La toma en Merlo es el espejo de 6.000.000 de bonaerenses
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- Categoría: Vivienda
- Publicado: Jueves 19 de Noviembre de 2015
Tres de cada diez hogares de la provincia de Buenos Aires son precarios. Un 80 por ciento son asentamientos de los 24 partidos que rodean la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras tanto, los barrios cerrados ocupan el doble de la superficie de la Capital Federal y solo albergan 300.000 personas, el 10% de su población, fomentando la especulación inmobiliaria.
(Mario Hernández para Red Eco) Argentina - La semana pasada el candidato del Frente para la Victoria dijo: “quiero orden en las calles, no más cortes”, para lo cual eligió al Canal Trece y al periodista Fabián Doman, en su afán de capturar a los votantes de Massa, quien se había tirado contra los piquetes y la protesta, además de proponer sacar a las Fuerzas Armadas a la calle.
Antecedentes no le faltan. A poco de asumir su primer mandato reprimió a los trabajadores de Mafissa que enfrentaban los despidos. Pocos meses después militarizó la planta de FATE. A pedido de la Embajada de EE. UU. les tocó luego a los obreros de Kraft. El último año fue el turno de los trabajadores de Lear y la Línea 60.
Durante el paro nacional del 9 de junio pasado, Scioli cuestionó los "piquetes irresponsables que están bloqueando el derecho al trabajo".
Paralelamente, el miércoles 11 los grandes medios se hicieron eco de la toma de terrenos en Merlo, a pesar que habían pasado 22 días desde el inicio de la ocupación. Al tiempo que se desplegaban fuerzas de seguridad rodeando el acampe y se multiplicaban las declaraciones de distintos autoridades del municipio y el gobierno de la provincia pidiendo el desalojo.
Por eso, distintas organizaciones y referentes de Derechos Humanos, decidieron movilizar a la Casa de la provincia de Buenos Aires, para visibilizar el conflicto y poner en debate que la solución sea el diálogo pacífico y se cumpla principalmente este derecho. Además, expresaron su preocupación de las posibles respuestas institucionales, debido a la situación de la brutal represión por parte de las distintas fuerzas de “seguridad” en la toma del Indoamericano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en diciembre del 2010, hecho en el que fueron asesinadas tres personas de la toma y cuyo derecho por la vivienda no se garantizó hasta hoy en día.
Al respecto, Federico integrante del Frente Darío Santillán, agrupación principal que acompaña el reclamo de la ocupación en Merlo, afirmó: “En el Indoamericano tengamos en cuenta que hubo un censo para las familias, el predio se desocupó y las promesas quedaron en vano, tanto por parte del gobierno de la Ciudad como del nacional. Entonces habrá que pensar de qué manera se establece un acuerdo serio, para que si hay un censo y voluntad de las familias, el gobierno también se comprometa a que se efectivicen los reclamos y el derecho de cada familia; sino sería una pena que se pueda avanzar con el censo, que se desaloje el predio y después no ocurra nada, eso no hace más que patear el problema”.
Las familias que acampan en Merlo decidieron mantener la toma
"Sin respuestas concretas al reclamo de vivienda, se mantendrá el acampe", fue la decisión en asamblea de las más de dos mil familias que acampan en Merlo.
Tras el primer relevamiento realizado en el lugar y sin garantías de que las familias puedan acceder a la tierra, los vecinos decidieron sostener el acampe y esperar una solución favorable y pacífica a la grave crisis habitacional que se vive en Merlo, así como en la provincia de Buenos Aires y el resto del país.
La propuesta de los funcionarios de hacer el censo y que se desaloje la tierra no generó ningún tipo de confianza en las familias que ya vieron lo que sucedió en el Parque Indoamericano donde las familias censadas fueron desalojadas violentamente y luego muchas se sumaron al barrio “Papa Francisco” del que también fueron desalojadas.
“Si el PRO y el FPV proponen en su campaña resolver el déficit habitacional que se sienten con los vecinos de la toma y garanticen una solución”, concluye un comunicado firmado por el FDS.
También Guillermo Kane, diputado provincial del Frente de Izquierda, insistió con el tratamiento del proyecto de expropiación de los terrenos del Barrio Nueva Esperanza en Merlo. “La Legislatura está cerrada, a la espera del ballotage, pero la crisis social no espera. Le hemos transmitido a la presidencia de la Cámara de Diputados la necesidad de reunirnos. Pero podríamos también convocar una sesión extraordinaria con el acuerdo de 24 diputados de la oposición, si como dice Vidal (la gobernadora electa), están interesados en resolver la situación.”
