En CIVE y FP se resiste

Los trabajadores de CIVE, en Córdoba, siguen ocupando la fábrica y reclamando por el inicio de la producción en manos de la cooperativa. En Buenos Aires, FP IMPRESORA continúa la lucha por la reincorporación de 20 despedidos. (Red Eco) Córdoba y Buenos Aires 
CIVE continúa ocupada por sus trabajadores
La fábrica de vidrios CIVE, de la ciudad de Córdoba, continúa ocupada por sus trabajadores, en lucha por sus puestos de trabajo y por la reapertura de la fábrica, clausurada por sus dueños el 26 de marzo.
El día martes, se vivieron momentos de tensión cuando un grupo de la Guardia de Infantería intentó desalojar la planta, sin orden judicial y a instancias de quienes vaciaron la fábrica. Los trabajadores resistieron la medida, contando con la solidaridad de vecinos, organizaciones sociales y sindicales.
Vale destacar que hace 2 semanas, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, declaró “de utilidad pública y sujeto a ocupación temporaria, el inmueble de calle Vélez Sársfield 4337, junto con los bienes muebles que se encuentra en su interior y bienes tangibles, con destino a funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo de Empleados de Cive Ltda”. Esto implicó un avance importante para la recuperación de la fábrica por sus trabajadores, quienes denuncian una quiebra fraudulenta por parte de la patronal.
Lo que ahora reclaman los integrantes de la cooperativa es que el intendente de la ciudad, Daniel Giacomino avale dicha resolución para que la fábrica pueda volver a funcionar.
En los últimos días, los trabajadores y sus abogados mantuvieron reuniones con el ministro de Justicia de la Provincia, Luis Angulo, sin la presencia de representantes de la empresa.
El actual propietario, Hugo Ardiles viene reclamando la restitución de la fábrica para reiniciar la producción. Hace algunas semanas, la jueza Marcela Antenucci del juzgado Civil y Comercial de 52º nominación le devolvió la firma al empresario, bajo la condición de que asegure a los 75 trabajadores la estabilidad laboral por 5 años. 
Los trabajadores han expresado en varias oportunidades que se oponen a “volver a trabajar bajo el mando de empresarios especuladores, que no han hecho más que avasallar los derechos y la dignidad de los trabajadores de CIVE durante años”.
Gustavo Valdez, abogado de la cooperativa sostuvo que “hasta ahora no hay orden de desalojo y consideramos que no puede haberla porque la fiscalía ya definió ante otras denuncias de la sindicatura que la presencia de los trabajadores en la fábrica no es un delito sino una protesta en el marco de un conflicto laboral muy grave”.
Representantes de la CTA expresaron su solidaridad con el reclamo de los trabajadores de CIVE.
FP IMPRESORA. Por la reincorporación de despedidos

A fines del mes de abril, 20 empleados de FP IMPRESORA SA, ubicada en Florida, partido de San Martín, fueron despedidos injustificadamente. La empresa esgrimió como argumentos la crisis y una baja en la producción, pero los motivos eran otros: los intentos de los trabajadores por organizarse sindicalmente para enfrentar los atropellos de la patronal. Frente a un conjunto de violaciones  a los derechos laborales por parte de la empresa - bajos salarios, no respeto del convenio de trabajo, no reconocimiento de las categorías correspondientes, la realización de tareas pesadas por parte de las operarias, sumas no remunerativas adeudadas-  se realizó una afiliación masiva al sindicato gráfico. La respuesta de la empresa no se hizo esperar.
Los trabajadores decidieron entonces ir a un paro de actividades en defensa de los puestos de trabajo de los compañeros despedidos. La patronal respondió con aprietes, amenazas, militarizando la planta. El 7 de mayo el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y la restitución a sus puestos de los despedidos.
El 1 de junio la patronal violó la conciliación obligatoria, no permitiendo el ingreso de los trabajadores a sus puestos. En asamblea, estos decidieron ocupar los ingresos a la planta, en reclamo de la reincorporación laboral y del cumplimiento de las demandas de mejoras salariales y cumplimiento del convenio de trabajo.
Los trabajadores sufren también el acoso de las fuerzas policiales que amenazan con reprimir y desalojarlos del lugar.

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