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Por un sistema previsional de reparto, público y solidario

jubilados.jpgEste miércoles 23 de abril – como desde marzo de 1992 – la Mesa Nacional de Jubilados y Pensionados realizó su marcha, la número 1150. Allí sumó 50 mil firmas a las ya 300 mil recolectadas en una campaña que busca llegar al millón de firmas para que el Parlamento finalmente trate el proyecto de una nueva Ley de Previsión Social. Red Eco Alternativo.
(Red Eco) Argentina - El proyecto fue presentado por primera vez en 2012 y hace dos años que está durmiendo en los cajones del Parlamento. El objetivo es llegar a recolectar un millón de firmas hasta el mes de setiembre (próximo mes de ajuste a los haberes previsionales según la ley de movilidad) para que sea finalmente tratado en el Congreso.
Tres son los puntos salientes del proyecto: La creación del Instituto Nacional de Previsión Social, el armado de una Comisión de Seguimiento y Control del Régimen Nacional de Previsión Social y la garantía por ley de cinco prestaciones previsionales.
El Instituto Nacional de Previsión Social funcionará como entidad de derecho público no estatal, sin fines de lucro, con autarquía y autonomía económica, jurídica, financiera, contable y administrativa. Será continuador de la actual ANSeS y asumirá todos sus derechos y obligaciones. También tomará atribuciones que tiene el organismo que recauda los impuestos (AFIP) y que es quien en la actualidad recauda y fiscaliza los aportes previsionales.
El Instituto estará integrado por siete directores elegidos en forma directa y democrática por los trabajadores activos y jubilados: tres serán representantes de los activos, tres de los jubilados y pensionados, y uno del Estado nacional. Además, el Instituto será fiscalizado y controlado por una Sindicatura integrada por dos síndicos nombrados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La Comisión de Seguimiento y Control del Régimen Nacional de Previsión Social estará constituida por seis representantes del Congreso de la Nación (dos por la mayoría y uno por la primera minoría de cada una de las Cámaras), dos del Poder Ejecutivo Nacional y tres del instituto que crea esta ley.

Las Prestaciones garantizada por la norma serán:
Jubilación Ordinaria: haberes para mujeres desde los 60 y varones desde los 65 años que acrediten 30 años de servicios con aportes en uno o más regímenes jubilatorios.
Jubilación por Invalidez: trabajadores de cualquier edad y antigüedad en el trabajo que durante el desarrollo del mismo se incapaciten física o intelectualmente perdiendo su capacidad en un 50% o más.
Jubilación proporcional: para las personas que aportaron 10 años o más pero no reúnen la totalidad de los años con aportes para obtener la jubilación ordinaria. Se accede a los 65 años de edad. El haber será un 50% del ordinario con una bonificación de 1% por cada año que exceda de diez.
Pensión: la “pensión directa” (por el fallecimiento de un afiliado en actividad) será equivalente al 100% del que percibiera o le hubiera correspondido al trabajador.  La “pensión derivada” (por la muerte de quien ya estaba percibiendo un beneficio previsional) alcanzará al 75% de la jubilación que gozaba el trabajador.
Asignación Universal a los mayores de 65 años de edad que no completen años de aportes para garantizarles un haber mínimo y la cobertura de una obra social.

El proyecto de Ley se sostiene en principios definidos por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo.  Son sus bases la universalidad, solidaridad, igualdad de trato, movilidad, administración democrática, responsabilidad del estado, progresividad, conservación de derechos y autonomía económica y financiera.
Universalidad, porque debe garantizar el derecho de todas las personas a la seguridad social, tengan o no trabajo, cubriendo las necesidades referidas a la vejez, invalidez, o muerte, salud, accidentes de trabajo y enfermedades, empleo y asignaciones familiares.
Solidaridad, expresada de dos formas: como redistribución de ingresos entre los trabajadores en actividad hacia los trabajadores jubilados y de los que más tienen hacia los que menos tienen.
Movilidad por cuanto la jubilación mínima debe ser equivalente al valor del salario mínimo, vital y móvil. Esa es la base para restablecer en forma inmediata las escalas de las jubilaciones ya existentes y que el haber tenga el carácter sustitutivo respecto a los salarios de trabajadores en actividad y su valor debe garantizar el 82 por ciento móvil de estos últimos. Debe además ajustarse automáticamente con las variaciones de los salarios de los trabajadores en actividad.
Autonomía económica y financiera porque el sistema no sólo debe financiarse con los aportes del salario de los trabajadores, las contribuciones de los empleadores e impuestos específicos, sino también tiene que ser administrado por los propios trabajadores (activos y pasivos). Por otra parte, los recursos del sistema previsional deben asignarse en forma prioritaria al pago de jubilaciones y pensiones.
Administración democrática para que el sistema de seguridad social sea instituido como una persona pública no estatal, conducido por los trabajadores activos y jubilados, con representación de todas las regiones del país y elegidos por voto secreto y directo de los interesados. Así lo establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional: “las entidades nacionales o provinciales de seguridad social, serán administradas por los interesados con participación del Estado”.

