Más que cárceles, necesitan utopías

La  muerte del joven Brian (14), alcanzado por un balazo en la cara en medio de un robo callejero, que fue atribuida a otro Brian (15) reinstaló el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad de los menores. ¿A qué edad imputamos a un pequeño? ¿A los 14 años? Parece no ser suficiente. ¿Quizás a los 12? ¿Hay discernimiento en esas edades? ¿Sabe un niño diferenciar lo bueno de lo que no lo es? ¿Lo prohibido de lo permitido? Red Eco Alternativo.

 (Red Eco) Argentina- El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, manifestó esta semana como fundamento para abrir un debate sobre la necesidad de bajar la edad de imputabilidad de los menores: "La evidencia por muestreo indica que a partir de los 15 años hay una fuerte incidencia al delito en los jóvenes, muchas veces son delitos menores y se invisibiliza el problema".

Ante las opiniones del funcionario de gobierno, María Ángeles Misuraca, integrante del Departamento de Protección y Acceso a la Justicia de Unicef, aseguró: "Bajar la edad de imputabilidad de los menores es dar un paso atrás, retroceder. A Unicef le interesa que, a cambio, se trabaje en la ampliación de medidas alternativas a la privación de la libertad".

Este debate reaparece como reacción a casos concretos que, como el de Brian, sacuden a la sociedad con lógica bronca y dolor. Sucedió de la misma forma con el caso Axel Blumberg, asesinado en 2004 por sus secuestradores, hecho que devino en la conocida Ley Blumberg impulsada por su padre, a partir de la que se cambiaron penas y se hicieron remiendos al Código Penal.

Para Alejandro Morlachetti, experto internacional en Justicia Penal Juvenil,  no se puede pensar en leyes o hacer una política penal juvenil basadas en casos concretos: “Es entendible la molestia y exigencia de la gente pero hay que dar respuestas de Estado y no impulsadas por una cuestión emocional a partir de casos concretos (lo que ha sido en las últimas tres o cuatro décadas). Esos hechos se deben lamentar, se deben asistir a las victimas pero lo que hay que reflexionar es por qué seguimos teniendo casos concretos”.

Para el consultor de Naciones Unidas y Unicef, nuestro país tiene una larga deuda ya que posee una ley de justicia penal juvenil muy antigua cuya base viene de la última dictadura cívico-militar con varias reformas posteriores, y que ha sido objeto de impugnación por el sistema internacional y también por parte de la Corte Suprema de Argentina.

Morlachetti, perito en temas de Niñez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asegura que no se puede empezar por debatir primero la edad. “El lugar por donde hay que empezar es preguntarnos qué pasa con el tema juvenil, cuáles son las causas de los delitos, cuántos son los delitos que se comenten; tener estadísticas claras a nivel nacional y una vez que tenemos todo eso preguntarnos, además, cuáles son los instrumentos y cuáles son las alternativas y los mecanismos que vamos a poner a disposición. Una vez que uno dice, tengo  una política de justicia penal juvenil, tengo una cantidad de herramientas y mecanismos para atender casos de niños que pueden entrar en conflicto con la ley penal o cómo prevengo diferentes casos que tienen que ver con posibles casos futuros de conflictos con la ley penal, después de todo eso y de discutir una ley en todas sus partes sustantivas y qué presupuesto voy a dedicar para la prevención, recién ahí podríamos sentarnos a discutir el tema de la edad. No hay soluciones mágicas, ni subir ni bajar ni modificar la edad va a cambiar comportamientos. Es imprescindible entender cuál es el fenómeno del delito juvenil, dónde nace, cómo nace y cuáles son las cuestiones que lo rodean”.

Para el especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, es imprescindible que el debate comience por analizar qué hacer en términos de prevención, luego abordar cuáles serán los mecanismos institucionales para los problemas que tienen los niños y jóvenes, y qué políticas debe desarrollar el Estado y con qué presupuesto, para recién ahí empezar a preguntarse por la edad de imputabilidad.

“La edad tiene que ver la posibilidad de reprocharle penalmente a un niño de menor cantidad de años un conflicto con la ley penal.  Pero la prevención es antes de la comisión del delito o para aquel que ya cometió un delito, no lo vuelva a cometer. La segunda cuestión a discutir es qué mecanismos  institucionales adecuados van a haber para diferentes graduaciones de problemáticas que presentan los niños, incluidas las adicciones, que sean no de encierro sino de recuperación verdaderos.  Discutidas cuestiones de fondo de las políticas y de presupuesto necesario para implementar a esas políticas, entonces podemos decir cuál es la edad más adecuada para esas premisas. Si empezamos al revés lo que estamos haciendo es que el problema  del delito se centre en el chico y en el joven”, afirmó .

Estigmatización de niños, niñas y adolescentes en tiempos electorales

“Comienza un año electoral y reaparecen los oportunistas que pretenderán instalar en la agenda el tema de la tan ansiada seguridad ciudadana bajo premisas superficiales y falsas, que no sólo no resuelven el problema, sino que además generan una brecha social más profunda y una estigmatización que actuará directamente en contra de los más desprotegidos, estigmatizando a vastos sectores de la población juvenil, aislándolos aún más, ampliando y profundizando una marginalidad que generará mayores niveles de violencia social”, comienza el comunicado hecho público por la CTA Autónoma.

El documento repasa datos concretos que ponen en real magnitud hasta dónde los niños y jóvenes no significan la amenaza que pretende ser nuevamente instalada como parte del discurso de la inseguridad.

