Amicus Curiae en apoyo a cautelar de TÉLAM

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Más de cincuenta organizaciones de trabajadores, abogados, juristas, periodistas, comunicadores, académicos de la Argentina y el mundo presentaron ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, su respaldo a la medida cautelar solicitada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) mediante la figura de “amigo del tribunal”.

Una de las organizaciones que se presentó ante la Cámara que estudia el expediente judicial sobre los despidos en Télam, fue el Centro de Estudios Legales y Sociales que aportó argumentos y recomendaciones, cada uno con sus apreciaciones, sobre la ausencia de legalidad y legitimidad del plan de ajuste de la agencia del Estado argentino.
Su presentación se basa en tres argumentos: el primero refiere al deber del Estado de proteger el derecho al trabajo, dado que así lo refiere la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la jurisprudencia del máximo tribunal nacional y las interpretaciones realizadas por los órganos internacionales.
El segundo argumento es el principio de no discriminación dado que "una gran parte de los trabajadores despedidos de Télam han sido víctimas de prácticas discriminatorias, toda vez que los propios directivos de la empresa han expresado su intención de realizar una ‘limpieza ideológica’, aduciendo que la empresa estaría llena de ‘militantes’. Y, aunque la empresa argumenta que los despedidos son de ‘más de cinco’ sindicatos, lo cierto es que, de los 354 despidos, 120 no tenían afiliación sindical formal y 226 se encontraban afiliados a solo dos: Sipreba y Sitrapren, sindicatos que mantuvieron una serie de conflictos con la actual administración de Télam y, en general, con la dirección del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos", sostuvieron.
Finalmente destacaron como tercer argumento los efectos negativos del desmantelamiento de Télam para la vigencia del derecho a la comunicación en el país ya que "las fuentes de consulta y provisión de información se redujeron, situación que tiene como consecuencia la re-centralización de la producción de información en los grandes centros urbanos como el gran Buenos Aires y Córdoba, al tiempo que se invisibilizan las realidades del resto de las provincias del país", aseguraron en el detallado texto presentado.
Por su parte, la CTA de los Trabajadores, liderada por Hugo Yasky también realizó su presentación ante el tribunal en favor del reclamo de reincorporación de los trabajadores despedidos tras enfatizar el acto ilegal cometido por Hernán Lombardi y Rodolfo Pousá de despedir sin realizar, previamente, el Procedimiento Preventivo de Crisis.
La presentación de la Central enfatizó: “La ley 24.013 dispone de un procedimiento obligatorio, en forma preventiva, para aquellos empleadores que dispongan determinadas cuotas de despidos en sus planteles del personal, en razón del evidente daño social que producen. No se trata de una recomendación o de una norma de carácter ‘programático’. La ley establece una obligación taxativa cuyo efecto es, en caso de incumplimiento, la ineficacia de los actos jurídicos que se hayan dispuesto contra su texto. Cualquiera sea la interpretación que se esgrima sobre esa norma jurídica, en ningún caso puede ser razonable una actuación que se conduzca como si esa norma pública no existiera”.
Asimismo, fundamentaron su intención de colaborar con el Tribunal “para que se dicte una resolución justa respecto del tema en debate, el que consideramos de importancia fundamental para nuestra comunidad y para la ampliación de derechos de los trabajadores, en un marco de Justicia Social”.

Fuentes: SiPreBA, infonews

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