Red Eco Alternativo ***

No al vaciamiento de la Subsecretaría de Tierras bonaerense

Los trabajadores de este organismo provincial llevan adelante medidas de fuerza ante la posibilidad de recortes y despidos tras la modificación de la Ley de Ministerios que implicaría el traslado de esta dependencia a la órbita del Ministerio de Desarrollo.

Se exige estabilidad laboral y salarial de los trabajadores y las políticas de tierra, vivienda y hábitat, repudiando la concreción de esta modificación inconsulta por parte de las autoridades provinciales.
Desde la Mesa de Hábitat de la CTA adelantaron que continuarán realizando distintas protestas para evitar que se efectivice este proyecto informando la situación a legisladores provinciales sobre el perjuicio que genera dar marcha atrás con los preceptos de la ley 14449.
En el mismo sentido las organizaciones que participan del Consejo Provincial de Hábitat y Vivienda, elaboraron la siguiente declaración:
La decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de poner en marcha un programa de urbanización integral de barrios populares en el AMBA (tal como lo anunció la gobernadora Vidal) es de una enorme trascendencia en la medida que la provincia concentra el 40% del déficit habitacional nacional.
Su implementación requiere, entre otras cuestiones, de una fuerte concentración de recursos humanos, técnicos y económicos que además aproveche al máximo las estructuras tecnico administrativas con experiencia con las que cuenta el propio gobierno en la Subsecretaría de Urbanismo, Tierras y Vivienda.
Sin embargo la información recibida de diferentes medios señala que a través de la reforma de la ley de Ministerios que se enviará en los próximos días a la legislatura se pretende desintegrar dicha Subsecretaría repartiendo sus competencias y personal en muy diversas dependencias. La Subsecretaría es la autoridad de aplicación de la Ley 14.449 conocida como Ley de Acceso Justo al Hábitat que fuera aprobada a finales de 2012 y que sirve de marco general de gestión de la política provincial de tierra, vivienda y urbanismo. La norma es un potente instrumento para facilitar el acceso universal a una hábitat adecuado y entre muchos mecanismos crea, entre los artículos 26 y 36, un programa participativo de integración socio urbana de villas y asentamientos, otro de loteos sociales planificados y otro de microcréditos para viviendas.
De tal forma, el camino que se quiere adoptar con esta reforma deja, insólitamente, sin autoridad de gestión a la ley y no hace otra cosa que imposibilitar la ejecución de todos estos programas.
Es fundamental resaltar que todos los casos (nacionales e internacionales) de intervención en barrios populares muestran la necesidad de articulación de acuerdos con las organizaciones, una capacidad de gestión relevante y una mirada abarcativa e integral (urbanística, social, ambiental, legal y de regularización dominial).
Esto solo se consigue con voluntad política de consenso y con equipos públicos con experiencia y compromiso. Lamentablemente, hasta ahora, el camino que se pretende seguir con esta reforma que desconoce por completo como se debe trabajar en los barrios populares y no cumple con ninguno de estos atributos virtuosos e imprescindibles.
Por todo esto solicitamos al gobierno provincial:
1. No seguir adelante con el desmantelamiento de la Subsecretaría Social de Urbanismo, Tierra y Urbanismo como se encuentra previsto en el proyecto de reforma de la ley de Ministerios.
2. Fortalecer su capacidad financiera y de gestión de las políticas territoriales en el ámbito del Ministerio de Infraestructura.
3. Poner en marcha un Plan Provincial de Integración Socio Urbana de Villas y Asentamientos en el marco de lo establecido en la ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat articulando con eficiencia y eficacia las capacidades de la Subsecretaría con la de otras dependencias del gobierno provincial.
4. Diseñar el plan con un enfoque que priorice los derechos humanos de las familias vulneradas de nuestra provincia dotándolo de capacidad de construcción de consensos políticos con municipios y organizaciones territoriales y de las fuentes de financiamiento aseguradas.

 

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