Salta: Liberaron a la médica detenida en Tartagal por garantizar una ILE

Había sido detenida en la mañana de este viernes luego de que miembros de la familia de la mujer que solicitó la interrupción legal del embarazo realizaran la denuncia. La médica fue liberada en horas de la tarde después de que se difundiera el hecho y se convocara a diferentes concentraciones en varias ciudades del país.

Compartimos notas de La Retaguardia y Cosecha Roja:

La Retaguardia
La liberación fue confirmada por Macarena Villena, médica de familia de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir en Salta, quien esta mañana dialogó con Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Allí se había referido a la situación que derivó en la detención de su compañera. Señaló a quiénes la denunciaron y se refirió a la falta de respuesta por parte del Ministerio de Salud. La médica fue liberada, después de que se difundió el hecho y se convocó a una concentración en la casa de la provincia de Salta y otras actividades virtuales.

Una médica integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Tartagal, Salta, fue detenida en el marco de la realización de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) esta mañana por orden del juez de Garantías Fernando Mariscal Astigueta, a pedido del fiscal penal Gonzalo Vega.

“La verdad es que estoy sumamente preocupada por toda esta situación y sin embargo no soy yo la que está presa. Estamos bastante indignadas con todo esto”, comenzó relatando esta mañana Macarena Villena, también integrante de la Red de Profesionales. Al momento de publicar esta nota, la médica fue liberada.

Consultada acerca del por qué de la detención, contó: “El contexto se da en una interrupción, en este caso no voluntaria, sino legal del embarazo, dada la edad gestacional que era de 22 semanas. En este sentido, cuando pasan las 14 semanas, no hay un cambio en la legislación. Sigue siendo la interrupción bajo causales. En este contexto, la colega practicó una interrupción bajo estas causales en que se acompañó, además, de un equipo interdisciplinario”.

En Argentina, la ILE existe en la legislación desde 1921. Esta contempla el aborto legal bajo dos causales: que el embarazo sea producto de una violación o que éste implique un peligro para la salud física o psíquica de la persona.

En 2020, el Congreso nacional sancionó la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14. Pasadas esas semanas, operan automáticamente las causales de la ILE.

Y continuó: “Había familiares que estaban en desacuerdo con que la usuaria realice la interrupción, pero por ser mayor de edad, la paciente ejerció su autonomía aun en contra de la voluntad de la familia. Que es lo que legalmente corresponde. A raíz de esto, los que realizan esta denuncia son los familiares. Con una denuncia falaz, hablando de que la obligó a la usuaria a realizar el aborto, cuando hay un consentimiento legal y hay un registro en la historia clínica. Por esto, lamentablemente la usuaria va a tener que salir a declarar. Lo cual es sumamente violento”.

Justicia patriarcal
No sorprende enterarse que el abogado que actúa como querellante es el mismo que actuó en una denuncia contra un ginecólogo acusado de abuso sexual.

—Existen dos ejes en este tema. En primer lugar la justicia patriarcal, encarnada por estos personajes y, por otro lado, una sociedad conservadora, con un tinte religioso muy fuerte.

—Lo considerábamos un territorio bastante hostil hasta el momento. Estamos bastante acostumbradas las compañeras a violencias, que en este momento nos parecen bastante menores. Pero esta situación nos resulta sumamente grave, sumamente preocupante. Necesitamos que el Ministerio de Salud se expida y nos garantice nuestra seguridad porque no se puede trabajar así.

La problemática del 0800
Hay muchos llamados a la línea del 0800 que no son respondidos. De acuerdo a los números de consultas que se reciben desde la Línea Nacional de Salud Sexual, el 25% son reclamados, es decir, personas que no han podido acceder a la práctica en tiempo y forma.

“Claramente no hay un compromiso institucional ni político como para que podamos estar de manera más eficaz. Nosotras, cuando se sancionó la ley en enero, como ya veníamos trabajando desde la Red, acompañando lo que en este momento era ILE, nos pusimos a disposición del Ministerio para poder armar un trabajo que sea más efectivo. Proponíamos un sistema de trabajo en equipo, pero hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta de lo solicitado ante el Ministerio de Salud”, dijo Villena.

