Más poder para las Fuerzas Armadas

A través de la resolución 721/2016, Mauricio Macri modificó un decreto del gobierno de Raúl Alfonsín que implica el retorno a las FFAA de atribuciones que habían sido pasadas a control político en 1984 como la decisión de ascensos, traslados, designaciones, premios y la incorporación de retirados como docentes en espacios de formación.

Esta semana el gobierno nacional publicó en el boletín oficial la derogación del decreto 436/1984 firmado por el ex presidente Raúl Alfonsín, para reemplazarlo por la resolución 721/2016, que otorga a las Fuerzas Armadas más autonomía y poder. Automáticamente los organismos de derechos humanos salieron a repudiar esta medida. En declaraciones realizadas a ANRed, representantes de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) afirmaron: "el decreto es una política más de reconciliación con las Fuerzas Armadas que viene llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri (…). Este no ha sido el primer avance en materia de reconciliación, basta recordar la reunión mantenida entre el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, con el Centro de Estudios Legales del Terrorismo y Sus Víctimas, reconocida organización defensora de los militares genocidas”.
Este decreto se conoce en la misma semana que Macri anunció un incrementó del 9% - que se suma al 31% otorgado hace pocos meses - para retirados de Gendarmería y Prefectura, muchos de ellos provenientes de la dictadura. Además, en el marco del acto por el Día del Ejército, el presidente dijo en su discurso: “hemos comenzado una nueva etapa en la vida de nuestro país, la cual impulsa a dejar atrás enfrentamientos y divisiones”.
Desde las organizaciones que conforman el Encuentro Memoria Verdad y Justicia emitieron un comunicado en el que denuncian el “reforzamiento represivo que se oculta detrás del supuesto ‘reordenamiento administrativo’ del decreto 721 firmado por Macri”. En este punto aclararon que este “control civil” sobre las FFAA nunca resultó un obstáculo para que siguieran en actividad centenares de responsables de crímenes de lesa humanidad.
Entre las modificaciones que conlleva la resolución, el EMVyJ mencionó que ahora será el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA quien designará a los oficiales y suboficiales del Estado Mayor, a los militares retirados para funciones docentes y a los agentes civiles, a quienes autorizará sus cambios de destino: “También habilita la incorporación de personal retirado para cumplir ‘tareas docentes’, cobertura sistemáticamente utilizada para mantener a genocidas dentro de la estructura militar, como fue el caso del contralmirante Roberto Pertusio: acusado desde 2006 por delitos de lesa humanidad, continuó en funciones hasta 2008”.
Para el Encuentro, este decreto apunta a reforzar la alianza política con la corporación militar, tal como lo ensayaron otros gobiernos constitucionales anteriores frente a escenarios de grandes crisis sociales: “hoy, esta alianza tiene la mira puesta en la resistencia popular al ajuste del gobierno nacional y los gobernadores. Lo confirman los sistemáticos ataques policiales y judiciales contra los trabajadores de Tierra del Fuego, Mendoza, Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy y también en la provincia de Buenos Aires, con la represión a los trabajadores municipales en La Plata y el desalojo de los cortes de ruta de los obreros de Cresta Roja y Mascardi”.

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