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La situación de las infancias y las juventudes

El nivel de fragilidad social que atraviesa Argentina como consecuencia de las políticas neoliberales que irrumpieron en el país hace ya varias décadas, acentuado por el proceso de creciente pauperización generado durante la gestión de Cambiemos, se manifiesta con crudeza en las condiciones de vida de las infancias y juventudes.  

(Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas) Argentina- Esta situación requiere un abordaje urgente no sólo por los derechos que niñas, niños y jóvenes ven vulnerados hoy, sino también porque las condiciones deficitarias que atraviesan en la actualidad condicionarán fuertemente sus trayectorias futuras. Ello conduce a reproducir una Argentina desigual que condena a gran parte de su población a atravesar múltiples privaciones mientras alimenta la acumulación de inmensas fortunas en pocas manos.  

En esta presentación exponemos una radiografía de las condiciones materiales de vida de las infancias y juventudes, en base a las fuentes oficiales disponibles, que da cuenta de la situación previa a la llegada de la pandemia.

Al primer trimestre de 2020, la pobreza alcanzaba a más de la mitad de los menores de 18 años y ascendía al 43% para las y los jóvenes de 18 a 24 años. El impacto de la pandemia agudizará el cuadro social de forma tal que UNICEF proyecta que la pobreza infantil llegará al 62,9% en el segundo semestre del año.   No puede analizarse la infantilización de la pobreza escindida de la situación laboral que atraviesan las familias de las niñas, niños y adolescentes.

La información indica que, del total de mayores de 18 años que habitan en hogares con NNyA, más de la mitad se encontraba previo a la pandemia en una situación de precariedad laboral y/o asociada con bajos o nulos ingresos, ya sea porque tienen una ocupación informal, porque no consiguen empleo o porque deben dedicar su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. 

A pesar de ello, el sistema de asignaciones familiares sigue jerarquizando la inserción en empleos formales para el acceso, generando así una cobertura insuficiente y fragmentada por la cual el 8,8% de las niñas y niños no cuenta con ningún tipo de cobertura, a la vez que quienes sí la tienen acceden a distintos niveles de montos según el régimen en el que se inserten.  

El grado de pauperización se intensifica cuando la insuficiencia de ingresos confluye con privaciones de carácter estructural como las que experimentan gran parte de las infancias en sus condiciones habitacionales, ya sea porque habitan en viviendas con materiales de calidad insuficiente, en condiciones de hacinamiento y/o sin acceso a un saneamiento adecuado, entre otros aspectos. Condiciones que ya vulneraban la salud y la vida de las y los niños antes de la pandemia y que, con la irrupción del coronavirus, echaron luz sobre las imposibilidades materiales de estas familias para cumplir con las medidas de prevención. 

A ello se agrega una profunda brecha digital expresada en el hecho de que el 41,3% de les NNyA en edad escolar y el 34,6% de les jóvenes no dispone de una computadora en su hogar. Ello no solo dificulta enormemente la posibilidad de que vean garantizada la continuidad pedagógica en este contexto extraordinario, sino que acrecienta las desigualdades estructurales en una era donde el avance tecnológico exige cada vez mayores calificaciones para poder acceder a empleos de calidad en el futuro.  

En materia de educación, si previo a la pandemia ya se registraban niveles de deserción escolar que alcanzaban el 8% para las y los adolescentes de 15 a 17 años, es de esperar que este fenómeno se agudice. Fenómeno que en parte puede asociarse a que el trabajo adolescente (ya sea para el mercado, para el autoconsumo o actividades domésticas intensas) ascendía al 31,9% a nivel nacional.  

En tanto que gran parte de las y los niños atraviesan estas privaciones hace ya demasiado tiempo, no resulta sorprendente que muchos de quienes hoy son jóvenes manifiesten las consecuencias de dichas privaciones en sus trayectorias educativas y laborales. De hecho, más de la mitad de la población entre 18 y 24 años no asiste a un establecimiento educativo, de los cuales el 43,3% no logró finalizar el secundario. Asimismo, la tasa de desempleo en este grupo ascendía previo a la pandemia al 27,6% (versus el 10,4% de la población total), mientras que la subocupación casi duplicaba al promedio (21,6% vs. 11,7%). Dentro del conjunto de jóvenes asalariados/as, 2 de cada 3 no están registrados. Finalmente, los ingresos que perciben las y los jóvenes ocupados rondan los $16.000, un 40% menos que el total de ocupados/as. 

Los rasgos descriptos contrastan con la insuficiencia de políticas adecuadas para abordar las condiciones de vida de las infancias y juventudes. Con la llegada de la pandemia, ello resulta aún más preocupante por el shock que implica el freno económico en los ingresos de estas familias. En ese marco, insistimos en la necesidad de avanzar hacia una renta básica universal de emergencia que contemple la efectiva universalización de las asignaciones familiares e incremente su monto, a la vez que se implemente un salario universal de emergencia equivalente al salario mínimo, de forma tal que ningún hogar en Argentina quede por debajo de la línea de pobreza.

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