Sobre los fondos del sistema previsional
82_por_ciento_movil_ya.jpgAntes de que el menemismo “regalara” el dinero de los jubilados y pensionados al negocio privado de las AFJP, existían a nivel nacional leyes que garantizaban prestaciones entre un 70 a un 82 por ciento de las remuneraciones del trabajador activo y que además eran móviles. Por otra parte los trabajadores estatales, tanto de la Nación como de las provincias y los municipios, tenían garantizado un haber de hasta el 82 por ciento móvil del sueldo de los activos.
La  Ley 24.241, sancionada en 1994, sigue vigente y regula un sistema de seguridad social que abarca a más de ocho millones de argentinos jubilados y pensionados. Y aunque el actual gobierno re estatizó el sistema, los jubilados y pensionados no son quienes administran su dinero. La caja de la ANSeS es utilizada para cubrir gastos porque sus fondos son considerados como otro ingreso corriente más dentro del Presupuesto nacional.
El menemismo rebajó las contribuciones obligatorias de las empresas al sistema previsional a pesar que los trabajadores siempre continuaron haciendo sus aportes al sistema. Esta lógica política siguió básicamente vigente hasta la actualidad. Incluso es recogida por segunda vez por el gobierno kirchnerista (ver nota Red Eco “Proyecto reciclado”)

Los jubilados y un amplio arco político y social que apoyan sus reclamos, sostienen que deben restablecerse las contribuciones patronales a las grandes empresas, por lo menos al nivel que tuvieron hasta 1993 porque “ello significaría una ampliación importante de los fondos para sostener las jubilaciones y pensiones”. 
Por otra parte, existe el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) creado en 2008 con el dinero que administraban las AFJP al momento que el sistema fue re estatizado. Es la plata de los aportes que desde 1994 vienen realizando los trabajadores con parte de su salario. Este Fondo se ha utilizado para subsidiar planes de empleo, para pagar la Asignación “Universal” por hijo, el plan Conectar Igualdad, el plan de construcción de viviendas PRO.CRE.AR, entre otros planes sociales, pero también para cubrir déficits de las cajas militares, para cancelar deuda pública a través de canjes de bonos, préstamos al Tesoro Nacional, ayuda a empresas privadas diversas (entre ellas las  multinacionales automotrices), para subsidiar el “plan anticrisis” y el “Mega Plan de Obras Públicas” destinado en su mayoría a favorecer el consumo de sectores de la clase media, e incluso en 2012 a prestarle plata al gobernador de la provincia de Buenos Aires para pagar salarios de sus empleados públicos.
Actualmente el FGS alcanzaría a poco más de 365.000 millones de pesos pero está constituido en su mayoría por papeles (63% son títulos públicos y 8% acciones de Telecom, Banco Macor, Siderar, Grupo Financiero Galicia y Molinos Río de la Plata).
Los jubilados sostienen que estos fondos “deberían utilizarse prioritariamente para pagar jubilaciones y pensiones, actualizar las prestaciones previsionales, tanto en lo referente a la reconstrucción de la escala de las ya existentes, como para mejorar los haberes mínimos”.

Una palabra calificada respecto al nuevo proyecto de ley
El Defensor del Pueblo para la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino,  evaluó que es “amplio, criterioso y le da sustentabilidad hacia el futuro”. Afirmó además que es necesario “complementarlo con la discusión sobre el financiamiento del sistema, que implica debatir una nueva estructura fiscal en la Argentina. Sino los proyectos, aún muy buenos, en la práctica quedan desvirtuados porque no está el recurso necesario para darles cobertura”.
En cuanto a la situación actual de los adultos mayores, el Defensor afirmó que están en un “grado de postergación que se viene profundizando mes a mes porque ven su haber disminuido vía la inflación”. Para explicar esto se refirió al incremento de precios de alimentos del mes de noviembre y al de los medicamentos de diciembre y enero que rondaron un alza de entre 30 y 40%. Esto teniendo en cuenta que el haber mínimo que percibe el 75% de los jubilados es de 2.760 pesos , que no cubre la canasta básica calculada a fines de 2013 en 4.885 pesos, y que no alcanza siquiera al salario mínimo de referencia, que es de 3.600 pesos.
Para Semino, una de las patas para revertir esta realidad es el 82 por ciento móvil. “Con eso, lo que queremos decir es que el haber del jubilado tiene que ser sustituto del sueldo del trabajador activo. Cuando un trabajador se jubila no deja de ser un ciudadano. Tienen que mantener luego de la jubilación los mismos derechos, el mismo estándar de vida, la misma posibilidad de preservar su patrimonio, cosas que hoy en la Argentina están totalmente negadas”.

Hace 22 años que los jubilados, todos los miércoles, están frente al Congreso con sus reclamos. Veintidós años de lucha cotidiana. “Los trabajadores jubilados, que durante toda nuestra vida en el proceso productivo luchamos por los intereses de los trabajadores en ámbitos sindicales, sociales, políticos, seguimos actuando por los objetivos reivindicativos y políticos de los jubilados, como integrantes de la clase obrera y del pueblo”, dijo Marcos Wolman, secretario general de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. “Nuestra lucha se debe dar fundamentalmente en los sindicatos y organizaciones de trabajadores que deben incluirnos. Las reivindicaciones de los trabajadores activos y jubilados son una sola lucha”, concluyó.

Fuente: Material difundido por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)

 

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