Hidroeléctricas a la conquista de Guatemala
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- Categoría: América Central
- Publicado: Jueves 09 de Marzo de 2017
La ofensiva neoliberal implicó la privatización del sector energético durante los años 90 en Guatemala. Si a comienzos de la década, el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), de titularidad pública, producía del 95% de la energía eléctrica del país (principalmente hidroeléctrica), en 2014 se había revertido la situación.
(Enric Llopis - Rebelión) Guatemala - La generación eléctrica del organismo público representaba entonces el 28%, mientras que el 72% restante correspondía a agentes privados. En los últimos años se han producido cambios en el sector; por ejemplo, los gigantes Unión Fenosa e Iberdrola se deshicieron de sucursales guatemaltecas. ¿Qué consecuencias ha traído la privatización, además de los beneficios empresariales?
Un informe de 2014 del Comité de Desarrollo Campesino de Guatemala (CODECA) apunta un aumento en el precio de la electricidad del 213% para los usuarios residenciales entre 1997 y 2014, y “sobrecargas” del 87% para la población rural, que destina una cantidad superior al 13% del salario mínimo a la factura eléctrica mensual. El CODECA destaca el caso de muchas comunidades sin alumbrado público, pero a las que se les carga este servicio en las facturas. A ello se agregan las pérdidas de energía eléctrica en el transporte y la distribución (del 16,5% en el periodo 2002-2008) y sobre todo los asesinatos, secuestros y penas de prisión a campesinos e indígenas que se levantan contra las transnacionales.
Guatemala se revela como un país exportador de energía. Según la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), el país centroamericano aumentó las exportaciones –medidas en gigavatios hora- un 378% en el segundo semestre de 2013, respecto al mismo periodo del año anterior. El Ministerio de Energía y Minas contabiliza actualmente 29 centrales hidroeléctricas operativas, 14 en construcción, otras 15 autorizadas y ocho en trámites de autorización administrativa, que suman 2.318,7 megavatios. El ministerio reconocía en un mapa correspondiente a 2014 que 14 proyectos hidroeléctricos representaban focos de conflicto, entre otros el de Canbalam I, de reducidas dimensiones pero enorme impacto en el municipio de Santa Cruz de Barillas (Huehuetenango), a cargo de la compañía Hidro Santa Cruz; y el denominado Renace en el municipio de San Pedro de Carchá (Alta Verapaz), el mayor complejo hidroeléctrico del país impulsado por la corporación Multi-Inversiones (CMI).
El detalle de estas actuaciones puede seguirse en el informe de 190 páginas “Hidroeléctricas insaciables en Guatemala. Una investigación del impacto de Hidro Santa Cruz y Renace en los derechos humanos de los pueblos indígenas”, del que son autores la abogada, investigadora y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, Elena de Luis Romero; y el economista Antonio Rodríguez-Carmona, quien ha publicado trabajos como “La minera Yanacocha en Cajamarca: ¿Oro de unos pocos o agua para todos?” (2015). Fruto de dos años de investigación (2014 y 2015), en el documento sobre las hidroeléctricas han colaborado la asociación Paz con Dignidad, el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), Amigos de la Tierra, Mujeres de Guatemala, la Comisión de Derechos Humanos Hispano-Guatemalteca (CDHHG), la agencia sueca Dakonia y Protection International.
En diciembre de 2016 y tras ocho años de estancia conflictiva en Guatemala, la empresa Hidro Santa Cruz anunció su retirada en un comunicado de prensa. Defendía el carácter “respetuoso” con el medio ambiente del proyecto Canbalam, “pero no ha adquirido la aceptación de una parte significativa de los habitantes del territorio”. La compañía informaba asimismo de que se encontraba en fase de extinción. Sin embargo, Elena de Luis Romero se muestra partidaria de realizar un seguimiento. “En no pocas ocasiones las empresas cambian de nombre o aportan muy poca información sobre sus proyectos, por lo que no resulta sencillo seguirles la pista”, ha afirmado en la presentación del informe organizada en Valencia por CEDSALA. Un hecho provocó que las operaciones empresariales de Hidro Santa Cruz en Barillas se subrayaran en la prensa internacional: el asesinato de un vecino del municipio en mayo de 2012 y el posterior estado de sitio ordenado por el expresidente de Guatemala y general retirado, Otto Pérez Molina.
Nota completa: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=223876
