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Como todos los miércoles, los jubilados siguen en la calle

“Sin vacaciones y en lucha por una jubilación digna, salud y vivienda dignas”, es la consigna con la que se movilizarán este miércoles en su marcha habitual frente al Congreso de la Nación. Con una Canasta Básica de un Adulto Mayor, actualizada semestralmente por la Defensoría de la Tercera Edad de CABA, de $17.523 y una jubilación mínima - como viene ocurriendo en los últimos 10 años - que cubre alrededor del 40% de la misma, exigirán además un aumento de emergencia en todas las escalas. A continuación, el comunicado de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina

          

COMUNICADO

SIN VACACIONES, EN LA LUCHA POR UNA JUBILACION, SALUD Y VIVIENDA DIGNAS

La modificación de la ley 26417/08 de actualización semestral de las jubilaciones y pensiones por la ley 27426, recientemente aprobada a pesar de su rechazo por la inmensa mayoría de nuestro pueblo, establece a partir de marzo una fórmula de actualización  trimestral,  compuesta por el 70% del índice inflacionario del INDEC más el 30%  de la variación salarial del índice RIPTE.

Esta fórmula de ajuste alcanza a más de 17 millones de personas, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, asignaciones familiares y AUH,  que van a dejar de percibir alrededor de $ 70.000 a $ 100.000 millones en el 2018.

Ante las movilizaciones multitudinarias  introdujeron  paliativos para las jubilaciones más bajas, como el bono por única vez en marzo discriminatorio para los de más bajos ingresos, o en enero el 82% sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil sólo a los jubilados con un haber mínimo, que hayan completado 30 años de aportes y sin haber adherido a ninguna moratoria.

Inconstitucionalidad de la Ley 27426

Los derechos de los trabajadores, conquistados a través de históricas luchas, se  hallan taxativamente enumerados  en el  art. 14 bis de la Constitución Nacional, reforzados mediante la incorporación, con jerarquía constitucional, de tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos los que garantizan los derechos a la seguridad social.

La jubilación, como esos derechos fundamentales de los trabajadores, tiene carácter alimentario entre otros, con una tutela especial y preferente en nuestro sistema constitucional, no pudiendo ser modificado o derogado por normas de inferior jerarquía vinculadas a las necesidades fiscales del Estado. Someternos a un sacrificio especial en aras de un supuesto interés general es por lo tanto inconstitucional, y  lo demostraremos en las acciones judiciales correspondientes.

A la vez, con esa ley previsional y la de reforma tributaria aprobadas, se disminuyen los ingresos de ANSES provenientes, entre otros aspectos, de impuestos y coparticipación federal  y con la rebaja o eliminación de las contribuciones patronales. Según cálculos  realizado por el IPyPP,  provocaría así desfinanciamiento del sistema previsional del orden de los $ 200.000 millones.

Esta es la gravedad de la situación para la mayoría de jubilados y pensionados, actuales y futuros, empeorada con importantes aumentos en transporte, luz, gas, combustibles  y rubros con incidencia directa en todo lo que cubre nuestras necesidades básicas.

Otro tanto sucede con la salud, el costo de los medicamentos  y la mala atención en el PAMI.

Esto es lo que deben debatir  los poderes del Estado para adoptar medidas de emergencia, y tratar  nuestro proyecto de Nueva Ley Previsional presentado en la Cámara de Diputados de la Nación (Expediente N°3031-D-16) que, habiendo perdido estado parlamentario en los últimos 6 años por decisión política de las mayorías de turno, volveremos a presentar con un millón de avales.

Sólo podremos lograrlo con unidad de acción de los sindicatos, centrales sindicales y organizaciones gremiales, de jubilados, sociales, territoriales y del pueblo trabajador.

Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina

 

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