El Salvador es actualmente el único país de la región centroamericana que pone límites a la propiedad de la tierra. Producto de la Reforma Agraria de los años 80, ninguna persona natural o jurídica puede poseer más de 245 hectáreas de tierras rústicas.

(Giorgio Trucchi - Alba Sud) El Salvador - El artículo 105 de la Constitución salvadoreña dice textualmente: “La extensión máxima de tierra rústica perteneciente a una misma persona natural o jurídica no podrá exceder de doscientas cuarenta y cinco hectáreas. Esta limitación no será aplicable a las asociaciones cooperativas o comunales campesinas”.

Después de las elecciones legislativas del pasado marzo, donde la derecha salvadoreña se aseguró el control absoluto del Parlamento y podría alcanzar los votos necesarios (56 de 84) para modificar la Carta Magna, esta barrera contra la reconcentración de la tierra podría caer. Con la excusa de borrar una limitante a la inversión y fomentar la producción agroindustrial nacional, los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) presentaron en abril un proyecto de reforma constitucional para eliminar el límite impuesto a la tenencia de tierras rústicas. Sería suficiente el apoyo del conservador Partido de Concertación Nacional (PCN) para alcanzar cómodamente la meta.

Gerson Martínez, ex ministro de Obras Públicas en el Gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), recordó ante medios nacionales que dicho límite se estableció para que todas las personas pudiesen tener acceso a la tierra. “Ya están mostrando las garras, quieren volver al pasado para reconcentrar la propiedad de la tierra”, dijo. Esta espada de Damocles que pende sobre el futuro del pequeño país centroamericano es parte de un proyecto mucho más amplio que busca profundizar el modelo extractivista, beneficiando al gran capital nacional y transnacional y revirtiendo los avances logrados en la última década en materia social.  

Inversión turística al acecho

“La derecha controla la Asamblea Legislativa y va con todo. No sólo quiere reformar el artículo 105 de la Constitución para volver al latifundio, sino que pretende revertir la prohibición de la minería metálica en el país [4], expandir los monocultivos tradicionales e introducir nuevos como la palma africana, condicionar la aprobación de la Ley General de Aguas a una nutrida presencia del sector empresarial en la Autoridad Nacional del Agua (ANA), ente rector que regirá y aplicará la legislación”, manifestó Guillén.

La defensora de derechos humanos dijo estar preocupada por el riesgo real de que el país se encamine hacia la privatización del vital líquido y el boicot a la aprobación de una Ley de Soberanía Alimentaría, que garantice el ejercicio pleno del derecho humano a una alimentación adecuada.

La gran expansión que el turismo ha tenido en los últimos años en el país y el interés mostrado hacia el sector por parte de grupos económicos nacionales e internacionales, han sido elementos que han contribuido a la decisión política de querer suprimir el límite a la tenencia de la tierra y crear verdaderos clusters.

“Los grandes capitales no están interesados en el sector agropecuario, y le han puesto el ojo a la inversión turística, la construcción de viviendas y de fincas (quintas) de recreo. Ya tenemos el ejemplo de la Ruta de las Flores, en el Occidente, y de Chalatenango, en el norte del país, donde se han creado centros recreativos turísticos que son ajenos a la realidad de pobreza que los rodea”, dijo María Silvia Guillén.

El inicio de las obras del Fomilenio II, un proyecto financiado por el gobierno de Estados Unidos por medio de la Corporación del Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), cuya inversión supera los 365 millones de dólares y que impactará toda la franja costera, abre definitivamente las puertas a una nueva fase de ampliación de la oferta turística. Las comunidades campesinas de la zona han lanzado un grito de alerta que ha sido desoído por las autoridades. Entre las obras que se ejecutarán por medio de alianzas público-privadas se encuentra la ampliación a 4 carriles de la carretera Litoral, desde el aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero hasta Zacatecoluca (24,2 kilómetros); mejoras en el pase fronterizo de El Amatillo; mejoras en 344 centros escolares de la franja marino costera y el fortalecimiento del sistema nacional de formación técnica profesional.

El Salvador ya cuenta con importantes complejos residenciales con fines turísticos, como por ejemplo Encanto Residential Country Club, ubicado entre los municipios de San José Villanueva y Zaragoza, que incorpora más de 600 lotes residenciales en un área de más de 210 hectáreas, alrededor de un campo de golf de 18 hoyos de categoría mundial y un Country Club de 5,5 hectáreas. También el proyecto habitacional Costa Real, del Grupo Poma, un complejo de 4 torres y 112 apartamentos en la Costa del Sol, una de las mejores playas del país.