Para finalizar, expresó: “En la militancia feminista que hay que estar más atentos, porque si bien si es ley la interrupción voluntaria del embarazo, siempre hay que estar atento a la aplicación de esa ley, claro. Pero en este caso es mucho más grave todavía, porque estamos hablando de derechos que ya estaban garantizados antes de la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo en la que estaba permitido acceder a ese derecho por causales”.

Entrevista: Fernando Tebele/Nicolás Rosales
Redacción: Agustina Sandoval Lerner
Edición: Pedro Ramírez Otero

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Cosecha Roja
¿Por qué Salta no garantiza el aborto legal?

El caso de la médica de Tartagal pone en debate cómo se aplica la ley de IVE. La provincia del NOA es una de las más reticentes. En agosto el gobierno nacional informó que hay problemas recurrentes: demoran hasta 4 semanas en dar turnos cuando no pueden pasar más de 10 días y una de cada cuatro personas gestantes tiene que llamar varias veces para tener respuestas. Por Arlen Buchara y Natalia Arenas.

A fines de agosto una mujer de 21 años viajó 50 kilómetros desde Salvador Mazza, al norte de Salta, para abortar. Llegó al Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, y la atendió la única médica que en varios kilómetros a la redonda garantiza el cumplimiento de un derecho que es legal en Argentina desde hace más de 100 años: el aborto no punible por causales.

La mujer estaba embarazada de 22 semanas y la interrupción se hizo porque estaba en peligro su salud, una de las causales que permite el Código Penal desde 1921 y que sigue vigente después de la sanción de la ley 27.610 que habilitó el aborto voluntario. Una semana después, este viernes 3 de septiembre a la mañana, la médica fue detenida. Lo ordenó el juez de Garantías Fernando Mariscal Astigueta por el pedido que hizo el fiscal Gonzalo Ariel Vega de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

La causa contra la médica empezó porque otro médico del hospital de Tartagal violó el principio de confidencialidad y de secreto profesional que existe para cualquier tratamiento de salud: sin tener en cuenta la decisión de la mujer, se comunicó con un tío de ella y le contó que su sobrina estaba internada y había pedido un aborto. La familia denunció a la médica y el fiscal inició una investigación en su contra.

“Antes de que se aprobara la ley eran las mujeres que abortaban las que iban presas, ahora van por los equipos de salud que garantizan el derecho. Este hostigamiento es un modo de acallarnos, amedrentarnos y apretar a quienes están garantizando el derecho”, dijo a Cosecha Roja Verónica Cuevas, de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de Salta.

Apenas salió la noticia, se encendió la alerta feminista. Organizaciones y activistas de todo el país salieron a defenderla y a pedir que sea liberada. Desde la Red y otras organizaciones feministas, como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, organizaron acciones de apoyo y manifestaciones en distintos puntos del país para exigir la liberación de la médica. En Salta, hicieron un pañuelazo frente al Ministerio Público Fiscal de Salta y en el Hospital Público Materno Infantil de Salta. En la Ciudad de Buenos Aires la convocatoria fue a las 15 frente a la Casa de la provincia de Salta.

Medio día después, la médica fue liberada. La alerta sigue encendida.

Una detención anunciada
La detención de la médica salteña puso en debate cómo se está aplicando la nueva ley de IVE en la Argentina. Desde que fue promulgada, la mayor preocupación está en que en cada lugar del país haya equipos amigables que garanticen el derecho a decidir interrumpir el embarazo. Pero, se sabe, en muchas provincias contar con esos equipos es difícil. Antes de la sanción de la ley, un tercio de las provincias no había adherido al protocolo de ILE, es decir, no estaba dispuesta a garantizar las causales vigentes desde 1921.

Salta fue hasta hace poco una de esas provincias.

