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La Justicia reconoció los derechos ancestrales de Los Chuschagasta

Este viernes, el juez Correccional Nº 1 Marcelo Mendilaharzu decidió absolver a Ismael Chocobar, sobrino del referente originario asesinado, y al ex cacique Demetrio Valderrama, de la denuncia interpuesta por Sofía Herrera, madre del asesino Darío Amín, por usurpar las tierras donde ellos mismos viven y que se encuentran dentro de los territorios ubicados en Trancas que fueron reconocidos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como patrimonio ancestral de los Chuschagasta. Por Contexto Tucumán

Los fundamentos del fallo se conocerán el 21 de octubre al mediodía, según Primera Fuente.
El año pasado el Tribunal integrado Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnolli condenó al terrateniente Amín a 22 años de prosión y a los ex policías Luis Humberto Gómez (18 años) y Eduardo José Valdivieso (10 años), por el asesinato de Javier Chocobar.

La acusación, iniciada por Herrera en el 2011, sostenía que Chocobar había usurpado una vivienda que colinda con el lugar donde habían colocado el obrador de la cantera de piedra laja la familia Amín, situada en el paraje de El Chorro, en la localidad de Trancas.

En tanto que Valderrama estaba acusado por ser responsable de la comunidad cuando se gestó la denuncia. La demandante sostiene que los terrenos en donde está emplazada la casa le pertenecen a su familia desde 1959 y que ella los heredó.

Más allá de la situación de los acusados, la comunidad entiende que el fallo de Mendilaharzu es una ratificación de los derechos sobre las tierras que ocupan desde el tiempo de sus ancestros y, en consecuencia, puede contribuir a poner punto final a una disputa de vieja data. “Esta sentencia favorable puede ser el impulso que necesitábamos para que el Estado avance en la titularización formal de nuestra propiedad colectiva”, expresó Ismael Chocobar, tras conocer su absolución.

“El fallo se tenía que resolver de esta manera, después de un proceso que ellos no pudieron sostener, porque estaba claro que era un ataque institucional hacia nuestra comunidad. Creemos que la nueva creación de una nueva sociedad más inclusiva y democrática no se puede hacer desconociendo los derechos indígenas y atacando al otro cultural, que somos nosotros los originarios”, subrayó.

El abogado de la comunidad Carlos Garmendia coincidió: “El fallo marca un antecedente importante para todas las comunidades, ya que conjuga una nueva herramienta jurídica para luchar por sus derechos y quizás sentirse más protegidos”.

Los Chuschagasta esperan que el Estado “dé un salto de calidad en el derecho de los pueblos y empiece a trabajar para resolver estos conflictos, cuya salida no es otra que la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, una herramienta creada a los fines de poner freno a los ataques físicos y judiciales que constantemente sufren los pueblos originarios, pero que lamentablemente nunca superó la instancia de anteproyecto. “Sin esta ley, el resguardo de los derechos de las comunidades y su gente sería imposible”, remarcó Chocobar.

Sobre la implicancia que la sentencia puede tener en materia normativa, Garmendia fue cauteloso y sugirió esperar a conocer los argumentos del fallo. Sin embargo, sostuvo que “es muy importante para la lucha de las comunidades originarias. Es una costumbre de los terratenientes denunciar por usurpación a quienes siempre han vivido en los territorios que quieren explotar” y que “este fallo es un buen antecedente para poner freno a esas pretensiones”.

“Hoy Los Chuschagasta están muy fortalecidos porque la Justicia reconoció los derechos que tienen sobre sus territorios”, sentenció.

El crimen de Javier Chocobar aún sin sentencia firme
A casi un año de la condena de Amín, Gómez y Valdivieso Sassi, aún no quedó firme la sentencia debido a que se tramita un recurso de casación presentado por las defensas de los asesinos del comunero.

Por este motivo, el Pueblo de la Nación Diaguita marchará el próximo 12 de octubre (Día de la Diversidad Cultural), cuando se cumplan 13 años del asesinato de Javier Chocobar, para exigir celeridad en la resolución del tribunal de segunda instancia. “No tenemos dudas de que la condena va a quedar firme, pero queremos que no se dilate más”, expresaron.

 

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