Red Eco Alternativo ***

Confirmaron su derecho constitucional a protestar

Con los votos de los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y  Horacio Rosatti, la Corte Suprema dejó sin efecto un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy que había confirmado la prohibición de participar en reuniones multitudinarias, a un grupo de dirigentes sindicales y afiliados del gremio municipal de San Pedro de Jujuy.   (Infogremiales)

En virtud de episodios ocurridos durante una movilización efectuada el 12 de febrero de 2014, se inició la causa penal contra Roberto Urzagasti, Justo Pastor Leguizamón, Pilar Magdalena Ruiz y Ariel Marcelo Gutiérrez en la que se les acusó de la comisión de los delitos de amenazas agravadas, daños agravados y turbación al ejercicio de la función pública, por la que habían quedado detenidos. 

El Juzgado de Control de San Pedro decidió el cese de la detención de los imputados pero dispuso como condición para permanecer en libertad que no debían participar de reuniones multitudinarias en el ámbito de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Invocando su condición de delegados, afiliados y miembros de la comisión directiva del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, los trabajadores cuestionaron dicha restricción por constituir una medida encubierta dirigida a apartarlos de las actividades que diariamente realizaban como integrantes del sindicato vulnerando los derechos inherentes al ejercicio de la libertad sindical reconocidos por el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Alegaron que la medida era injustificada, por no ser necesaria para garantizar el normal desenvolvimiento del proceso penal, y por tanto ilegal e irrazonable.

La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso de los imputados. Y lo mismo hizo la corte provincial afirmando que la restricción impuesta era razonable. 

En el día de la fecha, la Corte Suprema descalificó la decisión del Superior Tribunal de Jujuy por apoyarse en una afirmación meramente dogmática y no dar una respuesta adecuada al planteo de los dirigentes sindicales y afiliados basado en que esa prohibición, de participar en reuniones con los trabajadores, no se compadecía con las disposiciones constitucionales que garantizan la libertad sindical y el normal desarrollo de la gestión gremial. 

La Corte señaló que el caso involucraba una restricción desproporcionada de derechos de raigambre constitucional “con aristas individuales y colectivas” sin fundamento alguno y excediendo el propósito de resguardar el proceso criminal. Destacó que la justicia jujeña había omitido todo análisis del art. 14 bis de la Constitución Nacional que consagra el derecho de toda persona a crear o participar en una “organización sindical libre y democrática” y establece que “los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical”. (art. 14 bis, primer y segundo párrafo). Puntualizó que de acuerdo a estas disposiciones el modelo sindical argentino es libre, democrático y desburocratizado, lo que impone asegurar el carácter representativo, participativo, pluralista y tolerante del régimen sindical.

Asimismo destacó que son requisitos sine qua non de la libertad sindical el derecho de reunión, de opinión y de expresión, y enfatizó que estas libertades son “esenciales del estado constitucional vigente en la República" conforme su propia jurisprudencia. 

Los jueces Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco desestimaron el recurso de los imputados por aplicación del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En un comunicado de SEOM-Jujuy denuncian la persecución a los gremialistas, la judicialización de la protesta y lo relacionan con el próximo juicio al reconocido dirigente Carlos "Perro" Santillán:

"Este fallo evidencia la persecución del Poder Judicial hacia el SEOM-Jujuy y llega una semana antes del inicio de un juicio contra el Perro Santillán y 4 integrantes de la Comisión Directiva del SEOM, que representa una nueva avanzada de judicialización de la protesta, donde se manifiesta el uso político del brazo judicial contra los dirigentes que encabezan las luchas, de parte del Poder Judicial de Jujuy que ha quedado desacreditado por el fallo de los Supremos, y al mismo tiempo seriamente cuestionado por su falta de imparcialidad."

Fuentes: Centro de Información Judicial y SEOM-Jujuy

 

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