Red Eco Alternativo ***

Persecución ancestral

La semana pasada se realizó en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia una audiencia por la detención y embargo de tres integrantes de la Comunidad Mapuche Pu Lof, que fueron acusados por el gobierno de Chubut de interrumpir el paso del tren patagónico “La Trochita”, en una zona que le pertenece ancestralmente a la comunidad pero que la provincia le vendió hace años al empresario italiano, Luciano Benetton.

La denuncia fue presentada por el gerente de La Trochita, Bruno Peláez. Según, Sonia Ivanoff, abogada de la Comunidad Mapuche Pu Lof, lo hizo por orden del presidente de CORFO (Corporación de Fomento), Martín Bortagaray, y del gobernador de Chubut, Mario Das Neves: “Por cuatro palos y un álamo que se cayó y que sólo visibiliza un conflicto mayor”, que es, en palabras de la letrada, la disputa que existe con el empresario Benetton por las tierras que ancestralmente le corresponden a la comunidad, pero fueron vendidas por el gobierno provincial en la década del noventa.

El Lof había recuperado parte de esas tierras en 2015, pero desde entonces fue reprimido en tres oportunidades. La última ocurrió en enero de este año, cuando sus miembros fueron golpeados y encarcelados por más de 250 efectivos de la policía de Chubut y de Gendarmería Nacional especialmente enviados, con la intención de liberar las vías del Viejo Expreso Patagónico La Trochita. Durante dos días hubo allanamientos en las viviendas de la comunidad, represión y detenidos que permanecieron incomunicados por horas.

“El paso de La Trochita estaba garantizado (…). El juez Otranto sabía muy bien lo dialogado y acordado, pero lo que escribió con la mano, lo borró con el codo, y sabía lo que iba a pasar con un allanamiento, pero nadie habla de las cinco tranqueras que la compañía Benetton tiene y que también se plantearon en las mesas de diálogo, a lo que el presidente de CORFO, Bortagaray, respondió ‘no se preocupen, nosotros tenemos las llaves de los candados y las cadenas’”, relató Ivanoff.

Nicolás Huala, uno de los imputados, consideró: "Nos agarraron a nosotros porque necesitaban a alguien para imputarle esa causa”.

Respecto a la parte de la tierra que la comunidad recuperó, Huala aseveró: “estamos recuperando una mínima parte productiva de nuestro territorio ancestral (…). El problema que tenemos es que en las comunidades estamos metidos en los ‘quileros’, ahí no se puede tener más que chivas y no se puede superar el número porque no queda pastura para los animales. El lugar no es apto para producir alimento por la escasez de agua. Nosotros estamos luchando por la parte donde está el río”.

A la audiencia también asistió Isabel, madre de Nicolás, quien se refirió a la situación judicial de su hijo: “Las leyes no fueron hechas para nosotros, sino para las dos repúblicas que están sobre nuestros territorios (Argentina y Chile). Tenemos que pelearla, por eso estamos acá. El mapuche sin tierra no es Mapuche".

Ahora le toca el turno al Tribunal que está compuesto por los jueces Javier Leal de Ibarra, Hebe Corchuelo de Huberman y Hugo Suárez. Los magistrados adelantaron que se tomarán los tiempos reglamentarios para resolver la situación y embargo de los tres integrantes de la comunidad que están acusados del delito de "entorpecimiento de servicio público en concurso de daños y lesiones".

Fuente: Cynthia Francisco / Big Sur.

 

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