Gestión Pro, la saga continúa

El gobierno de la Ciudad sigue generando frentes de movilización y lucha gracias a sus medidas. Contaduría, Educación, Derechos Humanos en conflicto. La Policía Metropolitana suma procesados propios.


(Cecilia Litvin – Red Eco) Ciudad de Buenos Aires – A comienzos de esta semana trabajadores del área de Contaduría del gobierno porteño se manifestaron para exigir la reincorporación del delegado de ATE Pablo Antonini.
El 19 de marzo pasado el Director General de la Contaduría de la ciudad, Gastón Messineo, le comunicó a Antonini por teléfono la decisión de echarlo. Cabe recordar que por ser delegado, Antonini tiene fueros gremiales. Pero el funcionario se amparó argumentando que el trabajador está bajo contrato de locación de servicio, por lo que puede ser despedido en cualquier momento, sin tener ningún tipo de derecho sindical.
Aunque desde la gestión de Mauricio Macri habían señalado que no iban a permitir más contratos llamados basura, la historia se repite. Los contratos de locación de servicio no garantizan vacaciones, no pagan aguinaldos, ni prevén obra social. Y hay empleados que están en esta situación desde hace más de 15 años.
Según denuncian en un comunicado los trabajadores de Contaduría, el director general afirmó que la gota que rebalsó el vaso fue que la junta interna había realizado un fondo solidario para los trabajadores ceramistas de la fábrica Stefani de Cutral Co, del que participaron casi la totalidad de los empleados del sector.
Los trabajadores además denuncian el vaciamiento del área. Actualmente las liquidaciones se estarían haciendo en cada ministerio, lo que hace a la dispersión de la tarea y, por ende, a la evasión de su control.
Pero así como la semana empezó con una movilización, finalizará con otra. Mañana será el turno de los docentes, quienes se manifestarán frente a la Jefatura de Gobierno desde las 18. Exigirán la inmediata publicación y distribución en las escuelas públicas de los Materiales del Bicentenario. Estos trabajos fueron elaborados por la Dirección de Currícula y Enseñanza y fue el ministro de Educación, Esteban Bullrich, quien decidió no utilizarlos.
En un comunicado, la Junta Interna de ATE Educación denuncia que esta medida responde “al veto de la Vicaría Episcopal para la Educación de la iglesia católica, que cuestionó específicamente los contenidos referidos a las clases y grupos sociales subalternos, sus tradiciones y luchas contra las clases dominantes y el Estado por la conquista y ampliación de sus derechos en los dos siglos transcurridos desde 1810”. Hasta ahora el ministerio no ha desmentido esta acusación. Los trabajadores además señalan que no puede considerarse una casualidad que en el mismo momento en que no se permite la salida de este material, que es una producción editorial pública que cubre enfoques del conocimiento ausentes en la oferta editorial privada, la Dirección General de Planeamiento Educativo promocione encuentros entre directivos de escuelas y representantes de editoriales privadas.
Por último, la Junta Interna denuncia que esta situación no es ajena a otras prácticas autoritarias e intimidatorias contra los trabajadores: “Las autoridades nombradas por Bullrich han adoptado, como rasgo permanente de su ´estilo de gestión´, los pedidos de ´identificación´ de trabajadores que han adherido a reclamos, o que han simplemente hablado en reuniones públicas. Estos funcionarios agudizan así, en la gestión cotidiana, los preceptos macristas de relaciones laborales según los cuales los trabajadores deben constituirse en blanco permanente de todo tipo de prácticas de hostigamiento”, afirman en un comunicado.
Los trabajadores del Instituto Espacio para la Memoria, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos, también hacen oír sus reclamos. Aseguran que se encuentran ante una situación irregular. No han cobrado nada en lo que va de 2010 y esta semana se les comunicó que recién podrían recibir algún tipo de pago en mayo o junio. Además, el nulo presupuesto previsto para el área hace que no cuenten con los insumos básicos para garantizar el normal funcionamiento del predio.
Cada vez quedan menos dudas de que la gestión Pro no entiende mucho sobre derechos humanos. Como muestra vale la denuncia que pesa contra el actual responsable del área de Investigaciones de la Policía Metropolitana, Miguel Ángel Colombo, quien está acusado de encubrir prostíbulos durante su paso por la Federal.
Sin dudas, la saga PRO continúa.

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