Alberto Fernández derogó el DNU para intervenir y expropiar Vicentin

“El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa”, argumentó Alberto Fernández en un hilo en Twitter con el que realizó el anuncio. Cargó la responsabilidad sobre el juez Fabián Lorenzini y los integrantes del directorio por lo que suceda con la cerealera, e instruyó a los funcionarios a que “recuperen los bienes del Estado” comprometidos. .

(Por Indymedia Trabajadoras/es) Argentina- El nuevo DNU, que deroga el anterior, fue presentado el mismo día que concluyó el allanamiento de la empresa ordenado por el juez federal Julián Ercolini buscando acceder a los balances y libros contables para comprobar si existió fuga de divisas y casi al mismo tiempo que otro juez federal, Aldo Arrualde, de Reconquista, aceptase la competencia del DNU y le ordenase a Lorenzini que deje de actuar, en un fallo que inmediatamente devino abstracto.

El futuro de la empresa entra en un cono de sombra, con el tendal de miles de acreedores, muchos de ellos pequeños y medianos productores, y otros tantos miles de trabajadores junto a sus familias pendiendo del hilo de las decisiones de un juez -Lorenzini- que hasta ahora no hizo más que actuar como escudo defensivo de los responsables del desfalco.

Esta tarde, tras anunciar más temprano por televisión la extensión de la cuarentena hasta el 16 de agosto, el titular del Poder Ejecutivo anunció sorpresivamente vía Twitter la derogación del DNU 522/2020 que había ordenado la intervención de la empresa cerealera Vicentin S.A.I.C. por 60 días.

Fernández argumentó la medida en las imposibilidades de que el Estado pudiera “conocer cuál es el pasivo real de la compañía” por las resoluciones del juez que interviene en el concurso, Fabián Lorenzini, quien había decidido mantener a los antiguos directores de la compañía.

“El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”, escribió el Presidente en su cuenta oficial de Twitter.

Alberto Fernández 
@alferdez
Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días.

Además, anunció que había dado “instrucciones” a los organismos públicos involucrados en el tema para que “realicen las acciones civiles, comerciales y penales” que “permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo” y otorgados durante el Gobierno anterior y “dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”.

Al argumentar la derogación, Fernández señaló que el Estado Nacional “no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”

En ese sentido, el jefe de Estado sostuvo que su “intención” fue “siempre rescatar a la empresa, preservar los activos y mantener las fuentes de trabajo” y que la “obligación” del Estado es que se “investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”.

“La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”, sostuvo el mandatario, al referirse al decreto que firmó el mes pasado, cuando nombró a Gabriel Delgado como interventor por un plazo de 60 días, hasta que luego el juez diera lugar al reclamo de sus dueños y restituyera a a su directorio.

En esa resolución, el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista aceptaba restituir la administración de la empresa Vicentin SAIC a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgaba el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo.

“En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, concluyó el Presidente.

De la expropiación al fideicomiso

El 8 de junio, el Presidente anunció, también sorpresivamente, la intervención de Vicentin y el envío de un proyecto de ley al Congreso para la declaración de la utilidad pública y la expropiación de la cerealera, que en diciembre de 2019 había entrado en “estrés financiero” y cesación de pagos dejando un tendal de acreedores entre los cuales se cuentan el Banco Nación, con 300 millones de dólares, la Asociación de Cooperativas Argentinas ACA, con u$S 90 millones, y varias entidades crediticias internacionales.

Un día después se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020 en el Boletín Oficial, que estableció la intervención, y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo viajaron a la localidad santafesina de Reconquista para reunirse con el juez en lo Civil y Comercial Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso de acreedores.

Allí los recibió de forma hostil un grupo de manifestantes de la coalición Cambiemos / Juntos por el Cambio, de la cual la empresa Vicentin fue la principal aportante de campaña y que hoy tiene a varios funcionarios de alto rango investigados por “graves delitos” cometidos mediante maniobras en perjuicio de la entidad pública por “créditos millonarios en dólares irregularmente otorgados a Vicentin SA”.

El conjunto de medios hegemónicos que actuó como brazo comunicacional de Cambiemos durante su gobierno (Grupo Clarín, La Nación, Infobae, América, entre otros) y que hoy los continúa representando aún fuera del gobierno, presentó las manifestaciones hostiles a la intervención de Vicentin organizadas por este espacio político como “puebladas”.

Ese mismo conjunto de medios invisibilizó sistemáticamente las manifestaciones de los trabajadores aceiteros y desmotadores -junto a otros sectores- en apoyo a la medida, como la muy grande que tuvo lugar el 9 de Julio en Reconquista y otras localidades.

Tres días más tarde, Fernández recibió a los directivos de la empresa Vicentin, tras lo cual delegó la gestión del proceso en el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti.

