Asesinar periodistas en Guatemala
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- Categoría: América Central
- Publicado: Martes 06 de Febrero de 2018
Horas después de que el jueves 1 de febrero se presentase el Informe Anual de Reporteros sin Fronteras, el periodista Laurent Ángel Castillo Cifuentes, colaborador de Nuestro Diario, y el publicista Luis Alfredo Girón, de la radio Coaltepec, fueron brutalmente asesinados en una aldea del municipio de Mazatenango, en el departamento suroccidental de Suchitepéquez, en Guatemala. Los cuerpos de los reporteros fueron encontrados por cortadores de caña de azúcar en un cañaveral, atados de pies y manos, boca abajo, y con un tiro de gracia en la cabeza, según se recogió en el informe policía.
(Gervasio Sánchez - La Marea) Guatemala - “No había noticias de que hubiesen recibido amenazas o que estuviesen siendo extorsionados por algún grupo criminal”, contó Luis Ovalle, jefe de redacción y editor del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua).
Luis Ovalle, por su parte, cree que el crimen fue realizado por un grupo armado organizado y profesional por la manera en la que actuó. No fueron disparos sorpresivos en una emboscada. Antes de morir, los comunicadores fueron maniatados y posiblemente interrogados y golpeados por los asesinos.
Con el asesinato de los dos comunicadores ya son 18 las muertes violentas de periodistas ocurridas desde el 1 de enero de 2015 en Guatemala. Solo en 2016 fueron asesinados 11 periodistas o comunicadores. El 25 de junio de ese año fue asesinado con un disparo en la cabeza Álvaro Alfredo Aceituno López, director de Radio Ilusión y el noticiero Acontecer Coatepecano. Un mes después, su hija, Lindaura Aceituno, también murió violentamente. Unos meses después, el 5 de noviembre de 2016, Hamilton Hernández, trabajador del noticiero Punto Rojo del Canal 5, y su esposa, Hermelinda González, fueron asesinados cuando se desplazaban a su vivienda por la noche.
Hace dos semanas fue detenido el parlamentario del partido oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) Julio Juárez Ramírez, acusado de ordenar los asesinatos de los periodistas Danilo Efraín Zapón López y Federico Benjamín Salazar Gerónimo, ocurridos a plena luz día en marzo de 2015, en Mazatenango. En dicho suceso también resultó herido el comunicador Marvin Tunchez Ayala.
La investigación realizada por la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha conseguido establecer tres años después una relación directa del político y autor intelectual con los líderes de la estructura de sicarios que llevaron a cabo los asesinatos gracias a la recopilación de las conversaciones telefónicas y el testimonio de un colaborador eficaz en la investigación que demostrarían supuestamente que el diputado pagó 25.000 quetzales (unos 2.800 euros) por estos crímenes.
Según Luis Ovalle, “Danilo Zapón López, de Prensa Libre, había publicado informaciones que no gustaron al político. Los sicarios tenían orden de acabar con su vida, pero creemos que las otras dos víctimas fueron alcanzadas por las balas al encontrarse circunstancialmente junto a Zapón López en el momento del atentado”. Diez días después del asesinato de los dos informadores, más de 40 periodistas de diversos medios informativos firmaron una carta solicitando a la Cicig su intervención en las investigaciones porque “en el asesinato de los colegas parece haber vinculaciones con redes políticas y mafiosas que sobrepasan las capacidades de las autoridades locales”.
Según diversas fuentes, anualmente se registra casi un centenar de atentados a hombres y mujeres de prensa y a la libertad de expresión. Luis Ovalle, portavoz de Cerigua, organización que lucha por “quebrar el cerco informativo tradicional que ha limitado el derecho a la información en el país” y, además, “impulsa una opción informativa diferente a las grandes cadenas noticiosas”, afirma que “el número de amenazas contra periodistas ha crecido en Guatemala” a pesar de la autocensura permanente”. Muchos periodistas de medios locales y radios comunitarias “nos aseguran que se abstienen de publicar informaciones sensibles sobre el crimen organizado, el narcotráfico o la corrupción de los grupos de poder local que incluye a gobernadores o alcaldes por miedo a las represalias”.
Según Reporteros sin Fronteras, las radios comunitarias guatemaltecas “constituyen uno de los principales medios de comunicación para numerosas comunidades en los departamentos de Guatemala, especialmente para las poblaciones mayoritariamente indígenas y aquellas en las que Internet o medios tradicionales como la televisión no tienen alcance”. El portavoz de Cerigua asegura que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha arremetido contra aquellos periodistas y medios críticos e independientes con el poder político.
También el alcalde de Ciudad de Guatemala y expresidente, Álvaro Arzu, afirmó recientemente que “tenemos que pasar por encima de las cabeza de los medios de comunicación negativos” a los que acusó de difamar a las autoridades y al país. Ovalle cree que tanto las críticas del presidente como las del alcalde capitalino enrarecen el ambiente periodístico del país, incrementan los ataques contra los informadores y desprestigian a los medios que se atreven a informar de forma independiente.
