asociado, como se denomina, cuyo cargo máximo lo ostenta el presidente estadounidense Joe Biden, en tanto, a nivel local la autoridad la ejerce el Gobernador Pedro Pierlusi Urrutia.
Compra de tierra: los únicos beneficiados son los estadounidenses
Para dar paso a la segunda problemática social, Bad Bunny repite una y otra vez “Puerto Rico esta bien cabrón” y una voz femenina anuncia: “yo no me quiero ir de aquí, que se vayan ellos. Lo que me pertenece se lo quedan ellos, que se vayan ellos. Este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo”.
Esta idea será el eje central de la segunda parte de la investigación que introduce este video.
La imagen se traslada, entonces, a Puerta de Tierra, barrio del populoso San Juan Antiguo, donde se expresa la desigualdad socio-económica entre “quienes llegan con ventajas y beneficios y están quienes llevan toda una vida y ahora sienten que les quieren sacar y quitarles lo que les pertenece”.
Puerta de Tierra, posee un paisaje paradisiaco con vistas a la bahía de San Juan, al mar Caribe. Pero Puerta de Tierra no siempre fue un lugar tan codiciado para el negocio inmobiliario. La periodista cuenta que Puerta de Tierra era el lugar donde llevaban a los esclavos una vez que lograban su libertad, ya que, de esta manera, la clase alta lograba mantenerlos aislados detrás de la muralla del pueblo. Con el tiempo estos arrabales se convirtieron en residenciales públicos, pero desde hace dos décadas, el gobierno “ha eliminado unas mil viviendas públicas para familias de bajos recursos”, cuenta la periodista.
“Aquí vive gente” anuncia la pantalla y da inicio al testimonio de pobladores de edificios que alquilan desde hace más 30 años el mismo departamento y de pronto reciben una orden de desalojo porque el edificio fue vendido y el nuevo propietario cuadriplica o más el alquiler del inmueble.
“Están desplazando al boricua para hacerse ellos ricos”, dice Maricusa Hernández, una de las habitantes de Puerta de Tierra que recibió una notificación de desalojo de la vivienda en treinta días.
El comprador del edificio que habita Maricusa es una sociedad que compra y vende propiedades y ya tasó el edificio en un millón y medio de dólares.
Jorge Luis González, es integrante de una familia que desde su tartarabuela nacieron allí. “Los residenciales públicos son el corazón de Puerta de Tierra. Si el gobierno saca los residenciales, Puerta de Tierra muere”, dice Jorge Luis y continúa mientras la imagen muestra un edificio nuevo y lujoso. “Yo viví ahí 54 años, viví en esa esquina. Y mira lo que hay ahora, un caserío nuevo para riquitos, donde yo no puedo entrar porque como somos negros y pobres, pues están abusando de nosotros. No es justo ser desplazado por los grandes intereses. A ellos les interesa que nosotros nos vayamos, pero si nosotros nacimos allí, que se vayan ellos”.
Lo mismo le sucedió a Laura Mia González quien vivía en un edificio de departamentos hasta que en el 2019 le llegó una notificación de desalojo avisándole que el edificio tenía nuevo dueño y que se tenía que ir en treinta días. 21 familias tuvieron que abandonar el edificio.
“En ese momento me sentí frustrada, primero porque había gente que llevaba treinta años viviendo ahí. Y cuando uno lleva tantos años viviendo en un lugar, tú formas relaciones con la comunidad”, dice Laura, quien remarca “tú no puedes llegar con mentalidad de colonizador, pensando que aquí no vive gente o que la puedes despachar con una carta de desahucio”.
Laura pagaba 300 pesos por mes de alquiler. Hoy las viviendas se alquilan a 15 dólares la noche.
Bianca Graulau explica las razones de este boom inmobiliario. “En Puerto Rico hay una ley que permite a los extranjeros (estadounidenses) no pagar ciertos impuestos cuando se mudan al país. Es la Ley 22, que ahora forma parte de la Ley 60. Gracias a esta ley cuando una persona (estadounidense) se muda al país no paga nada de impuestos por la ganancia de sus inversiones en cosas como acciones, crypto monedas y bienes raíces”. Actualmente hay 3170 personas que se han beneficiado con esta ley. Tan solo ocho beneficiarios de la mencionada ley compraron 28 propiedades en Puerta de Tierra y entre esas 28 propiedades hay una escuela pública.
