Denuncian persecución penal contra dirigente en Tandil
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- Categoría: Vivienda
- Publicado: Lunes 21 de Septiembre de 2015
El intendente de esa localidad, Miguel Lunghi, oficializó una denuncia penal contra Griselda Altamirano, de la agrupación 1º de Octubre y dirigente de la ocupación de tierras para vivienda que están llevando adelante 130 familias en el barrio Villa Cordobita, Tandil. Se la acusa por “sedición” y “alteración del orden público”. Contacto: Griselda Altamirano (Agrup. 1º de Octubre, Tandil) 02494-15-554-528
Desde la agrupación que integra señalan que ante el reclamo de vivienda, el intendente avanza con la criminalización de la protesta social, a la vez que por omisión convalida el fraude y la estafa con títulos apócrifos.
Jorge Lezica, de la Agrupación 1º de Octubre, afirmó: “El intendente la manda a meter presa como nadie lo hace en ninguna parte del país. Actúa así porque tiene esa matriz de la oligarquía y las clases dominantes de Tandil. Esta persecución se da justo en el medio de la Pampa Húmeda, donde se produjo la masacre de la llamada Conquista del Desierto después de la Independencia y desalojaron a sangre y fuego a los pueblos originarios. El Estado estableció un dominio de una clase sobre la otra y hoy sigue garantizado el reinado de una oligarquía terrateniente”.
Las 130 familias iniciaron la ocupación el viernes 11 de septiembre en forma pacífica a plena luz del día sobre lotes que pertenecían a Tandilia SRL. Esta empresa a quebró en 1960, con lo cual los lotes quedaron con titularidad acéfala. Del total de familias, 85 se encontraban alquilando y 25 están viviendo en hogares prestados. La situación se ve agravada por la venta fraudulenta de lotes que habían pertenecido a Tandilia por parte de Mario Cerviño, quién adujo haber adquirido esos lotes en el año 2004, varias décadas después de haber quebrado la empresa. Por este motivo, ha sido presentada una denuncia por “asociación ilícita” en la Unidad Fiscal de Instrucción Nº5 (en Olavarría) contra Mario Cerviño, el presidente del Concejo Deliberante Juan Pablo Frolik y otros funcionarios públicos.
“Rechazamos cualquier intento de uso de la fuerza pública para desalojar a los ocupantes así como las causas penales a los dirigentes sociales. Exigimos que se agilice la investigación sobre las denuncias de asociación ilícita que pesan en la UFI Nº5 contra funcionarios públicos y otras personas. Apoyamos el derecho a tierra para vivir dignamente, para lo cual reclamamos que la Municipalidad arbitre los medios para comenzar el trámite de expropiación en el marco de la Ley provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat que el Concejo Deliberante acaba de adherir”, manifestaron desde la agrupación.