“Desde el Frente de Izquierda, hemos presentado un proyecto de expropiación de los terrenos, urbanización y construcción de viviendas, consensuado con asambleas de los ocupantes. Hemos incluido a pedido de los trabajadores una cuota mensual para pagar las viviendas, que tenga un techo del 10% de los ingresos mensuales de cada familia”, planteó Kane.
“Que la Cámara se convoque y trabaje para darle una salida a un reclamo genuino de miles de bonaerenses sin acceso a una vivienda propia. Rechazamos cualquier intento de desalojo. El asentamiento de 2000 familias en Merlo no puede ser adjudicado a internas del oficialismo, es la expresión del enorme déficit habitacional que han logrado los Scioli, Massa y Macri”, concluyó Kane.
Algunas cifras
Clarín tituló el pasado domingo: “Conurbano. Mafias y narcos detrás de la toma de tierras”, centrando en la venta de lotes como mecanismo de punteros y barones que alimentan las redes clientelares y el aprovechamiento por las mafias locales, esencialmente narcotraficantes. Aunque reconoce que “Entre los ocupantes, por supuesto, hay un pequeño grupo de ocupantes genuinos”, la novedad sería que en las últimas tomas aparecen muchos vecinos que buscan “una oportunidad de pagar”.
Esta forma de abordar el problema oculta sus causas que son responsabilidad del Estado nacional y provincial.
Más de 6.000.000 de bonaerenses habitan hogares precarios, un 33% del total de hogares de acuerdo al Instituto de la Vivienda. En un 80% son asentamientos de los 24 partidos que rodean la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Matanza tiene el mayor déficit con 530.000 viviendas. Mientras tanto, los barrios cerrados ocupan el doble de la superficie de la Capital Federal y solo albergan 300.000 personas, el 10% de su población, fomentando la especulación inmobiliaria.
Impasse
El martes se reunió el cuerpo de delegados que representa a miles de familias que están poniendo en pie el “Barrio Nueva Esperanza” en Merlo. En dicha reunión manifestaron:
1. Que todos los jueces y fiscales se declaren incompetentes. Queremos una solución política, no persecución judicial y represión policial.
2. Contra el censo trucho del gobierno, vamos por un censo organizado por los delegados que incluya a todas las familias.
3. Que se restablezca la mesa de diálogo con el gobierno. Para obtener una solución real con los gobiernos entrantes, que Vidal y Menéndez sumen sus representantes.
4. En la lucha por vivienda, peleemos por la aprobación del proyecto de expropiación del diputado provincial del FIT Guillermo Kane y el otorgamiento de soluciones habitacionales según el censo (alquileres temporarios, créditos blandos, otorgamiento de otros terrenos, etc.)
5. Para terminar con las patoteadas policiales, exigimos el retiro definitivo de la Infantería bonaerense.
6. Para que se respeten los derechos de los ocupantes, reclamamos baños químicos, agua, leche y alimentos bajo control de los delegados.
7. Para ayudar a las familias, recolectemos donaciones en barrios, escuelas, facultades y lugares de trabajo.
Al mismo tiempo, advirtieron que el gobierno provincial y municipal ha suspendido la mesa de diálogo que se reunió dos veces con los delegados de la toma. El lunes se acercaron al municipio para reclamar una reunión y una respuesta al reclamo, y no solo rechazaron reabrir el diálogo, sino que incluso les pidieron $ 2.500 a cambio de una audiencia sin fecha, según denunciaron.
Aunque el gobierno provincial pretende que avance la judicialización, lo que puede derivar en un desalojo mediante represión policial, el Juez Rojas se ha declarado incompetente afirmando que “los dos predios pertenecen a la órbita del gobierno bonaerense”, de acuerdo a lo publicado por Perfil en su edición del 10 de noviembre.
Finalmente, convocaron a una conferencia de prensa el día de ayer a la tarde frente a la ocupación contra la campaña de desinformación que los ha salido a acusar de “mafiosos” y “punteros”, para demostrar que son miles de familias que sufren la crisis habitacional y denunciar a quienes no garantizan el derecho constitucional a la vivienda.
En la Ciudad la situación no es mejor
En el distrito más rico de la Argentina existen 500.000 personas con problemas habitacionales según el Diagnóstico Socio-Habitacional. En la última década aumentó el hacinamiento un 165%, la cohabitación se triplicó (de 44.541 a 116.893 hogares), los inquilinos pasaron de ser 22,2% a 30% y la cantidad de personas que viven en 34 villas y asentamientos creció un 52% hasta alcanzar las 163.000, aunque la ONG Techo dice que superan las 300.000. Diecisiete mil personas viven en la calle y un promedio de 20.000 son desalojadas cada año.
