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Honduras: nueva arremetida contra estudiantes universitarios criminalizados

La última década en Honduras ha sido caracterizada por la represión y la violación sistemática de los derechos fundamentales de personas y organizaciones que luchan contra un modelo político y económico que pone a la venta el país, privatiza servicios básicos, precariza el trabajo, acapara tierras, saquea bienes comunes, militariza territorios y expulsa pueblos y comunidades indígenas y campesinas.

(Giorgio Trucchi – LINyM) Honduras - Después del golpe y durante la rectoría de Julieta Castellanos (2009-2017), las y los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) emprendieron una larga y tenaz lucha en defensa de la autonomía universitaria y de una educación superior pública, gratuita y de calidad.

Ante la actitud represiva de Castellanos, punta de lanza de los gobiernos continuadores del golpe contra las demandas del movimiento estudiantil, las y los jóvenes intensificaron las movilizaciones y multiplicaron las tomas pacíficas de recintos universitarios en todo el país.

La demanda de democratización interna y la defensa de la educación pública tuvieron como respuesta la criminalización del movimiento. Al menos 200 estudiantes sufrieron diferentes tipos de persecución. Muchos de ellos y ellas fueron perseguidos judicialmente, unos fueron suspendidos y expulsados, otros tuvieron que abandonar el país.

Aún más violenta, y con señales evidentes de ensañamiento, fue la arremetida contra trabajadoras y trabajadores organizados sindicalmente en la UNAH. Además de sufrir acoso sistemático y ser despedidos ilegalmente, fueron víctimas de asesinato y desaparición forzada, como es el caso de los dirigentes sindicales Donatilo Jiménez Euceda y Héctor Martínez Motiño.

Criminalización

Es en este contexto de agresión persistente al movimiento estudiantil que comienza la odisea de Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Cesario Padilla, quienes en julio de 2015 fueron acusados de detentación ilegal de bienes públicos en perjuicio de la UNAH.

“Desde 2010 veníamos exigiendo que se diera paso a procesos de democratización en los órganos de gobierno universitario, y que se permitiera organizar un órgano autónomo de gobierno estudiantil. A la par, nos enfrentábamos a la puesta en vigencia de un paquete de normas académicas que afectaba negativamente al estudiantado”, recuerda Cesario Padilla, quien actualmente se desempeña como periodista y defensor de derechos humanos.

Asambleas y protestas se concentraron principalmente en los recintos universitarios de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Comenzó una cacería que llevó a la expulsión de decenas de estudiantes, entre ellos Cáceres, Ulloa y Padilla. Un recurso interpuesto ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia permitió su reintegración, marcando un primer revés para las autoridades.

El 2015 marcó un repunte en la lucha estudiantil, con tomas de las instalaciones universitarias en Tegucigalpa, San Pedro Sula y en diferentes centros regionales. Luego de solicitar y ejecutar el desalojo forzoso de los recintos, la campaña de odio de las autoridades universitarias, encabezadas por Julieta Castellanos, se dirigió hacia aquellas personas que habían sido expulsadas el año anterior.

Solidaridad

La reacción de varias organizaciones de derechos humanos fue inmediata, tanto para denunciar lo que estaba pasando como para brindar apoyo legal a las víctimas de la campaña de odio. Mientras tanto, el movimiento estudiantil continuaba su lucha.

En 2016 arreciaron las protestas. En junio de ese mismo año, las autoridades de la UNAH demandaron a decenas de estudiantes. Moisés, Sergio y Cesario fueron nuevamente requeridos judicialmente.

Para los tres dirigentes estudiantiles se trataba de una victoria parcial. El juicio iniciado en 2015 duró dos años. Las autoridades de la UNAH, el Ministerio público y la Procuraduría general solicitaron una pena máxima de tres años de prisión y penas accesorias.

El 7 de junio de 2017, la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia emitió una condena por el delito de detentación ilegal de bienes públicos en perjuicio de la UNAH. Sin embargo, la individualización de la pena, que debió ser presentada por escrito en los días sucesivos a la sentencia, fue retrasada durante casi dos años y medio.

Campaña para intimidar

Fue hasta el 1 de septiembre de 2020 que los apoderados legales de Moisés, Sergio y Cesario se enteraron de la existencia de una sentencia condenatoria, firmada en octubre del año pasado por la jueza Enilda Geraldina Mejía.

En la sentencia, la jueza los condena a tres años de reclusión, a la inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro de la prisión. Finalmente se declaró responsabilidad civil de los condenados.

“Eso muestra todo el carácter de una sentencia política divulgada públicamente para amedrentar e intimidar la protesta social, la defensoría de derechos y la libertad de expresión, en un contexto de profundización del irrespeto a las libertades civiles en Honduras”, señala en una nota el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

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