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Reforma Laboral: el tira y afloje del gobierno y los sindicatos

“La haremos aunque los sindicatos no estén de acuerdo”, dijo el presidente Mauricio Macri en una entrevista durante su reciente viaje a Estados Unidos. Al referirse a la reforma laboral afirmó también que están consensuadas “más del 90% de las propuestas” con la CGT. Sin embargo, son otras las opiniones de referentes de esta central sindical, al igual que las de la CTA Autónoma y de diversas organizaciones de trabajadores. Por Mario Hernández

 

(Mario Hernández) Argentina – En la entrevista realizada por la agencia neoyorquina Bloomberg, Mauricio Macri afirmó además que la reforma representa una disminución del costo indemnizatorio de los trabajadores de un 40 %. Mientras el presidente daba su versión del consenso alcanzado, la CGT anunciaba su rechazo. No obstante, afirmó Macri, “la haremos aunque los sindicatos no estén de acuerdo” y sostuvo que “las reformas van a ser duraderas”. Aventuró incluso que esta semana la enviará al Congreso.

Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, que acompañó a Macri en la gira, aportó lo suyo demostrando la sintonía del grupo de los gobernadores peronistas: “Acá somos tres gobernadores de fuerzas opositoras que coincidimos en la apertura al mundo. No vemos a la globalización como un enemigo, necesitamos que vengan inversiones y que encuentren reglas claras para invertir”, dijo.

Por su parte, la CGT ratificó su rechazo al proyecto de reforma laboral, tal como fue planteado por el Gobierno, al señalar que tiene “puntos inaceptables”, pidió modificaciones para consensuar la normativa y advirtió que el oficialismo no tiene los votos para aprobarlo en el Congreso.

La central obrera se pronunció así al analizar puertas adentro la marcha de las negociaciones con la Casa Rosada en torno a la reforma laboral en una reunión del Consejo Directivo realizada en la sede de la calle Azopardo y encabezada por el triunvirato que integran Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña.

Corresponde recordar que nadie en la sede de Azopardo habla de movilización o medidas de fuerza al respecto.  Es más, este lunes Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la CGT y diputado provincial dijo que hablarán con los legisladores previamente a anunciar medidas de fuerza. El sindicalista aclaró que “no vamos a lanzar ningún plan de lucha”, al apuntar que “si el Gobierno decide avanzar con esta estrategia de mandar la reforma sin acordar con nosotros, vamos a ir a hablar con los legisladores antes de cualquier paro”.

También los principales dirigentes de las organizaciones gremiales de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que reúne a sindicatos del transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, analizaron durante horas la iniciativa de reforma que impulsa el Ejecutivo y expresaron “malestar y rechazo”.

El bancario Sergio Palazzo, referente de la Corriente Federal, señaló que la posición de su sector “es de rechazo total y absoluto a la reforma laboral” e insistió con que “el banco de horas eliminará las horas extras a los trabajadores”.
“Mientras a los empresarios les condonan todas las deudas, a los trabajadores les van a reconocer solo hasta 60 meses de estar en negro (…) en Argentina será más barato despedir. Dejarán una indemnización pelada”, concluyó.

El Secretario adjunto de Camioneros y gremial de la CGT, Pablo Moyano, tuvo un encuentro con el Papa Francisco en el que le habría reafirmado la convicción de su gremio y de la Central para no aceptar los términos del paper que les ofreció el Ministerio de Trabajo.

"Ni los militares se animaron a ir tan lejos", le reprochó Hugo Antonio Moyano, hijo del líder camionero y abogado de ése y otros gremios afines a Ernesto Leguizamón, jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo el lunes de la semana pasada durante una reunión, tras recordarle que durante la última dictadura se flexibilizaron las restricciones para la subcontratación que existían en la Ley 20.744, pero sin las precisiones del borrador actual, que puntualiza sobre una gama extensa de actividades que de ese modo las empresas podrán descargar en otras razones sociales sin correr riesgos legales.

Es que el cambio propuesto en el artículo 30º de la 20.744 comenzó a ser denominado en la CGT como "el punto Moyano" de la iniciativa. Habilita que las subcontrataciones para "actividades complementarias como limpieza, seguridad, mantenimiento general de bienes inmuebles y muebles registrables, servicios médicos y de higiene y seguridad en el trabajo, gastronomía y/o informática", así como "los servicios de transporte desde y hacia el establecimiento o explotación", quedarán exentas del control de la empresa a cargo del rubro principal.

