Red Eco Alternativo ***

Piden extender y hacer cumplir el DNU 320/20

El sábado 25 de julio, vecinos, vecinas y organizaciones sociales llevaron adelante una acción de denuncia y visibilización frente a los desalojos realizados a personas y familias inquilinas en la Ciudad de Buenos Aires, en especial aquellas que viven en hoteles y pensiones. De esta manera, comenzó la Campaña #ProhibidoDesalojar, que demanda el cumplimiento del DNU 320/20, además de modificaciones para que cubra a una mayor cantidad de inquilinos de los que actualmente hace.

Reproducimos comunicado:
A pesar de la vigencia hasta el 30/9/20 del DNU 320/20, que prohíbe desalojos y subas de alquiler, las organizaciones sociales y organismos de defensa recibimos continuamente denuncias por amenazas de desalojos o desalojos consumados. Los mismos se aplican sin distinción a familias con niñes, adultes mayores, personas con enfermedades de base, y tienen como principales víctimas a les vecines migrantes y la comunidad trans travesti.

Más allá del acompañamiento que día a día realizamos a cientos de personas en esta situación, creemos importante la denuncia y visibilización de estos hechos, que no hacen más que sostener la impunidad de grupos hoteleros y de mafias inmobiliarias, tanto en la ciudad formal como en las villas de todo CABA. Esto, además, demuestra la completa inacción o incluso complicidad de amplias esferas del poder político.

A pesar de la pandemia, el frío y el crecimiento de ataques y crímenes de odio contra las personas en situación de calle, vemos como el número de esta comunidad va en ascenso y se requiere un acción urgente para evitar muertes que debemos lamentar día a día.

Exigimos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, medidas concretas para la aplicación en CABA del DNU 320/20. El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, presidido por María Migliore debe tomar cartas en el asunto, cortando de raíz el círculo de connivencia entre la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar encabezada por Maximiliano Corach. Además del recorte arbitrario del programa de asistencia a familias en situación de calle, que excluye a miles de personas y familias del otorgamiento del subsidio habitacional, esta dependencia ha actuado por décadas como facilitadora del enorme negociado de hoteleros y encargados, haciendo la vista gorda ante abusos y maltratos, y paupérrimas condiciones habitacionales, lo cual queda de manifiesto ante el alto nivel de contagios por COVID sin freno que se han dado en estos espacios.

A su vez, el Instituto de la Vivienda (con Juan Maquieyra a la cabeza) debe intervenir en la situación que se atraviesa tanto en la ciudad formal como en las villas, generando un real acceso a la vivienda digna de las cientos de miles familias y personas inquilinas en la ciudad. Hoy por hoy, su política frente a la creciente inquilinización en las villas (que alcanza el 40%) es nula, dejando desamparadas a quienes sufren desalojos a pesar de la existencia de un DNU que los prohíbe.

Creemos también de suma urgencia, que el estado nacional tome medidas en torno al DNU 320/20, que demostró puntos grises en su redacción original. En primer lugar, su extensión hasta marzo de 2021. También que prohíba TODO tipo de desalojos, no sólo aquellos por falta de pago del contrato de alquiler. Fernández y Bielsa (Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat) no pueden pensar que una medida que realmente de freno a los desalojos sólo contemple a aquelles que han podido acceder al circuito formal. A su vez, ante la reactivación de los juzgados civiles a partir del 3 de agosto, comenzarán a ejecutarse sentencias de desalojos por ocupación o usurpación, los cuales creemos debería también estar contemplados en el decreto.

Además, no acordamos con que el “congelamiento” de los alquileres deban ser abonados por les inquilines (el estado o las corporaciones inmobiliarias deberían absorberlos), y es necesario a su vez ampliar la cantidad de cuotas para abonar lo adeudado por les inquilines en el marco de la profunda crisis económica en la que les trabajadorxs nos encontramo inmersos. La propuesta es que se eleve la cantidad de cuotas a 24, y no se compute interés alguno a dicha deuda.

Finalmente, es de suma importancia incluir la situación de las personas en situación de calle ante la pandemia, mandatando la disposición inmediata de todos los inmuebles del estado sin uso, y garantizar las condiciones de higiene y habitabilidad necesarias para que cualquier persona pueda atravesar la pandemia sin que su situación habitacional sea una sentencia de muerte casi asegurada.

Frente a todos los atropellos, sabemos que el real freno e instauración de medidas superadoras en favor de inquilines precarizades, y familias y personas en riesgo o efectivamente en situación de calle, no vendrán por sí solo en figura de decreto, ley, etc, sino de la lucha y la organización del sector, en un unidad y desde abajo, para enfrentar estas lógicas capitalistas que dictaminan siempre en favor de la propiedad privada por sobre el derecho a la tierra y la vivienda.

Llamamos a replicar la acción de visibilización #ProhibidoDesalojar en cada territorio donde les vecines encuentren amenazado su techo y exigir al estado, en sus figuras de gobierno de CABA y nacional, los siguientes puntos:

BASTA DE DESALOJOS Y SUBAS DE ALQUILER
BASTA DE INVISIBILIZAR A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE
APERTURA YA DE LOS SUBSIDIOS HABITACIONALES
DISPOSICIÓN INMEDIATA DE LOS INMUEBLES OCIOSOS ESTATALES
SOBRE EL DNU 320/20: PRÓRROGA HASTA MARZO DE 2021 CON SUSPENSIÓN REAL DE TODOS LOS DESALOJOS, 24 MESES PARA PAGAR DEUDA Y QUE EL CONGELAMIENTO NO LO PAGUEN LES INQUILINES.

Consejerías de Vivienda, Amigues por las Calles, APDH Regional CABA, Secretaría de Trabajadorxs Migrantes y Refugiadxs UTEP.

 

Contacto: Ludmila 299-512-1310

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