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Peligra la atención de millones de afiliados

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Así lo advirtió la obra social de los Agentes de Propaganda Médica (AAPM) en un comunicado de prensa dado a conocer este jueves. En el mismo afirma que “las obras sociales - que no son parte del circuito de la medicina privada, sino que se financian con el aporte de los trabajadores en relación de dependencia -  son asfixiadas por aumentos abusivos y descontrolados de las prestadoras”. Red Eco Alternativo

 
(Red Eco) Argentina- Según la obra social, estas entidades están sufriendo –como ocurre desde hace años– una asfixiante presión de las clínicas y sanatorios privados que “han aumentado sus aranceles de prestaciones de modo abusivo, arbitrario y unilateralmente hasta el 30 por ciento, por encima del índice inflacionario de 2013, con la excusa de los incrementos salariales que debieron conceder a su personal y por la tendencia alcista del dólar”.
Según señalan “Para estas patronales el salario es siempre la variable de ajuste. Para abajo, cuando hay que reducir costos, o para arriba cuando hay que incrementar los aranceles.
Los aumentos de los aranceles que se ´justifican´ en el 26 por ciento de incremento salarial acordado a su personal durante la paritaria del personal de la sanidad (FATSA), es una excusa insostenible cuando se analiza la estructura de costos de las clínicas y los sanatorios privados.
Tampoco hay argumentos desde ninguna teoría económica que justifiquen el traslado automático de ese porcentaje a los aranceles que debemos pagar las obras sociales”.
Desde AAPM agregaron que las clínicas y sanatorios privados pueden fijar precios abusivos y compulsivos porque no existe un marco regulatorio en Argentina para las contrataciones entre las obras sociales y sus prestadoras. Esto ha conducido a las obras sociales a un estado de asfixia, ya que no pueden duplicar los aportes de sus asociados, a diferencia del procedimiento aplicado por las prestadoras de medicina privada.
Como ejemplo de la desmesura inflacionaria aplicada por los proveedores de salud, desde la obra social de los Agentes de Propaganda Médica señalan la aplicada a los medicamentos: en fármacos de alto costo los incrementos rondan un 46% y hay algunos casos demostrativos del fraude a todos los argentinos, el laboratorio BIOSIDUS tiene un fármaco de nombre BLASTOFERON, cuya droga , interferón, es esencial para ciertas patologías graves, este producto lo aumentó en un año 125% con una sola justificación: le adicionó a su envase agujas para su aplicación.
A su vez indicaron que el mercado de las prestaciones hospitalarias y ortopédicas está carterizado desde hace tiempo. Pero, presuntamente, las autoridades no se enteran.
Las cámaras que fijan los valores de referencia son la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra), la Cámara de Instituciones Médicos Asistenciales (Cimara), Confeclisa, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados, la Asociación de Entidades de Medicina Privada y la Cámara de Entidades de Diagnóstico Médico (Cadime), en primera instancia.
Las empresas privadas afiliadas a estas cámaras privadas venían amenazando desde agosto del año pasado con declarar un paro patronal ante la demora de la Secretaría de Comercio en autorizar el 26 por ciento de aumento en los aranceles.
El titular de Cadime, Guillermo Gómez Galizia consideró "inexplicable" que el gobierno no autorizara el aumento de los aranceles que las obras sociales y las prepagas abonan a los prestadores, cuando amenazaban con un paro patronal de 48 horas.
"Es inexplicable que en la actual coyuntura, la Superintendencia de Servicios de Salud no haya convocado al Consejo Permanente de Concertación previsto por la ley 26.682 de regulación de la medicina prepaga, a efectos de determinar los aranceles mínimos y obligatorios que cubran los costos de producción de las empresas prestadoras", se quejó el directivo.
Esa ley, promulgada en mayo de 2011, excluye expresamente a las obras sociales y en consecuencia no hay ninguna regulación que instale parámetros para la negociación con las prestadoras privadas.
Por su parte, el titular de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales de la República Argentina (Cimara), Federico Díaz Mathé, aseguró entonces que "el sistema de medicina privada está en crisis".
"Si suben los sueldos y no aumentan las cuotas, la situación no se sostiene. El reclamo es legítimo. El Gobierno es el responsable de autorizar los aumentos", pidió el empresario.
Otro empresario, Gustavo Mammoni, presidente de Confeclisa, aseguró en agosto pasado que "el valor actual de los aranceles está desfasado con la realidad, resulta insuficiente para afrontar mayores costos".
Los mayores costos –que nadie ignora–, también son afrontados por las obras sociales, que no disponen de la "facultad" de suspender servicios o declarar un paro como mecanismo de presión y se financian, exclusivamente, con la cuota de sus afiliados.
Finalmente, a partir de la gravedad de esta situación, desde la obra social de los Agentes de Propaganda Médica exigen la intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y de la Secretaría de Comercio, para que activen mecanismos que pongan un freno al estrangulamiento que están soportando y que, de seguir, provocará que millones de afiliados a este sistema solidario, dejen de recibir atención.

 

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