El gobernador Perotti, del ala derecha del Partido Justicialista e históricamente ligado a sectores patronales ruralistas, no contemplaba con simpatía la idea de expropiación, por lo que buscó impulsar un proyecto al que llamó “superador” con participación de distintos sectores productivos.

En este marco, el gobierno de la Provincia, mediante la Inspección de Personas Jurídicas, le solicitó al juez Lorenzini que interviene en el concurso de acreedores, la “conformación de un Órgano de Intervención” durante todo el plazo que se extienda el proceso judicial para dirigir la empresa, lo que serviría para que, sin tener que contemplar una instancia de expropiación, el Estado pudiera tomar el control de la empresa.

Más allá de las simpatías del gobernador hacia la figura de la expropiación, la presentación de Personas Jurídicas fue contundente e incluyó información clave, ausente hasta ese momento en la causa, que permitiría avanzar hacia la estructura de Vicentin Family Group, un conjunto de sociedades en su mayoría offshore y de reciente creación, que constituyen la red por donde se habrían fugado los cientos de millones de dólares ahora ausentes en las cuentas de Vicentin SAIC, la empresa original.

Sin embargo, ese mismo día, Lorenzini en un fallo exprés y muy cuestionado jurídicamente, desestimó el DNU sin declararlo inconstitucional -se declaró incompetente-, pero actuando como si lo hubiera hecho le devolvió la administración de Vicentin SAIC al mismo directorio que llevó a la empresa a la cesación de pagos, y derogó a los interventores designados por el Poder Ejecutivo al rol de veedores.

Este fallo es el que el juez federal de Reconquista Aldo Arrualde cuestionó duramente en una resolución dictada este mismo viernes, que los medios hegemónicos prolijamente ignoraron.

En el mismo, Arrualde aceptaba la competencia para tramitar el DNU 520/2020 y haciendo lugar a la inhibitoria planteada, requería al Juez Lorenzini que acepte la misma, se abstenga de continuar interviniendo y remita la totalidad de las actuaciones que dieron lugar al dictado de la medida autosatisfactiva y declaración de incompetencia del 19/06/20 y todo lo relacionado al planteo de inconstitucionalidad del DNU 522/2020.

Sin embargo, por la decisión de Alberto Fernández, el fallo en pocas horas se volvió abstracto.

Las otras causas

Paralelamente al concurso que conduce Lorenzini, otras causas, casi completamente opacadas por el blindaje mediático, siguen su curso.

La primera es la causa penal que llevan el juez federal Julián Ercolini y el fiscal federal Gerardo Pollicita en la que se investigan “graves delitos” cometidos por integrantes del directorio del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri y directivos de las empresas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA mediante maniobras en perjuicio de la entidad pública por “créditos millonarios en dólares irregularmente otorgados a Vicentin SA”.

En esta causa el fiscal Pollicita pidió que se ordene la inhibición de bienes al ex presidente y vice del Banco Nación bajo el gobierno de Mauricio Macri, Javier González Fraga y Lucas Lach, a ex directivos y gerentes de la entidad y a ocho directores del grupo Vicentin, entre ellos sus actuales presidente y vice -Daniel Buyatti y Alberto Macua-, y el CEO, Sergio Nardelli.

La segunda es la investigación penal abierta el pasado 20 de julio por el fiscal provincial de Santa Fe Miguel Moreno para determinar si los directivos de Vicentin conformaron una asociación ilícita para estafar a proveedores y entidades financieras, a partir de una denuncia presentada la semana anterior por el abogado Gustavo Feldman, quien busca que se investigue si los directivos de la cerealera organizaron un plan para llevar adelante una estafa a través del llamado “esquema Ponzi”, una suerte de pirámide especulativa por el cual se apalancan las últimas operaciones con las primeras.

La tercer causa es la que se tramita en Nueva York, Estados Unidos, donde los acreedores extranjeros de Vicentin solicitaron la intervención del FBI y la justicia dispuso una medida denominada “Discovery” que apunta a descubrir dónde fue a parar el dinero que desapareció de la empresa. Esos acreedores, entre los que se cuentan algunos muy influyentes como el Rabobank y el FMO (Países Bajos) y la Corporación Financiera Internacional (Grupo Banco Mundial, Washington), declararon haber sido víctimas de una estafa internacional de largo alcance.

En su columna de esta mañana, el periodista Alejandro Bercovich se preguntaba por qué esos acreedores se muestran “tan pasivos” en el concurso local. “¿Lo darán por perdido mientras se mantenga en manos de Lorenzini, por los múltiples lazos que lo atan a Vicentin?”

De los dos lados del mostrador

Uno de esos lazos que unen al titular del Juzgado Nº 2 de primera instancia en lo Civil y Comercial de Reconquista con la empresa son los créditos millonarios del Banco Nación, sobre los que dictaminaba hasta hace corto tiempo como apoderado en la sede reconquistense de la entidad.

