“Lo que buscan es amedrentar a todos los médicos que se atrevan a realizar una ILE”
Cecilia Ousset es, junto a José Gijena, la profesional que llevó adelante la microcesárea a Lucía, violada y embarazada a los 11 años. Lo hicieron cuando todo el sistema de salud se negó, y ahora enfrentan una causa. “Tucumán le negó sus derechos a una niña y los perseguidos somos nosotros”, dicen.
(Por Melissa Zenobi – Canal Abierto) Tucumán- Cecilia Ousset y José Gijena fueron los médicos que garantizaron en Tucumán la Interrupción Voluntaria del Embarazo a Lucía, la niña de 11 años que fue violada por la pareja de su abuela. Ahora están siendo ferozmente perseguidos por el Estado de Tucumán y enfrentan una causa por homicidio en la Justicia.
La investigación estuvo hasta hace poco en manos de la fiscal Adriana Gianonni, quien manifestó públicamente su posición en contra de la legalización del aborto, e incluso tiene publicidad antiderechos expuesta en su oficina.
Cuando finalmente fue apartada de la causa, la apelación que realizó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán quedó sujeta a un sorteo, ya que hubo un empate técnico entre los miembros de la Corte.
“Si esta fiscal vuelve a tomar nuestra causa es muy probable que mueva contactos para que nosotros perdamos nuestra libertad”, alertó la doctora Cecilia Ousset a Canal Abierto, quien sostiene además que es una causa armada exclusivamente para extorsionar y amedrentar a los trabajadores de la salud que realizan interrupciones legales en esa provincia. “Esto pone en peligro la salud pública de todas las niñas, niños, adolescentes y mujeres adultas de nuestra provincia”, denunció.
De este modo, el Poder Judicial está desconociendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determinó el mes pasado que los derechos de Lucía fueron vulnerados.
En febrero, cuando la noticia se convirtió en un escándalo, el testimonio de Lucía se hizo público: “quiero que me saquen lo que me puso el viejo”. La niña estaba denunciando una violación intrafamiliar y, al mismo tiempo, manifestando que ese embarazo no podía continuar.
Tras una serie de peripecias que debieron atravesar Lucía junto a su mamá, como el sistema de salud de Tucumán se negó sistemáticamente a practicar la Interrupción Legal del Embarazo -amedrentándolas y asustándolas, diciéndoles que la niña se podía morir- fueron Gigena y Ousset quienes le practicaron una microcesárea.
“No quedó otra salida que realizar una microcesárea porque el Sistema de Salud provincial, a través del Ministerio, dilató durante más de un mes la Interrupción Legal del Embarazo -explicó Ousset-. Sin embargo, fue el mismo Ministerio que antes había negado ese derecho el que se comunicó con nosotros cuando la jueza de familia de Tucumán, Valeria Brand, ordenó que se cumpla con ese procedimiento”.
También explicó que ellos no trabajan en el sistema público de salud, sino que están en el sistema privado y ejercen su profesión a través de obras sociales y prepagas, “pero el Ministerio nos convocó, y fuimos a cumplir la tarea que nos pidió”, dijo.
A partir de ahí, comenzó una persecución feroz contra ambos profesionales que enfrentan ahora una causa por homicidio: “judicializaron una causa que no es judicializable porque fue el mismo Estado quien nos llamó. Es muy paradójico pero es así y llevamos casi diez meses siendo perseguidos”.
“Lo que buscan es amedrentar a todos los médicos que se atrevan a realizar una Interrupción Legal del Embarazo -denunció Ousset a este medio-. Si no tuviéramos exposición pública y apoyo de las organizaciones, seguramente ya estaríamos presos”.
Asimismo, alertó sobre todas las instancias estatales que desconocieron los derechos de la niña: “El Estado de Tucumán, a través de sus efectores, le negó sus derechos una niña violada que corría peligro en su salud física psíquica y social, pero los perseguidos somos nosotros. Esto tapa una falencia muy grave de una provincia que no está adherida a las leyes de Salud Sexual y Reproductiva y de Educación Sexual Integral. Tampoco está adherida a la Ley Micaela, ni tiene protocolo de Interrupción Legal del Embarazo”.