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Argentina sin lugar para los pobres: una historia de desalojos y negocio inmobiliario

En las últimas semanas se calcula que se produjeron más de 25 ocupaciones en terrenos ociosos. Sin respuestas ni soluciones, el Estado profundiza la represión y una ciudad para pocos.

(Frente de Organizaciones en Lucha) Argentina - Las tomas de tierras volvieron a ser noticia en los medios de comunicación y nuevamente se puso sobre la mesa la problemática de la vivienda digna. En Argentina este derecho se encuentra contemplado en artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales. En el año 2012 se sancionó en la provincia de Buenos Aires la Ley 14.449, que además incorpora la importancia de vivir en un hábitat digno y sustentable, la implementación de mecanismos para la regularización de barrios informales y de instrumentos que permitan reducir la especulación sobre la valorización del suelo. Pero a ocho años de haberse sancionado, el déficit habitacional sigue siendo un problema que afecta a miles de personas.

Un poco de historia: el surgimiento de las villas y barrios populares
Ricardo Apaolaza, profesor de Geografía Urbana en la Universidad de Buenos Aires (UBA) e integrante del Grupo de Estudio en Geografía Urbana, contó que las villas comenzaron a formarse en los años ’30 a raíz de la inmigración que se iba asentando en viviendas provisorias cerca del centro de las ciudades donde venían a buscar trabajo. A medida que podían mejorar sus condiciones económicas accedían a un alquiler o una propiedad pequeña. “Pero lo que pasó fue que llegaba más gente de la que salía, entonces lo provisorio paso a ser permanente para algunas familias”.

En el año 1977 la Ciudad de Buenos Aires estaba en manos del gobierno de facto del militar Osvaldo Andrés Cacciatore quien junto a Guillermo del Cioppo, a cargo de la Comisión Municipal de la Vivienda, llevaron adelante una política de erradicación de villas. “Lo que hacían era cargar gente en camiones y mandarlas al conurbano, pasar las topadoras, mandarlos en trenes a Jujuy. Un nivel de violencia absoluta. Se calcula que ahí expulsaron a 120 mil personas de un plumazo” relató Ricardo.

En paralelo, la provincia de Buenos Aires sancionó el decreto 8912 que establecía condiciones restrictivas para el uso del suelo. Hasta ese entonces se venían haciendo loteos en lugares que aún eran campo y que por tanto se vendían a precios baratos y accesibles para la clase trabajadora. Pero a partir de dicha Ley se prohíbe la venta de terrenos que no cumplieran con una serie de condiciones. Esto fue generando una olla a presión que estalló en el año 82 con la primera toma de tierras.

Posteriormente, desde los ’90 y sobre todo durante el kirchnerismo se da el auge de los barrios privados. Los desarrolladores inmobiliarios comenzaron a comprar tierras en donde antes había cavas ladrilleras o donde existían humedales, ya que estos lugares al no servir para la actividad agrícola o ganadera se vendían a muy bajo costo. En poco tiempo lograron transformar esos lugares en circuitos urbanos de alta gama y captar a familias adineradas que buscaban mayor seguridad y confort a pocos minutos de la ciudad.

De esta manera comenzaron a disputar el territorio al que históricamente habían sido expulsados los sectores populares. A su vez, como explicó Ricardo este tipo de emprendimientos generan un gran impacto ambiental ya que se construyen sobre los humedales que funcionan como una esponja que absorbe la crecida de los ríos, por lo que al secarlos y alejarlos de la dinámica del río hace que el cauce se desborde hacia arriba inundando barrios enteros.

De esta manera, se va configurando una ciudad para pocos, en la que los sectores pobres no caben en ningún lado. El derecho a tener una vivienda digna se desdibuja y en vez de quedar en manos del Estado se deposita a merced de grandes inmobiliarias y empresas constructoras que especulan con el valor del suelo para aumentar sus ganancias.

Los excluidos de acá y de allá
El Registro Nacional de Barrios Populares (REBABAP) realizado entre 2016 y 2017 estimó que en el país hay alrededor de 4300 barrios en situación de precariedad, en donde viven más de 4 millones de personas. El mayor número se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde 1284 asentamientos se distribuyen en 40 municipios del conurbano y 56 en CABA.

Según un informe del Observatorio del Conurbano Bonaerense, estos barrios presentan graves déficits de accesibilidad a infraestructura básica: entre el 80 y el 85% de los hogares no tienen red cloacal y gas natural; un 36% vive sin agua de red, sin pavimento y sin medidores individuales de energía eléctrica. El 32,4% de los hogares se asienta en barrios con alguna problemática ambiental como zonas inundables o basurales; y gran parte se encuentra alejado de establecimientos educativos, centros de salud y medios de transporte. A esta realidad de suma precariedad hay que agregarle que antes de la pandemia había más de 7 mil personas en situación de calle, cifra que sin dudas aumentará al finalizar el 2020.

A raíz de la profundización de la crisis se multiplicaron las noticias sobre tomas de tierras y sólo en la última semana la justicia ordenó al menos 25 desalojos en los municipios de La Plata, La Matanza, San Martín, José C. Paz, Mercedes, Florencio Varela y Merlo, entre otros.

En la actualidad con una tasa de desocupación que supera el 10%, un nivel de informalidad laboral por encima del 35%, un mercado inmobiliario dolarizado y normativas urbanas excluyentes, se hace imposible para gran parte de la población acceder a tener una casa e incluso a la posibilidad de pagar un alquiler en regla. Esta desigualdad es el marco general que hace que en las ciudades se privilegie el derecho a la propiedad privada de un sector reducido y con posibilidad de pagar por la tierra, mientras que un gran número de trabajadores y trabajadoras no tiene ni siquiera donde vivir.

Los movimientos sociales y de las miles de personas que se organizan en las tomas, reclaman que la tierra debe ser para vivir, producir y trabajar; Se necesita afectar las propiedades de los grupos concentrados de poder, un plan de obras públicas y de adjudicación de terrenos y viviendas para las familias que lo necesitan, y un plan de urbanización consensuado, planificado, con participación popular y respetuoso del medio ambiente para que las millones de personas que se encuentran en condiciones inhumanas accedan a algo básico y elemental como es tener un techo.

 

 

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