“De las estadísticas de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, se desprende que normalmente el delito juvenil asciende a un porcentaje que oscila en el 10 por ciento del total, del cual sólo el 1 por ciento refiere a delitos graves. La intervención de menores en delitos graves es estadísticamente baja como para justificar las reiteradas arremetidas de medios y políticos oportunistas contra los jóvenes”, detallan.

Hacen referencia a la idea que se instala desde un discurso punitivo acerca de la supuesta “puerta giratoria”, en particular relacionada a la forma en la que los menores de edad atraviesan el sistema judicial, que según el discurso de los medios de comunicación, no existe para ellos ni límites ni castigo.

“Eso es mentira”, afirman desde la central sindical. “La ley penal juvenil hoy permite procesar y condenar a menores de entre 16 y 18 años, la mayoría de las veces con una pena reducida, pero incluso pueden ser pasibles de la pena de los adultos (lo que ha sido reiteradamente cuestionado por no atender a la etapa evolutiva adolescente). Por otro lado, los menores de 16 años imputados de un delito, son pasibles de medidas de seguridad (que aunque de dudosa constitucionalidad) han sido avaladas por los tribunales. Frente a la comisión de delitos graves, la respuesta estatal (policial y judicial) es muchas veces la detención (aún preventiva) y esos jóvenes son procesados, sometidos a juicio oral u otras alternativas y, muchas de esas veces, condenados a penas de prisión de cumplimiento efectivo”, agregan.

No es con el Código Penal que se encontrarán las respuestas a los problemas sociales y así lo entienden desde la organización sindical: “Justificar respuestas a la inseguridad a partir de mayores penas hacia los menores de edad es una respuesta falaz, que yerra en el diagnóstico del verdadero origen de la problemática que se pretende abordar y obtura la posibilidad de implementar políticas públicas que terminen con la exclusión social. La restitución del derecho a vivir seguros debe ser garantizada a todos los ciudadanos, pero principalmente a los niños, niñas y adolescentes”.

Imputabilidad penal de menores: El “derecho” a ser condenados

Es una nota de opinión, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) define la orientación de clase quela Justicia y el Estado ponen en práctica al momento de condenar a un menor:

“... Con las actuales leyes vigentes, ningún pibe, culpable o inocente, es impune si es pobre. Si tiene más de 16 años, va a juicio como cualquiera, sólo que lo juzga un tribunal que tiene un cartelito en la puerta que dice ´Menores´, y, en lugar de ir a una cárcel, va a un instituto, como el Rocca, el San Martín o el Belgrano, donde el mismo cartelito es la única diferencia.

Y si tiene 13, 14 o 15 años, es todavía peor. Es cierto que no se lo juzga ni se le aplica una pena, porque es ´inimputable´, pero el juez tiene la potestad de decidir que debe ser internado en algún instituto, o, si tiene suerte, es adicto y hay cupo, en alguna comunidad terapéutica. En uno u otro caso, en algún momento va a salir, abusado, violado, embrutecido, mucho más adicto de lo que entró, y listo para que lo fusile el primer policía con el que se cruce en el barrio.

O no va a salir nunca, como Ariel Llanos, Marcelo Zafatle, Néstor Salto, Germán Medina, Rodolfo Arancibia, María del Carmen Venencio, Marcos Dunda, Maximiliano Rodríguez, Luis Ordóñez, Fabián Lucero, Jonathan Retamoso, Marcelo López Pavón, Santiago Romano, Juan David Fernández, Santiago Romano, Guillermo Palleres, Micaela Romero, Diego Borjas, Maximiliano Graziano, Lucas Simone y muchos otros pibes y pibas muertos en alguno de esos lugares ´de protección y contención´ en todo el país. Dicho sea de paso, ninguno de ellos había cometido un hecho de sangre. Muchos, como Germán Medina, ni siquiera habían sido acusados por un delito, sino que estaban internados por razones ´asistenciales´, para satisfacer ´necesidades morales y materiales´ que sus familias no podían proveer, y que el Estado resolvió matándolos”.

Más dolor al dolor

En abril del año 2009 publicamos en Red Eco un artículo a propósito de este debate sobre la baja en la edad de imputabilidad, escrito por Claudia Cesaroni,  abogada integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)

“Los pibes de 14 y 15 años a los que se pretende incluir en el sistema penal son, como la inmensa mayoría de las personas privadas de libertad, parte de un grupo social vulnerado en sus derechos, son pobres y están excluidos”, comenzaba la nota titulada Mas dolor al dolor.

Quisimos, para terminar esta nota, rescatar la primera parte de aquel texto en el que Cesaroni afirmó: “No es verdad –no lo es para mí aunque lo diga una persona tan respetable como el juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni- que lo mejor que podemos ofrecerle a un adolescente de 14 ó 15 años al que se acusa de cometer un delito, sea el sistema penal.  No lo es porque las garantías jurídicas que les prometemos ya las tienen los mayores de 16, y eso no implica que el sistema penal haya dejado de ser selectivo, discriminatorio y estigmatizante (...). Además de ser selectivo, discriminatorio y estigmatizante, el sistema penal se caracteriza por su inutilidad para resolver conflictos, y porque agrega dolor al dolor. Aunque sea un sistema penal de menores, no pierde estas características. Peor, las aumenta, porque la vulnerabilidad de los adolescentes es mayor que la de los adultos. Esto es absolutamente claro y comprobable simplemente yendo a las cárceles e institutos donde esos jóvenes están, y escuchándolos”.

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Penalidades. Por Alberto Morlachetti

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Estigmatización de niños, niñas y adolescentes en tiempos electorales.  Por CTA Autónoma

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