En las villas, el 80% de las manzanas no cuenta con conexión reglamentaria al servicio de agua, el 90% de las cloacas conectadas al sistema pluvial son precarias y el 77% está colgado de la luz, según un informe de La Fábrica Porteña. En 2005 se aprobó la Ley que ordenaba urbanizar las villas. Nunca se cumplió.
Entre 2008 y 2013, la Legislatura aprobó un presupuesto de $ 223.000.000 destinado a la construcción de infraestructura en villas, es decir, urbanización. Solo se ejecutaron poco más de $ 100.000.000, el 45% del total.
El porcentaje destinado a viviendas pasó de representar el 3,67% del presupuesto en 2008 al 2,56% en 2014 y la subejecución fue el comportamiento frecuente salvo en 2009 y 2012. En 2008, el gobierno porteño, gastó el 67% de lo presupuestado, el 64% en 2010 y el 40% en 2011.
En junio de 2012, se creó el programa de créditos hipotecarios Primera Casa BA, el gobierno porteño anunció entonces el lanzamiento de 3600 créditos a tasa subsidiada, de entre el 7% y el 14%. Hasta mayo de 2014, según el IVC, se adjudicaron apenas 1200 y otros 2650 estaban pre-acordados por montos promedio de $ 350.000.
Paralelamente hay 340.000 casas desocupadas según el Censo 2010. Mientras, en la Comuna 8 (Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo), en el sur de la Ciudad, los problemas de vivienda afectan al 33% de los habitantes.
La Legislatura porteña cede terrenos gratuitos a la Iglesia Católica
En una audiencia de la Legislatura porteña se debatió ayer la cesión de terrenos, incluidos predios hoy utilizados por colegios públicos. La ley fue aprobada, en primera lectura, por el PRO, el grueso del FpV, La Alameda y ECO.
Los terrenos se venían usufructuando mediante permisos precarios o por ocupación de hecho, y son entregados con la condición de que sigan siendo utilizados con “fines sociales y religiosos”. Se trata de 30000 m2.
En el encuentro, que duró alrededor de 5 horas, hicieron uso de la palabra más de un centenar de inscriptos. La mayoría de los exponentes se pronunció en contra de la iniciativa argumentando la defensa de los terrenos pertenecientes al Estado de la Ciudad y la educación pública.
Padres, docentes y alumnos de la escuela “Primera Junta” y el Jardín “Margarita Ravioli” participaron de la audiencia para defender el predio que la Ciudad quiere ceder a una parroquia. El martes al mediodía la comunidad educativa había realizado un abrazo, contra la cesión de los terrenos donde funciona una huerta escolar y una parte del Polideportivo.
El legislador del FIT, Patricio del Corro, manifestó al respecto: “el mayor escándalo es que mientras miles de niños se quedan sin vacantes, 500000 personas viven en emergencia habitacional y 250000 en villas, el macrismo junto a la mayoría de los bloques opositores entreguen terrenos públicos a la Iglesia declarando que son ‘innecesarios’. Se los dan nada más y nada menos que al Arzobispado, uno de los mayores terratenientes del país”.
Para fin de año se prepara un nuevo paquetazo a votar en la Legislatura, donde asignarán tierras fiscales para uso privado, resignando así el uso de las tierras públicas para el derecho a la salud, la educación y la vivienda de la población trabajadora de la Ciudad.
Mientras esto ocurría en la Legislatura, se llevó adelante una importante movilización de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que, junto a organizaciones sociales, reclamaron por el derecho a la vivienda en la Ciudad y el país.
La movilización contó con la presencia de vecinos de la ex AU3, que aún esperan su solución habitacional definitiva, de vecinos desalojados, de las villas que pelean por la urbanización, las cooperativas de vivienda que pelean por mayor presupuesto para la ley 341 y vecinos de los complejos habitacionales que pelean por obras integrales.
En horas de la mañana una marcha a la Casa del Chaco en Buenos Aires reclamó por el juicio y castigo a los asesinos de Ángel Verón, dirigente del movimiento No al desalojo, asesinado brutalmente por la policía del Chaco.
Por la tarde, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, se lanzó la campaña por la “Vivienda Digna en la Ciudad de Buenos Aires”, impulsada por la Corriente de Organizaciones de Base La Brecha. La campaña busca poner sobre la mesa los diferentes conflictos sobre la vivienda y así poder “articular dichas problemáticas, pero también las experiencias de organización que, desde los movimientos sociales, venimos desarrollando, para poner en juego otro modelo de Ciudad”, señala un comunicado de dicha organización.
