Red Eco Alternativo ***

El Polaquito y cómo la TV violó los derechos del niño

Una enorme repercusión mediática alcanzó el programa Periodismo Para Todos de Jorge Lanata, en el que mostraba a un niño de 11 años, “El Polaquito”, hablando de supuestos delitos que había cometido. Sin embargo, tanto su madre como el Movimiento de Trabajadores Excluidos, organización con trabajo en el barrio donde vive, desmintieron el relato y denunciaron a la producción del programa y al Estado. Compartimos el comunicado de la Red #ArgentinaNoBaja  y la entrevista realizada por Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Comunicado de la Red #ArgentinaNoBaja sobre el Informe del programa “Periodismo para todos” de Jorge Lanata.

Frente a los hechos de público conocimiento en la presentación de un informe malicioso del programa Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata, repudiamos la utilización violatoria de los derechos de niñas,  niños y el adolescentes establecidos en nuestra Constitución Nacional, en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), en la Ley de Protección Integral de los derechos de niñas, niñas y adolescentes (26.061) y en los tratados internacionales que se refieren al tratamiento mediático de dicha población.

Nos sumamos al reclamo para que se resuelvan y esclarezcan las gravísimas denuncias realizadas por el MTE (Movimiento de los Trabajadores Excluidos), y su principal referente frente a la metodología y al contexto en la que realizó la entrevista al niño de 11 años presentado en ese “informe”. Así como también exigimos a todas las autoridades competentes en el tratamiento periodístico relacionado a la infancia a que tomen las medidas y sanciones necesarias en la violación de estos derechos básicos del niño.

La reproducción y sistemático avance de los grandes grupos de medios hegemónicos se lee como una clara postura hacia generar el consenso social que prepara el terreno para la baja de edad de punibilidad. Una complicidad con el Gobierno y el Ministro de Justicia Germán Garavano que desoyendo las recomendaciones de la gran mayoría de los expertos consultados de manera oficial, junto a nuestra Red Argentina No Baja que dicen de manera clara que bajar la edad de punibilidad no soluciona nada, que el Régimen Penal Juvenil debe ser modificado pero de acuerdo a los estándares de derechos humanos internacionales y nacionales que están contemplados en nuestra Constitución.


Consideramos que bajar la edad de punibilidad de los adolescentes constituye una medida que es ineficaz en términos de solucionar la inseguridad, que incluso empeora la situación en vez de resolverla, que es inconstitucional porque es regresivo en términos de derechos humanos, y que culpabiliza a lxs adolescentes de los problemas que deben resolverse con la intervención del Estado social antes que penal.
Es por esto que entendemos cada vez importante que el Estado comience a intervenir para prevenir estos hechos, que no se obtiene desde las áreas penales, que actúan frente a los hechos consumados, sino desde las áreas educativas, desde las políticas que promueven la igualdad y la expansión de derechos. La cárcel no es la solución al problema.

Frente a ello volvemos a compartir los argumentos de por qué sostenemos que bajar la edad de punibilidad no es la solución:

 1) NO SIRVE: La propuesta de bajar la edad de punibilidad para lograr mayores niveles de seguridad, es una falacia ya que es ínfimo el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes, y menos aún de 14 y 15 años. Como ejemplo, el último informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires indica que en 2015, sobre 175 homicidios registrados en 2015 en la Ciudad solo 1 caso fue cometido por un adolescente menor de 16 años, mientras que 10 casos fueron cometidos por adolescentes entre 16 y 18 años (el 3,8% del total). En la Provincia de Buenos Aires, donde reside el 40% de la población del país, los datos muestran que de las causas penales iniciadas, sólo el 3,6% de los hechos son atribuidos a adolescentes de menos de 18 años, cifra residual dentro del espectro de delitos. Y dentro de ese 3,6%, sólo el 0,55% son homicidios, incluidos los culposos (Ver base de datos en https://www.mpba.gov.ar/estadisticas.html). La incidencia de delitos graves es ínfima  aún entre los adolescentes punibles (entre los 16 y 18 años) pese a su sobrerrepresentación en la prensa. Es ineficaz hacer una modificación sustancial en el código penal para incluir a una categoría de la población cuya incidencia estadística en las tasas de delito es ínfima.


2) EMPEORA la situación en vez de resolverla. Por la naturaleza de los delitos cometidos por los más jóvenes (delitos contra la propiedad y no contra las personas), aplicar políticas de endurecimiento penal es contraproducente. Los estudios sobre los países en los que esto se hizo muestran cómo estas políticas terminan reforzando y profesionalizando las prácticas delictivas en vez de disuadirlas.


3) UTILIZA a los adolescentes como “chivo expiatorio” de las situaciones de violencia, violación de derechos, pobreza, delincuencia, abandono de políticas del Estado que en realidad son los primeros en sufrir. Se estigmatiza a los adolescentes pobres mostrándolos exclusivamente como delincuentes (2 de cada 3 noticias en los medios que hablan de niños y adolescentes son policiales), cuando son los niños y adolescentes sobre los que más impacta la pobreza e indigencia, el recorte de las políticas educativas y de salud, la violencia institucional policial (son jóvenes las víctimas de gatillo fácil y quienes sufren hostigamientos, violencias y torturas cotidianas por parte de las fuerzas públicas en los barrios). Es necesario que el Estado garantice a todxs lxs pibxs educación, oportunidades concretas, trabajo para sus familias, promoción de sus derechos, las condiciones para que los adultos puedan ejercer su cuidado y protección.


