Bochorno en Macrilandia

La  “toma de tierras” no fue la noticia con la que terminamos el año como se venía agitando desde Clarín. La fuga de tres condenados a cadena perpetua vinculados al tráfico de efedrina  y la catarata de decretos a los que, por fuera de lo que establece la Constitución Nacional, apeló el nuevo gobierno para incluso modificar leyes, es lo destacado. Por Mario Hernandez para Red Eco Alternativo.

(Por Mario Hernandez para Red Eco)  Argentina - “La reposición del sentido del orden es una materia pendiente en la sociedad y en la democracia”, afirmó  Eduardo van der Kooy, en su nota del diario Clarín del 23 de diciembre pasado.
Esta idea entronca con el fantasma de la toma de tierras que pronosticaron Nicolás Wiñaski y este multimedio.  Sin Embargo la noticia de final del año no fueron las ocupaciones de tierras sino la fuga de tres condenados a cadena perpetua, vinculados al aparato político del PJ bonaerense y a la “mejor policía del mundo”, por haber cometido el llamado Triple Crimen de General Rodríguez.
El caso desnudó la lucha de camarillas de un régimen político descompuesto, entrelazadas con el delito organizado, la policía bonaerense, el aparato político del PJ y las mafias carcelarias que han gobernado y gobiernan la provincia de Buenos Aires.

Gatopardismo
¿Qué pasos había dado María Eugenia Vidal y su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, para modificar esta situación?
Habían confirmado a César Albarracín para administrar el Servicio Penitenciario. Albarracín era parte del riñón íntimo de Ricardo Casal, el ministro de Justicia del ex gobernador Daniel Scioli.
El reemplazante del jefe de la Policía, Hugo Matzkin, fue Pablo Bressi y Cristian Ritondo, acordó con Alejandro Granados, su antecesor, la continuidad del resto de la jefatura de La Bonaerense.
Bressi, de 49 años, fue jefe de tres comisarías en el Conurbano (Ramos Mejía, La Matanza y Morón) y durante varios años prestó servicio en el Grupo Halcón y la División Antisecuestros.
En 1999 tuvo un papel clave en la toma de rehenes en el Banco Nación de Villa Ramallo: fue el hombre que negoció la “entrega” de los delincuentes. La toma terminó en una masacre.
En Ramallo tres ladrones, con la complicidad de la Policía –tal cual se demostró luego en el juicio–, quisieron robarse 300 mil pesos de la sucursal. Cuando llegaron las fuerzas de La Bonaerense, el episodio terminó con centenares de uniformados abriendo fuego sobre un auto que intentó salir del lugar. El saldo fue el asesinato a sangre fría de dos de los ladrones y dos rehenes: el gerente y un contador.
En marzo del año pasado, Granados, lo había designado Superintendente de la división más importante de narcotráfico de la fuerza.
Para Marcelo Saín y para el periodista Ricardo Ragendorfer, Bressi es un tipo puesto por la Embajada norteamericana y tiene el visto bueno de la DEA.

Y Ritondo…
Ex presidente de la Legislatura porteña, Cristian Ritondo, comenzó haciendo política como puntero justicialista del barrio de Mataderos.
Su caballito de batalla es la seguridad. Fue uno de los que más insistió en exigirle al Estado nacional el traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, como acaba de ocurrir.
Su padrino político es Miguel Ángel Toma, ex secretario de Seguridad Interior durante el menemismo y ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) , durante la gestión de Duhalde.
Pero sus relaciones con personajes oscuros de la política no terminan ahí. Quien lo inició en la política fue Carlos Grosso -Intendente de la Capital Federal entre 1989 y 1992-, que lo nombró Secretario de Juventud de su gobierno. Ahí conoce a Toma, quien lo adopta y lo lleva a la SIDE. Fue viceministro del Interior en el gobierno de Eduardo Duhalde (2001-2003) y luego, ya enrolado en las filas del PRO, diputado nacional (2006-2007). En el 2007 fue elegido legislador porteño.
Ritondo es uno de los tanto políticos que el PRO nos quiere vender como “la renovación en la política”. Evidentemente su trayectoria demuestra lo contrario.

El New York Times critica a Macri
“Las últimas medidas económicas tomadas por Mauricio Macri, instrumentadas por decretos de necesidad y urgencia (DNU), a espaldas del Congreso de La Nación, han producido una transferencia de recursos sobre todo a los sectores del campo, que perjudica a las clases más necesitadas”, afirma el New York Times en su edición del 28 de diciembre del pasado 2015.
El autor del artículo citado, Jonathan Gilbert del New York Times especula que: “ahora, a sólo tres semanas de comenzar su mandato de cuatro años, los cambios económicos radicales de Macri agitan a la Argentina, acentuando las divisiones para las que quería construir puentes y llevando a algunos argentinos a dudar si el cambio será para mejor”.

Y para colmo los vecinos piqueteros
La mayor cantidad de piquetes callejeros en 2015 fueron protagonizados por vecinos. Los principales reclamos fueron por inseguridad o a causa de los cortes de luz.
Así lo confirma un informe de la consultora Diagnóstico Político. En la CABA hubo 702 cortes de calle, de los cuales 165 fueron protagonizados por vecinos, contra 158 protestas de trabajadores estatales y 133 de organizaciones piqueteras.
“Esto es un símbolo de la alarmante consolidación de la cultura del piquete. Los vecinos comprendieron que el método más efectivo para recuperar el suministro eléctrico o lograr más policías para el barrio es cortar una avenida o autopista. Solo así se concita la atención de los medios de comunicación y luego de las autoridades”, comentó Patricio Giusto, director de Diagnóstico Político.
Sin embargo, es bueno recordar al Profesor de Derecho Constitucional, Roberto Gargarella, cuando sostiene que: “Protestan no solo ‘para hacerse ver’ o ‘escuchar’, sino para presionar a favor de la satisfacción de sus derechos básicos. Reconocer que su protesta se entrelaza con el derecho de libre expresión es (y fue) crucial frente a quienes se atolondran para acallarlos, pero lo que en la ‘libre expresión’ se advierte es la base, y no el contenido, de sus reclamos: en base a su libertad de expresión, ellos reclaman comida, vivienda o trabajo que el Estado, contra su mandato legal les niega”.
¿Y si hacen un “protocolo” para garantizar estos derechos básicos?

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