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El pueblo lenca, en Honduras, lucha contra 49 proyectos extractivos en sus territorios

Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta y nueva coordinadora general del COPINH, destacó que el COPINH lucha contra 49 proyectos extractivos en territorios lencas. Recordó que además de su madre, son varias las personas que han sido asesinadas por la defensa de los ríos. Pese a la repercusión mundial que tuvo el homicidio de Berta, la conflictividad en el área no ha cesado y las empresas trasnacionales que promueven proyectos hidroeléctricos y eólicos son defendidas por policías y militares, además de la propia seguridad privada de la que disponen.

(Radio Mundo Real) Honduras - “Ahora mismo tenemos a la comunidad de Río Blanco, Intibucá, que es conocida por su lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, bien conflictuada por terratenientes de la zona que vendieron tierras a la empresa DESA, constructora del emprendimiento, y que tienen armas y están amenazando con disparar a cualquier compañero o compañera. Es una situación que no sería una rareza que se volviera a cometer otro asesinato a un o una integrante de nuestra organización”, relató Bertita. Agregó que a partir de las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad les ofreció la protección de policías, pero las comunidades no lo aceptan, “por el papel que han tenido las fuerzas armadas y los agentes armados. Sabemos que un policía muchas veces en vez de proteger, significa un riesgo para nosotros”, dijo.

Justicia

El 7 de junio hubo una audiencia preliminar por el caso Berta Cáceres. Las pruebas que tiene el Ministerio Público son insuficientes, “sobre todo para los intermediarios entre una autoridad material y una autoridad intelectual”, explicó Zúñiga. Hasta el momento hay ocho personas en prisión preventiva: cinco de ellos son autores materiales –sicarios- y tres son intermedios. “Los supuestos sicarios tienen un proceso más contundente”, salvo uno para el que tampoco hay pruebas para que esté en prisión preventiva, añadió. Detalló que las tres personas de autoría intermedia son Sergio Rodríguez, gerente técnico y ambiental de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos SA, impulsora de Agua Zarca), Douglas Bustillo, ex jefe de Seguridad de DESA, que fue despedido seis meses antes del asesinato y que había amenazado a Berta muchas veces, y Mariano Díaz Chávez, agente del estado Mayor de la Fuerzas Armadas, instructor de la Policía Militar del Orden Público (se supone que Rodríguez y Bustillo lo contactan para que él coordine el grupo de sicarios).

“Hay una estrategia que quiere prolongar la prisión preventiva de esas personas para dejar en el imaginario y en el espíritu de la comunidad internacional -que es la que más ha presionado a las autoridades- que el Estado de Honduras sí está actuando para buscar la justicia, pero eso es una falsedad ya que las pruebas son insuficientes, el proceso tiene sendas irregularidades y todo parece que en algún momento esa persona va a quedar en libertad”, dijo en relación a Rodríguez. “Que él quede en libertad significa garantizar la impunidad de la autoría intelectual y la impunidad completa de este caso”, sintetizó.

Financiadores

El 4 de junio el periódico The Guardian publicó que el banco holandés FMO, la financiera finlandesa Finnfund y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) habían anunciado que dejarían de financiar el proyecto Agua Zarca. Nada de eso ha ocurrido hasta ahora. La noticia indignó al COPINH, que hace más de un año que escucha esos anuncios, sin que se concreten. Por otra parte, Zúñiga contó que el FMO habla de una “salida responsable” y propone un diálogo para que las comunidades se expresen si quieren o no contar con este proyecto hidroeléctrico, que claramente rechazan. “Hemos rechazado totalmente el papel de los bancos porque no tienen potestad para hacer un proceso de reconciliación, como le llaman, entre las comunidades, siendo actores claros del conflicto”.

La comunidad de Río Blanco “no quiere un proceso de diálogo que sea propiciado por los bancos. La reconciliación de las comunidades se va a desarrollar cuando el proyecto hidroeléctrico que llevó a instalar el miedo y la conflictividad se salga definitivamente, pero también cuando haya un proceso de justiciamiento, de verdad, de clarificación sobre el papel de cada uno de los actores involucrados en el conflicto, de la responsabilidad que tiene cada uno de ellos y castigo por delitos y negligencia de haber participado en el proyecto”, expresó Bertita.

Autonomía

El proyecto de vida al que apuesta el COPINH responde a la cosmovisión del pueblo lenca, dijo la coordinadora general de esa organización. El fin es estar en armonía con todos los bienes de la naturaleza. Insistió en la necesidad de resguardar la identidad del pueblo lenca y su lucha de resistencia, en lograr la producción alimentaria con soberanía, libre de transgénicos y de la agroindustria, en “construir una vida libre de todo el sistema de dominación múltiple del capitalismo, del patriarcado, del racismo”. A partir del asesinato de Berta, la comunidad comenzó a analizar la producción energética y se propone “construir un modelo energético soberano y libre de empresas trasnacionales”, trasmitió nuestra entrevistada.

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