4) CONFUNDE sobre el fondo de la cuestión: Es necesario distinguir dos discusiones que en el debate público aparecen entremezcladas: Una es la necesidad de establecer un Régimen Penal Juvenil acorde a los principios y estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia y derechos humanos, que derogue el actual decreto ley n° 22.278 dictado por la Dictadura en 1980, pues su vigencia constituye una situación de irregularidad que dio lugar a condenas de tribunales internacionales. Pero ello no implica de ningún modo bajar la edad de punibilidad. Un nuevo sistema penal juvenil respetuoso de los derechos y garantías de lxs adolescentes debe regir para  la franja de 16 y 17 años.


5) Es INCONSTITUCIONAL, al violar el principio de no regresividad, que implica que no se puede retroceder en un derecho. En el caso de la edad de punibilidad,  establecida en 16 años por el gobierno peronista en 1954, bajada a 14 durante la dictadura en 1980, y vuelta a establecer a poco de retornar a la democracia, en mayo de 1983, en los 16 años, volver a bajarla sería afectar los derechos de la franja de adolescentes de 14 y 15 años.
6) El Estado debe garantizar a los niñas niños y adolescentes por mandato constitucional y convencional de derechos humanos, todos sus derechos. En los casos en que a algún niño, niña o adolescente se le imputara la presunta comisión de un delito, lo que debe aplicarse son políticas de promoción y protección de derechos previstas en la Ley 26.061 y en las leyes provinciales de protección, por su situación de vulnerabilidad. Proponer la baja de edad de punibilidad mientras se vacían, desfinancian y cierras TODAS las políticas públicas de inclusión, lejos de una solución a la sociedad, es una hipocresía.


Por eso, somos muchos los que decimos #ArgentinaNoBaja.


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El Polaquito y cómo la TV violó los derechos del niño

polaquitoUna enorme repercusión mediática alcanzó el programa Periodismo Para Todos de Jorge Lanata, en el que mostraba a un niño de 11 años, “El Polaquito”, hablando de supuestos delitos que había cometido. Sin embargo, tanto su madre como el Movimiento de Trabajadores Excluidos, organización con trabajo en el barrio donde vive, desmintieron el relato y denunciaron a la producción del programa y al Estado. Desde el Enredando las Mañanas nos comunicamos con Manuel, integrante del MTE.

Manuel señala que la denuncia que están motorizando, tanto comunicacional como penalmente, tiene que ver con la violación brutal de los derechos más elementales del niño. “Nosotros -explica- lo que estamos denunciando es que se utiliza la situación de un nene vulnerable para hacer un producto televisivo, donde se lo muestra de una manera, donde se lo induce a decir cosas que no hizo”.

El integrante del MTE comparte que el Polaquito “es un pibe que fabula, que nosotros lo conocemos y generalmente inventa historias y están altamente relacionadas con estas historias de violencia y con algunos códigos que él maneja”. Manuel denuncia que el niño se encuentra en una situación de extrema  vulnerabilidad y que “el Estado, en vez de intentar contenerlo e intentar buscarlo, lo entrega de alguna manera, pasa la información a la producción del canal, concilia una reunión para que le hagan esta entrevista y lo induzcan a decir un montón de cosas que él no hizo”.

Esta situación no sólo violó el derecho a la intimidad y a la identidad del niño, sino que además, lo puso en un serio riesgo, ya que “le ha creado una confusión a él, un montón de problemas, porque se lo reconoce, porque en el barrio lo reconocieron, porque el blureado es bastante pobre, utilizaron la voz y el apodo original de él, y un montón de cosas que lo único que hacen es estigmatizarlo más y ponerlo en una posición de delincuente cuando no es nada más que un nene con problemas, con conflictos, con cosas que solucionar”.

Es inevitable vincular la exposición de “El Polaquito” en el programa de televisión con el debate mediático azuzado por el gobierno nacional en torno a la baja de la edad de imputabilidad y con el accionar de la policía de Lanús que, explica Manuel, “ya viene teniendo una política de hostigamiento con los menores en el barrio de Caraza, y con algunos antecedentes con respecto al tema”. Pero desde la organización hacen hincapié en que la entrevista constituyó “directa y concretamente una violación de derechos del niño (…) Se utiliza su imagen con alguna intencionalidad, o de vender un producto televisivo o con alguna intencionalidad política. Más allá de eso, hay una violación concreta con respecto a los derechos del niño y con respecto a los derechos de este niño en particular, con lo cual por eso se radica la denuncia”.

Asimismo, afirma que desde el programa no hubo “una investigación seria ni que analiza toda las situaciones que llevaron al pibe a hablar de esa manera, que además son mentiras, son fabulaciones, (…) lo fueron llevando a inflar el pecho y a sentirse más capo (…) después ahí el programa lo utilizó para querer enviar un mensaje y mostrar a un nene como un delincuente”.

La realidad cotidiana del “Polaquito”

La preocupación de Manuel tiene que ver con una realidad que viven cotidianamente muchos niños y niñas del conurbano bonaerense y en los territorios donde la organización desarrolla su actividad, pero en particular, con el Polaquito, y explica: “Es un chico con el que se viene trabajando, que viene teniendo conflictos con la autoridad, que ha tenido problemas con la policía municipal, que perdió la escolarización desde muy pequeño, que la familia viene pidiendo ayuda en el municipio y buscando escuelas que no lo están pudiendo aceptar porque dicen que no tienen las herramientas para poder contenerlo. Es un pibe que tiene problemas de salud emocional, que está con problemas graves y que fue utilizado para esto”.

Sin embargo, claramente las organizaciones sociales no tienen las herramientas ni recursos para cumplir una tarea que debería sostener el Estado y que excede al niño expuesto. “No es solo un caso, hay muchos pibes que están en situaciones complicadas en el barrio y hay muchos pibes que perdemos por el tema de la droga, y por un montón de cosas, donde a veces tenemos éxito con algunos chicos que logramos que no entren en la droga, o que se puedan rescatar, con otros pibes a veces cuesta y no se puede”.

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