“Yo les digo invasores colonizadores, porque ellos se comportan como tal, claro que el gobierno de Puerto Rico les ha puesto el país en bandeja de plata”, subraya Laura.
Bianca Graulau cuenta que algunos académicos comparan la economía del turismo, con la economía de plantación. “Cuando Estados Unidos invade y toma posesión de Puerto Rico permitía a las compañías azucareras apoderarse de la tierra. Contrataban puertorriqueños para el trabajo por bajos salarios. Hoy Puerto Rico sigue siendo posesión de los Estados Unidos y existe este incentivo que les da ventaja a los estadounidenses”. Hoy el negocio es comprar propiedades por bajo costo, que convierten en departamentos para turistas y contratan puertorriqueños para la atención y servicios de esas viviendas. “El resultado es un dueño extranjero que acapara las ganancias”, concluye Graulau.
Del 2019 a la fecha, los beneficiaros de la Ley 22 han donado más de 240 mil dólares a las campañas políticas del gobernador y de los líderes políticos de la legislatura puertorriqueña. “El gobernador recibió la mayor parte del dinero”, explica Graulau.
Playas privadas para ricos
Pero en Puerto Rico no solo, señala la periodista, está en peligro la tierra, sino también las playas. Por ley las playas del país son públicas, pero las están cerrando a través de construcciones o con el cierre de los accesos al mar. Es lo que sucede en el Dorado, donde hoteles y mansiones lujosas cerraron muchos de los accesos públicos a las playas, dejando solo el acceso del balneario público.
Rosa Rivera Martínez trabaja en una de las mansiones del Dorado Beach y si quiere, en sus días libres, disfrutar de West Beach, la playa de la mansión de sus empleadores no puede. Para acceder a esa playa Rosa debe caminar dos kilómetros y sortear unas piedras. La distancia y la dificultad del acceso convierte a West Beach en una playa privada.
“Como es que yo me tengo que sentir bien, el que me digan: si, si, tú puedes pasar, pero tienes que pasar por donde puedes cortar o reventarte. Me mortifica que nos traten como ignorantes o como delincuentes, cuando los que están rompiendo la ley son, claramente, ellos”, señala Rosa.
El acceso es tan complicado que West Beach se convierte en una playa privada, dice Graulau.
“El ente gubernamental que está llamado a defender lo público, las playas, los parques no lo está haciendo” explica Pedro Carmona Roig, quien trabajó en la Agencia del Gobierno que decide cómo se usan los terrenos en Puerto Rico. Además, Pedro explica que muchas de esas mansiones del Dorado están construidas sobre terrenos públicos, porque el reglamento establece que 20 metros de terreno después de la marejada más alta son terrenos públicos. Y señalando las rocas, Pedro, explica que están dentro del área afectada por la marejada. Pero que este no se cumple “por el poder que tienen ciertas personas en Puerto Rico”.
La empresa constructora y codueña de West Beach es Prisa Group, una de las grandes empresas donantes de la última década a las campañas políticas de los dos grandes partidos puertorriqueños, dice Graula.
El condominio Sol y Oro, en Rincón, es otro de los ejemplos de esta invasión de terrenos públicos en el país: intentó construir una pileta privada frente al mar, invadiendo parte de la playa. Las protestas de los vecinos lograron detener la construcción de la piscina. El caso fue a la corte y el tribunal determinó que el permiso de construcción era ilegal y ordenó la demolición.
“Porque si no luchamos ahora y no nos unimos a luchar, por nuestro barrio, no solamente Puerta de Tierra, va a ser toda la isla”, dice Jose Luis.
El video cierra con el testimonio de una de las vecinas quien asegura que “aquí la resistencia va a durar, hasta que el corazón aguante”, mientras de fondo se escucha: “yo no me quiero ir de aquí, que se vayan ellos. Este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo".
