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“Reclamar por nuestros puestos de trabajo no es delito”

Lo afirman los trabajadores de Kimberly Clark a una semana de haber sido violentamente desalojados de la fábrica de Bernal, que ocuparon de forma pacífica durante más de 70 días, luego de que los dueños decidieran cerrarla. Mientras reclaman la nulidad de las imputaciones por usurpación, este viernes se movilizarán a la Municipalidad de Quilmes para pedir una audiencia con la nueva intendenta. Red Eco Alternativo.

(Red Eco) Buenos Aires - Los trabajadores de Kimberly Clark - una de las empresas líderes en fabricación de productos de higiene a nivel mundial con sede en Dallas (EUA) - saben que comienza una nueva etapa de lucha. Esta vez desde afuera de la fábrica de Bernal, de donde fueron violentamente desalojados la semana pasada. 11 de ellos fueron imputados por usurpación. El enorme edificio de Espora 50 continúa militarizado desde hace una semana.

“El desalojo violento e ilegal, realizado por la Policía Bonaerense que ingresó con armas de fuego y en horas de la madrugada, capitaneado por el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, la fiscal Ximena Santoro y el juez Martín Nolfi, intenta dar por cerrado el conflicto, pero los trabajadores reafirmamos que esta lucha sigue, porque nuestro reclamo por los puestos de trabajo y reapertura de la planta es legítimo. La empresa multinacional yanqui venía presionando a la Justicia y al Gobierno para que realice un desalojo, llevando el conflicto gremial al campo penal. Y el Estado una vez más jugó a su favor, como lo hizo durante estos dos meses, dónde no hubo intención por parte de la Secretaría de Trabajo de buscar una salida”, aseguraron los trabajadores.

Uno de ellos, el delegado Walter Relañez explicó a Red Eco que, antes del desalojo, la fábrica había sacado un comunicado presionando a la Justicia: “(Decían) que se tenía que solucionar el tema de la denuncia que habían hecho sobre la puesta en marcha que hicimos hace unos días de la línea de producción. Ellos decían que se ponía en peligro al barrio, y esto aceleró los tiempos o dio el argumento suficiente a la Justicia para que actúe”.

En este comunicado, la empresa afirmaba: “El día viernes 22 de noviembre quienes llevan adelante la toma ilegal encendieron las máquinas con la intención de hacer una ‘prueba productiva’. Kimberly-Clark informó a las autoridades competentes acerca de los riesgos que dicho encendido representa no solo para las personas que se encuentran allí, sino también para los vecinos y toda la comunidad de Bernal, ya que la planta está fuera de operación desde hace más de 50 días y para su reactivación se requiere un acondicionamiento especial de los equipos e instalaciones con personal profesional que hoy la compañía no puede garantizar. En incumplimiento de los procesos de seguridad y técnicos que requiere la operación la planta, la comunidad se encuentra expuesta a explosiones, incendios, gases tóxicos, en un contexto donde quienes la usurpan intentan exponer un modelo de proceso productivo inviable e influir mediáticamente para impedir la restitución de la planta a Kimberly-Clark”.

En la madrugada del miércoles 4 de diciembre, más de 200 efectivos policiales ingresaron sin notificación previa y sin mostrar orden de allanamiento en la fábrica de Kimberly Clark de Bernal. Los desalojaron y detuvieron a varios trabajadores e integrantes de organizaciones que se encontraban solidariamente en el acampe. 11 trabajadores fueron imputados por usurpación y la fábrica se encuentra completamente militarizada.

“Esta ya es otra etapa del conflicto porque evidentemente al instalarse la policía dentro y fuera , nuestra intención ahora es seguir desde afuera el conflicto y reclamar ahora al gobierno que asume, explicarle en qué consiste nuestra salida a este conflicto, y seguir reclamando que intervenga el Estado (…) No puede ser que esta multinacional yanqui de la noche a la mañana cierre la fuente laboral de más de 200 personas y la Secretaría de Trabajo haya sido cómplice, ahora también junto a la Justicia, más allá de que haya realizado la presentación de preventivo de crisis que le sirvió para cubrirse la espalda, y con esto extorsionar a nuestras familias con retiros voluntarios y a los que no aceptaron los retiros voluntarios el envío de los telegramas de despido”, afirmó Relañez en referencia al Procedimiento Preventivo de Crisis presentado por la empresa.

En un comunicado, los trabajadores habían denunciado que tanto el sindicato como la Federación papelera no habían tomado ninguna medida gremial durante los 70 días de ocupación, mientras se cerraban además otras fábricas papeleras: “Tampoco movió un dedo luego del desalojo violento. Le exigimos que haga las presentaciones administrativas y legales para evitar el desguace de la planta. Nuestro reclamo está completamente vigente, queremos trabajar y seguiremos peleando por el sustento de nuestras familias. A pocos días de la asunción del próximo gobierno, planteamos que se conforme una mesa de trabajo urgente con los funcionarios próximos, del gobierno nacional, provincial y municipal. Luego de las reuniones que mantuvimos con Augusto Costa, futuro ministro de Kicillof, y los asesores de Mayra Mendoza, intendente electa de Quilmes, no hemos tenido respuesta hasta ahora”.

En este sentido, los trabajadores resolvieron en asamblea marchar este viernes 13 de diciembre, a partir de las 9.00 desde la Estación Quilmes hasta el Municipio de Quilmes, para pedir una audiencia a la flamante intendenta Mayra Mendoza.

 

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