Se moviliza ATE

ATE resolvió el viernes un paro por 24 horas para el 7 de diciembre, sin concurrencia al lugar de trabajo, en repudio a las modificaciones al Régimen Jurídico Básico y por recomposición salarial

(Leandro Pozzi-Red Eco) Entre Ríos- Un paro para el 7 de diciembre y movilización en Capital Federal a la Casa de Entre Ríos fueron las medidas de protesta que decidieron en el plenario de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reunidos en Paraná, el último viernes. El motivo de la protesta es para repudiar las modificaciones al Régimen Jurídico Básico y exigir una recomposición salarial.
El secretario de prensa del gremio, Marcelo Ríos manifestó que en el plenario se resolvió no participar de la reglamentación de la Ley 9811, a lo cual fueron invitados por el Poder Ejecutivo provincial. “No queremos ser cómplices de esta ley que perjudica a los trabajadores y no queremos dar nuestro aval”, fueron las palabras de Ríos a un medio provincial. La modalidad de paro del próximo 7 de diciembre, será sin concurrencia a los lugares de trabajo.
En lo que respecta a la movilización en Capital Federal hacia la Casa de Entre Ríos, el mismo día 7 de diciembre, desde el gremio señalaron que “la idea es mostrar la efervescencia del gremio, no sólo en lo gremial sino también en cuanto al crecimiento que estamos teniendo en las afiliaciones”.
La Ley 9811, de Régimen Jurídico Básico, estuvo pensada desde ATE como una reglamentación que regule y organice el trabajo en la administración pública provincial, mediante sistema de concursos y respeto de la estabilidad laboral de los trabajadores. Sin embargo, y luego de muchas dilaciones, la ley propuesta por el gremio nunca fue reglamentada luego de su aprobación parlamentaria. Semanas atrás, en una sorpresiva maniobra, surgió un desconocido proyecto que modificaba el primero. ATE entiende que dichas modificaciones violentan la estabilidad del empleado público provincial y significan “un retroceso 30 años para los trabajadores”, según han afirmado.
La CTA de Entre Ríos, mediante un comunicado provincial calificó a la medida como “una vergüenza que pretende seguir utilizando a los trabajadores como botín de guerra de la administración pública para sostener su aparato clientelar y sienta un grave precedente al relativizar la estabilidad laboral y abrir la puerta para futuros ajustes”.

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