Red Eco Alternativo ***

La Ley Antiterrorista se agrava


Organizaciones sociales y de derechos humanos criticaron el envío de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional cuya finalidad es la de reforzar la capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes los financien, en los que se elevaría al doble la pena aplicable.

Estas reformas son exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, uno de los organismos financieros que integran el sistema encabezado por el FMI) como condición para considerar a la Argentina como un destino seguro de Inversiones Externas Directas.
Desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre señalan.que: “El proyecto (presentado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el jefe de gabinete, Aníbal Fernández) agrava la ley vigente (la 26.268, sancionada, contra la opinión de todos los organismos de derechos humanos y numerosas fuerzas populares, en 2007) puesto que propone nada menos que ´duplicar´ todas las penas que pudieran corresponder en una continuación de la lógica de Blumberg que ha llevado nuestro Código Penal a ser una máquina de encarcelar pobres y luchadores sociales, generando una crisis carcelaria que no tiene solución con esta política (…). Al contrario de este rumbo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre insiste en el tratamiento legislativo del llamado proyecto Baigún, que propone una reforma integral del Código Penal en una dirección opuesta a la marcada por Blumberg, Alak y Fernández”.
En tanto, en un comunicado conjunto, la Asociación Civil Por la Igualdad y la Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro de Estudios de Políticas Públicas para el Socialismo afirman que “el hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público”.
Manifiestan que esta reforma implicaría, además, “graves riesgos para las organizaciones que presten apoyo a los movimientos sociales, ya que podrían ser consideradas como autoras del delito de financiamiento al terrorismo, en caso de que reciban, recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de organizaciones sociales cuyas protestas sean consideradas acciones terroristas”.

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