En efecto, Fabián Lorenzini tiene alrededor de un año y medio como magistrado pero en los 20 años anteriores -desde 1999 hasta noviembre de 2018- fue empleado del Banco Nación en la sucursal de la misma ciudad santafesina y firmó dictámenes sobre empresas del grupo.

De este modo, el ahora juez hoy está fallando sobre una empresa que fuera su cliente, pero además, el Banco Nación tiene certificada su firma en decisiones sobre empresas del Grupo Vicentin. A modo de ejemplo, Buyanor (dictamen 141 de fecha 27 de abril del 2018), Biogas Avellaneda (dictamen 210 de fecha 9 de octubre del 2018) y Renopack (dictamen 218 de fecha 26 octubre 2018).

Todas de reciente constitución: Renopack, constancias de inscripción 22 de mayo 2018, Biogas Avellaneda, constancias de inscripción 27 de octubre 2017 y Buyanor data del año 2015.

No es ni de lejos la única irregularidad, ni la más notoria.

En este sentido se destaca la ausencia del Balance 2019 de Vicentin SAIC, sin la cual ni siquiera se debería haber dado inicio al concurso en febrero pasado.

En cambio, Fabián Lorenzini aceptó de parte de la empresa un resumen contable sin valor legal.

Sólo cuando en junio los representantes del gobierno y de los acreedores externos lo reclamaron, al tiempo que trascendió mediáticamente la irregularidad, Lorenzini le pidió al síndico del concurso que requiriera a la empresa la presentación del balance que no aparece.

Los aún directores Cristian Padoan y Martín Colombo respondieron que “el Directorio ha concluido que bajo las circunstancias en las que se encuentra la sociedad, tramitando su concurso preventivo y próximo a producirse los informes más relevantes del proceso, de verificación de créditos y el general, aparece de toda prudencia postergar la producción de esos documentos contables, para que se compadezcan adecuadamente con las actuaciones que se cumplirán en el trámite concursal y cuándo éstas hubieran agotado su Instancia”, confesando que los entregarán cuando puedan terminar de dibujarlos para que no haya incongruencias con el supuesto “stress financiero”.

Consistentemente con lo declarado por Padoan y Colombo, el Balance 2019 aún no fue presentado.

Muchas otras irregularidades llegó a describir la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), tanto que armó tres informes con lo recabado en el breve lapso en el que pudo actuar, esto es, mientras duró la intervención, antes que Lorenzini le devolviera tan pronto como pudo el control al directorio vaciador. Quizás el apuro no fue pensando en sus conocidos, sino en sí mismo.

El naufragio del fideicomiso

Con el directorio repuesto, el juez Lorenzini habilitó audiencias de “conciliación” en las que el gobierno de la Provincia le presentó a la empresa la propuesta de “salvataje” a través de un fideicomiso mixto, en el cual el directorio actual se correría de forma voluntaria e inmediata.

Sin embargo, y a pesar del optimismo desplegado por los funcionarios provinciales después de esa primera audiencia, la alternativa se fue diluyendo en las dos semanas siguientes.

Mientras algunas voces, como la del director del Banco Nación Claudio Lozano y el economista Sergio Arelovich, expresaban críticas sobre la posibilidad de que esta vía garantizara la impunidad de los responsables del fraude, por su parte los integrantes del directorio endurecieron posiciones, negándose a entregar el control de la empresa e incluyendo, incluso, la exigencia de que el gobierno les garantizara “inmunidad judicial”.

Tras la segunda audiencia, que tuvo lugar en el día de ayer, los funcionarios de la provincia dieron por caída la posibilidad de un acuerdo. “Es un capítulo cerrado”, declaró el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia.

El acuerdo se frustró al no aceptar los representante de la empresa las condiciones que quería imponer el gobierno provincial y el Ejecutivo nacional, que eran que los actuales directivos se apartaran de la conducción de la empresa y que transfieran las acciones de la empresa en fideicomiso en administración.

“Lamentablemente no hemos podido acordar”, aseguró Somaglia, quien relató que las dos condiciones que pretendía llevar adelante tanto el Estado Nacional como la Provincia, era que “los directores actuales se apartaran inmediatamente de sus cargos y han decidido no hacerlo”, al tiempo que relató que “en relación a las acciones que pedíamos que sean transferidas en fideicomiso en administración tampoco se logra su cometido”.

Por este motivo, “hemos decidido dejar aquí la negociación” declaró el funcionario, tras marcar que esa “nuestra línea de tolerancia”.

El futuro de la empresa entra en un cono de sombra, con el tendal de miles de acreedores, muchos de ellos pequeños y medianos productores, y otros tantos miles de trabajadores junto a sus familias pendiendo del hilo de las decisiones de un juez -Lorenzini- que hasta ahora no hizo más que actuar como escudo defensivo de los responsables del desfalco.

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