En los últimos tres años, las interrupciones legales del embarazo aumentaron en un 1.000 por ciento, según un informe que el Ministerio de Salud Pública de Salta presentó en la Cámara de Diputados provincial este año.

Sólo de 2018 a 2020, las ILE pasaron de ser 77 a 948. Recién en 2018 la provincia adhirió al Protocolo Nacional de las personas con derecho a la ILE. Hasta ese momento, desconocía la normativa nacional con un decreto que establecía un protocolo propio: fijaba un tope de 12 semanas para acceder a un aborto legal por causales (cuando en el Código Penal no hay límite en el periodo de gestación) y pedía una declaración jurada en vez del consentimiento informado. La presión de las organizaciones feministas logró que ese decreto se derogara y el Gobierno adhirió al protocolo. Es decir: antes de la adhesión los abortos se practicaban pero de manera clandestina.

Cuando el Estado está ausente, los abortos legales los garantizan organizaciones feministas, como la Red de Profesionales de la Salud. Pero no alcanza.

El caso de la médica detenida habla de que en 50 kilómetros a la redonda una sola profesional no es objetora de conciencia. Y las autoridades lo saben.

A principios de agosto de este año, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación mandó una carta a las autoridades sanitarias de Salta haciendo un llamado de atención por los “problemas recurrentes” en el cumplimiento del acceso a la ILE y a la IVE en la provincia.

La carta fue enviada al secretario de Servicios de Salud, Martín Perazzone, y a la directora de Materno Infancia, Susana Velazco. Decía que había “una cantidad importante de llamados” en la línea 0-800- 222-3444 para acceder a las prácticas IVE/ILE y el 25 por ciento eran re-llamadas. Es decir, eran usuarias “que no han podido acceder a la práctica en tiempo y forma”. A partir de ese dato, la Dirección concluyó que Salta no tiene personal suficiente para la atención total de los casos ni para la gestión del acceso a ambas prácticas.

También desde Nación dijeron que son insuficientes los turnos asignados ante la demanda local. En la ciudad Capital existen sólo cuatro centros donde se puede abortar y dan 40 turnos semanales. De ese número, el Hospital Público Materno Infantil sólo da ocho. “Las solicitantes esperan en ocasiones hasta 4 semanas para poder acceder a la práctica”, dijeron, algo que va en contra de la Ley 27.610, que da un plazo de 10 días.

Además, el Ministerio reportó fallas en el circuito de atención de la provincia, porque para acceder a una consulta los centros de salud de la provincia suelen derivar a la línea nacional 0-800, lo que hace que haya demoras en los recorridos de gestión de turnos por IVE.

La detención de la médica salteña parece, en ese contexto, una detención anunciada. Mientras las autoridades nacionales sabían que la provincia no cumplía con la ley, la provincia no hacía nada con el llamado de atención que recibía. En el medio, están les profesionales como la médica detenida: defendiendo el derecho a abortar sin garantías, en un clima hostil y en soledad.

Un abusador en tu camino
Un detalle que llamó la atención es que el abogado patrocinante de la familia denunciante es Andrés Rambert Ríos, el mismo que representa a un ginecólogo denunciado por abuso sexual. Es Marcelo Cornejo, que también trabaja en el Hospital Juan Domingo Perón y en mayo de este año fue imputado por ese delito contra una paciente de 15 años. La adolescente que lo denunció contó que en 2020 ella cursaba un embarazo cuando fue a una consulta con Cornejo en su consultorio privado. Él le ofreció practicarle un aborto por 20 mil pesos o, en caso de que no pudiera pagar, que aceptara tener relaciones sexuales con él tres veces por semana.

Además de la denuncia de la adolescente, un grupo de profesionales de la salud del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal presentaron una carta a la gerencia de ese hospital denunciando a Cornejo por otras situaciones de abuso similares. Una de las médicas que firmó esa carta es la profesional que hoy está detenida. Cornejo sigue trabajando en el hospital.

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