Red Eco Alternativo ***

Sin respuesta

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Hoy venció la segunda prórroga que le pidió el Estado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para resolver la situación de los jóvenes condenados a prisión perpetua por delitos que cometieron cuando aún eran menores de edad, investigar las torturas que sufrieron, y la muerte de Ricardo David Videla Fernández.


La recomendación del organismo incluye indemnizarlos como víctimas de violación de derechos humanos. Si el Estado no responde, ni resuelve, el caso irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, Lucas Matías Mendoza en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz; César Alberto Mendoza y Claudio David Núñez en la Unidad 4 de Santa Rosa, La Pampa; y Saúl Cristián Roldán Cajal y Diego Arce en la Cárcel de Almafuerte, Cacheuta, en Mendoza, continúan esperando sin, siquiera, tener una sola salida transitoria.
Ricardo David Videla Fernández, fue el primero de los menores cuya condena a perpetua motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, murió con un cinturón al cuello el 21 de junio de 2005, en una celda del módulo 11 A de máxima seguridad de la Penitenciaría de Mendoza. Según el Servicio Penitenciario, los guardias lo encontraron colgado de su cinturón. La pericia probó todo lo contrario: las marcas en el cuello indicaron que fue ahorcado desde atrás jalando con un cinturón. Unos días antes, Videla Fernández había escrito dos cartas en las que pedía el cambio de prisión porque tenía miedo de que lo mataran.
La denuncia ante la Comisión por los casos de Claudio Núñez, Lucas y César Mendoza, fue realizada por la defensora general de la Nación, la Doctora Stella Maris Martínez. Los tres fueron condenados a penas de reclusión / prisión perpetua, por delitos que cometieron cuando aún eran menores de edad.
El 26 de abril pasado, Luz Patricia Mejía, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, participó en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal, Derechos Humanos y Garantías y Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados de la Nación. Asistieron también representantes del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, quienes leyeron una carta escrita por Lucas Mendoza, condenado por el Tribunal Oral de Menores Nº 1 de la Capital Federal a la pena de Prisión Perpetua por hechos cometidos cuando tenía dieciséis años de edad y alojado actualmente en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.
Allí, Lucas cuenta: “Me resulta difícil explicar con palabras, lo que siento, lo que pienso, hay un dato que quiero destacar: me condenaron a una pena que era mayor a la edad que yo tenía, me mataron en vida, hoy con treinta años y un hijo de cuatro, con casi ceguera avanzada por desprendimiento de retina "ojo izquierdo producto de un golpe", ojo derecho, por cicatriz de toxoplasmosis.
La mayoría de los elementos que hace a una vida normal, uso de celulares, internet, etc., los conozco de forma indirecta, por comentarios. Mi vida se quedó en el tiempo, me siento una persona totalmente disocializada. Toda mi posibilidad de socialización está limitada a mi familia y a los internos con los que comparto el encierro.
No voy a eludir la responsabilidad de los hechos que me trajeron a la cárcel, solamente quiero destacar que era menor, que no tenía la suficiente madurez como para medir las consecuencias de mi comportamiento. Este es uno de los motivos para que los menores reciban un trato penal diferente”.
La Convención Internacional de los Derechos del Niño establece en su artículo 37 inciso a): “No se impondrán la pena capital ni la prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años”. Argentina es el único país de Latinoamérica que tiene menores de edad condenados a la pena máxima.
Recomendaciones que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado Argentino, el 18 de noviembre  de 2010.

 

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