El Plenario de Secretarios General de CTERA resolvió exigirle al Gobierno Nacional la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente para abordar la situación educativa nacional y la resolución de los conflictos provinciales que aún siguen abiertos. Es un reclamo que ya cumple un año y que tuvo en 2017 el punto más álgido de conflicto con el oficialismo.

Además resolvió el rechazo “unánime a las medidas de ajuste que quiere llevar a cabo el Gobierno Nacional”.

En ese sentido, los maestros dispusieron la realización de una Jornada Nacional de Protesta –en articulación con otros sectores– el día que se traten las “reformas”, con movilización al Congreso de la Nación.

Un comunicado de la seccional bonaerense del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), expresó su “total rechazo” al proyecto de “flexibilización laboral” impulsado por el Poder Ejecutivo y aseveró que la iniciativa procura modificar “aspectos sustanciales” de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), las indemnizaciones por despido y los juicios laborales.

Dirigentes Nacionales de ATE, Visitadores Médicos, la CTA Autónoma y de la Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero se reunieron el martes 7 de noviembre, con vistas a convocar una gran movilización de rechazo al proyecto de reforma laboral que el gobierno está próximo a enviar al Congreso para su tratamiento, a la reforma jubilatoria y al conjunto de la ofensiva contra los trabajadores de tarifazos y ataques al movimiento obrero.

En la reunión se acordó encarar una amplia campaña de difusión del significado de esta reforma laboral “a la brasileña”, realizando asambleas en todas las empresas, reparticiones, hospitales, colegios y universidades del país para debatir un plan de acción de todo el movimiento obrero que agrupe a todos los sindicatos y fuerzas políticas dispuestas a luchar contra la ofensiva del gobierno Macri, los gobernadores, las patronales y las fuerzas que en el Congreso han hecho pasar las leyes del ajuste hasta el presente.

La campaña tendrá un momento fundamental en una primera etapa, en la realización de una MOVILIZACION NACIONAL a fines de noviembre.

Por su parte delegados, dirigentes sindicales y referentes de la izquierda - convocados por los trabajadores de PepsiCo en lucha  - se reunieron en la carpa montada frente al Congreso de la Nación, para discutir medidas de acción contra la reforma laboral. Acordaron una próxima reunión en el Bauen para votar una declaración y medidas de lucha.

Entre las reformas de alto impacto se destaca la tercerización que se permitiría prácticamente en la totalidad de la industria o comercio sin que exista responsabilidad del empleador principal. De aplicarse, se romperá el convenio colectivo de actividad, que establece condiciones y salarios acordes a la capacitación necesaria para cada tarea. También proponen abaratar los despidos sin causa por medio de la disminución de la indemnización, que lograrán al borrar todos los adicionales para su cálculo o, directamente, suprimiéndola con la creación de fondos que bajan a cero el costo del despido.

Para el titular del Primer Juzgado del Trabajo de San Juan, Mariano Ibáñez, implicaría una reducción que va desde el 10 hasta el 60 % de lo que cobraría un empleado cesanteado, dependiendo de la actividad.

Otro de los ejes es que los trabajadores y trabajadoras puedan renunciar individualmente a los derechos laborales, una práctica prohibida por ley. A esos cambios se suma el fin de las horas extras, que permitirá llevar la jornada laboral a diez horas diarias como ocurría antes del año 1929 -previo a la Gran Crisis mundial-, y la posibilidad de modificar a gusto y necesidad del empleador las condiciones de trabajo, desde el lugar hasta el horario.

De aceptarse tal como ha sido presentada y aprobarse en el Congreso, la "nueva ley" -que hará retroceder más de 100 años el derecho laboral-, permitirá a los empleadores despedir a bajo o a ningún costo a sus trabajadores que consideren caros, sindicalizados y antiguos. Los reemplazarán por otros modernos y flexibilizados, que trabajarán para empresas contratistas o subcontratistas bajo otros convenios colectivos y con menores salarios. Pero también existe la posibilidad de que los trabajadores "viejos" acepten renunciar a los "beneficios" de la actual legislación laboral, que para el gobierno "frenan las fuerzas de la producción": una jornada de ocho horas, un salario igual para todos en la misma actividad, el cobro de las horas extras y la imposibilidad de cambiar el horario laboral al antojo/necesidad de la empresa.

 

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