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La Corte Suprema Bonaerense reconoce emergencia en niñez

El máximo tribunal de justicia de la provincia afirmó que existe un “agravamiento de la situación de riesgo y/o vulneración de derechos por la que atraviesan los niños, niñas y adolescentes”. Fue a partir de una presentación realizada por todos los juzgados de familia del departamento judicial de La Plata, en continuidad con un pedido efectuado por la Comisión Provincial por la Memoria ante el Concejo Deliberante de esa misma localidad.

 

En febrero de 2018, la CPM había pedido al Concejo que se declare la emergencia del sistema de promoción y protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes (NnyA), pero el expediente ni siquiera fue tratado por el cuerpo.

En ese momento, se advertía el estado de total desprotección y peligro de este sector ante la deficiente aplicación del sistema de promoción y protección de derechos, por la escasez de servicios locales, poco personal y precarizado, la falta de programas específicos y la inexistente articulación entre las distintas áreas municipales y las organizaciones que trabajan con la niñez. Más de un año después, una resolución de la Corte bonaerense confirmó este diagnóstico, ya que allí se mencionan distintas cuestiones que impiden un adecuado funcionamiento del sistema de promoción y protección de los derechos de NNyA, particularmente la inestabilidad e insuficiencia del personal dependiente de los Servicios locales —en especial de los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada— y, como consecuencia, el ínfimo despliegue y mínima efectividad de las estrategias de restitución de derechos.

Cabe señalar que la ley 13.298 determina que el Estado debe ser representante y garante de los derechos y debe gestionar políticas integrales que protejan a la niñez. Sin embargo, sólo en el último año la CPM relevó el cierre de programas y hogares en toda la provincia, entre ellos el Arrullo, único hogar para madres adolescentes en situación de calle.

A su vez, los hogares convivenciales que existen están, en su mayoría, en malas condiciones materiales y se denunciaron también situaciones de violencia y malos tratos. A esto debe sumarse la crisis del sistema de salud en cuanto a la atención de la salud mental de NNyA; además de la carencia de recursos humanos y materiales (móviles, edificios propios, entre otros) y la falta de capacitaciones para el personal.

La resolución de la Suprema Corte incluye el reclamo de medidas activas por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Desarrollo Social, los intendentes y direcciones de Niñez de los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada.

“Mientras el Estado nada hace por garantizar el funcionamiento de los dispositivos de atención y contención que deben ser creados a partir de la ley, se fortalece la impronta represiva y el discurso punitivista que justifica prácticas arbitrarias e ilegales sistemáticas de las fuerzas de seguridad. Los NNyA con derechos vulnerados son uno de los principales eslabones de esa cadena punitiva.

En ese marco se inscribe también los intentos de reforma regresiva del sistema penal juvenil en la legislatura provincial, que no soluciona ninguno de los problemas que dice solucionar. Por lo contrario confirma el sesgo punitivista, la persecución y el encierro como única política pública para la niñez. La posición de la CPM fue siempre la misma: los problemas sociales requieren de políticas públicas integrales tendientes a garantizar el acceso a los derechos de toda la población”, expresaron desde la Comisión.

A su vez, la CPM remarcó que tras la resolución de la Corte, el Estado provincial tiene ahora la obligación de responder por los niños, niñas y adolescentes que están en riesgo, y debe garantizarles dispositivos y programas para el ejercicio pleno de sus derechos.

 

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