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“Quien interprete la ley va a definir si esto será realmente democratizador o no”

argentina_digital.jpgEl miércoles 5 el Gobierno envió al congreso el proyecto de Ley “Argentina Digital” para regular las telecomunicaciones, declararlas servicio público y garantizar acceso a las TIC (internet, telefonía fija y móvil y TV por cable). Varias voces critican el proyecto de Ley luego de la aparición del sector de empresas de telefonía. Para ampliar sobre este tema el programa radial La Revancha entrevistó a Guillermo Mastrini, docente e investigador de la UBA y especialista en políticas comunicacionales. Por La Revancha


- En caso de aprobarse esta ley ¿cuán real puede llegar a ser esta democratización de las redes?
- Lo primero que hay que ver es si se aprueba el proyecto y en qué condiciones se aprueba. El principal problema que le observo al proyecto es que precisamente es muy ambiguo en su redacción y prácticamente en toda la aplicación de la ley. Respecto a tu pregunta en relación a qué tan democrático puede llegar a ser, va a depender mucho de cómo se aplique y el gran problema es que la aplicación depende totalmente del Poder Ejecutivo.  El marco regulatorio que fija la ley es muy débil, es muy endeble. Podemos decir que es un conjunto de enunciados de más o menos buenos principios pero que están supeditados a la interpretación posterior de quienes queden a cargo; en este caso una autoridad de regulación o una autoridad de aplicación que no está definida casi por la ley y, por lo tanto, quien interprete la ley va a tener la capacidad de definir si esto va a ser realmente democratizador o no. Entonces uno de los aspectos desde mi punto de vista que debería revisarse es precisar justamente tanto los términos conceptuales que implica como por otra parte las atribuciones y la conformación de la autoridad de aplicación.


- Uno de los puntos es la autoridad de aplicación, y dista bastante de la que se estableció para lo que hoy en día es la Afsca.
- Efectivamente es el proceso inverso. Mientras que en el  Afsca se estableció un organismo colegiado y con atribuciones muy precisas fijadas por la ley, aquí se dice que el Poder Ejecutivo  podrá designar a la autoridad de aplicación y no se establecen los alcances de sus atribuciones; con lo cual incluso esto donde va a quedar plasmado es seguramente en el decreto regulatorio posterior. Toda ley tiene después un decreto que regula y que establece la letra fina de la ley. Entonces, a diferencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en donde la ley establece un marco jurídico muy significativo y el decreto regulatorio posterior lo especifica, aquí queda toda la tarea legislativa para el decreto regulatorio. Por eso digo que es muy difícil decir hoy qué va a pasar porque en realidad lo podremos analizar con más cuidado, en caso de que se apruebe, cuando salga también el decreto regulatorio posterior y el reglamentario. Yo creo que eso también habría que cambiarlo, estipular concretamente qué atribuciones tiene la autoridad de aplicación y sobre todo sería mucho mejor si fuera conformado o bien por un organismo colegiado como es la Afsca, donde participan distintas instancias de la sociedad, o bien por algún mecanismo de concurso, como en su momento se hizo con el directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.


- ¿Qué rol tiene en esta ley Telefónica de Argentina?
- Bueno se habló mucho sobre el tema, sobre que esta ley favorece a Telefónica. Particularmente no estoy muy de acuerdo con esa afirmación. Creo que Telefónica va a mantener restringida su posibilidad de acceso al cable, dado que la ley lo que establece es que las licencias son diferenciadas, es decir, pueden pedir una licencia de telecomunicaciones y, en el caso de Telefónica, debería pedir una licencia por ejemplo para prestar servicio de cable y en ese punto va a tener un fuerte impedimento que es que participa capital extranjero en la empresa Telefónica, y por lo tanto va a continuar vedada de tener licencia de cable. En todo caso, yo creo que es mucho más beneficiada la empresa Telecom, especialmente si quien quede a cargo de Telecom, como todo parece indicar, es el fondo de inversiones de Fintech del empresario David Martínez que no se le aplica el límite de capital extranjero porque su empresa está radicada en Estados Unidos.


- Ahora que entra el proyecto a discutirse en las Cámaras, ¿qué reformas sobre esta ley pensás deberían hacerse para lograr un cambio radical en lo que son las telecomunicaciones en el país?
- Yo creo que hay que precisar todos los conceptos. Comparto los conceptos que están enunciados, porque me parece que tienen que estar. Comparto el criterio de ir hacia una ley mas convergente, comparto el criterio de actualizar la regulación y me parece que hay que precisar los conceptos: neutralidad de la red, posición dominante en el mercado y, como mencioné antes, la autoridad de aplicación, darle las funciones y especificar cómo va a estar conformada. En este sentido, me parece que no puede quedar reglamentada exclusivamente por el Poder Ejecutivo.


- Si tuvieses que comparar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y este proyecto de ley, ¿notás cambios en cuanto a las políticas de democratización de las comunicaciones?
- Si, absolutamente, por lo pronto ya en el propio proceso. Recordemos que el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue presentado en el Teatro Argentino de La Plata y hasta llegar al Congreso pasaron cinco o seis meses donde fue debatido ampliamente en un montón de lugares en todo el país. Es decir, fue un mecanismo mucho más participativo. En segundo lugar, queda claro que en términos de la autoridad de aplicación, la propuesta de la ley anterior era mucho más democrática, incluyente y participativa. Incluso en ese sentido, yo estuve revisando bastante este proyecto de ley y me hace mucho ruido, mientras que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual permanentemente se remite a dos conceptos que son acceso y participación, en el proyecto de Ley “Argentina Digital” solo se habla de acceso, en ningún momento se habla de participación social en relación a la política de telecomunicaciones. Entonces creo que son varios los puntos donde efectivamente, en relación a lo que fue tanto el proceso como la letra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, habría un retroceso.

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