Red Eco Alternativo ***

A 100 años de la Reforma Universitaria

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica-CTA) realizará este lunes 11 de junio una movilización en la ciudad de Córdoba, en el marco de la Semana Nacional de Lucha lanzada en conmemoración del Centenario de la Reforma Universitaria de 1918. La concentración será a las 11, en el Portal de la Reforma (Rotonda del Parque de las Tejas) de la capital provincial.

La Semana de Protesta Universitaria consiste en un paro de 72 horas a desarrollarse los días 11, 12 y 15 de junio.
"El día 11, desde todo el país, nos movilizaremos a la ciudad de Córdoba, para llevar a la reunión de rectores de Argentina y América Latina, nuestro reclamo de incremento salarial del 25%, la restitución del recorte presupuestario de 3 mil millones de pesos y nuestro rechazo a las políticas anti educativas del Gobierno nacional y los rectores", indicaron desde la Federación.
"El día 12 realizaremos un Foro donde desarrollaremos estas temáticas y otras en defensa de la Universidad Pública. En tanto que el día 15, al cumplirse 100 años de la Reforma de 1918, llevaremos adelante tomas, actos y pronunciamientos en los rectorados de cada una de las universidades nacionales porque defendemos una universidad al servicio de una mayoría nacional", agregaron.
“La Reforma Universitaria constituyó uno de los primeros hitos de lucha del movimiento universitario y del campo democrático y popular, no sólo en Argentina sino en toda América latina. En esta coyuntura de pérdida de soberanía, a partir del acuerdo que el gobierno intenta establecer con el FMI, no podemos dejar de emular las banderas de lucha de hace 100 años movilizando a toda la comunidad universitaria frente al ajuste y en defensa de la Universidad Pública”, explicó Carlos De Feo, secretario general de CONADU,
“Hace 100 años, los estudiantes cordobeses protagonizaban la Reforma Universitaria, un proceso de rebelión que transformó radicalmente una universidad clerical, profundamente reaccionaria y anacrónica, conquistando la ampliación del gobierno de la universidad, el fin de la elección de los docentes por el poder político, la autonomía universitaria, esto es, la independencia de la universidad de los poderes del Estado, la Iglesia y el mercado.
Desde entonces, ese proyecto sigue vigente pero también inconcluso: los dolores que nos quedan (rezaba el Manifiesto con el que daban a conocer su lucha los estudiantes) son las libertades que nos faltan.
Cien años después, el Gobierno nacional, con el aval de los rectores, pretende llevar una verdadera contra reforma universitaria para transformar regresivamente la universidad pública, gratuita, laica y científica que generaciones y generaciones de estudiantes y docentes defendimos incluso en los momentos más brutales de nuestra historia: desde la noche de los bastones largos, pasando por la intervención fascista de Ottalagano hasta la última dictadura militar.
La reciente declaración de la gobernadora Vidal - que postula que los pobres no llegan a la universidad- no fue un ex abrupto. Días antes, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, declaró que tenemos que ir hacia carreras más cortas y ágiles. Desde el año pasado, y con el rector de Córdoba y a su vez presidente del consejo de rectores, Hugo Jury a la cabeza, se avanza en la implementación del Sistema de Reconocimiento Académico, al que venden como un programa que permitirá cursar materias en distintas universidades.
Ni promover que los pobres lleguen a la universidad, ni acortar las carreras para facilitar los estudios y el acceso al título ni beneficiar al estudiante para cursar en varias universidades. El plan del gobierno y de los rectores apunta, en primer lugar, al cierre de universidades y de carreras. Así lo pretenden hacer en Ciudad, donde encuentran una resistencia masiva, con la creación de la Unicaba que lleva a la clausura de 29 institutos de profesorado. Y en segundo lugar, apunta a devaluar el grado gratuito para promover los posgrados arancelados para quienes puedan costearlo.
El diario La Nación tituló recientemente: Universidad pública: solo 30 de cada 100 alumnos completan sus estudios (5/05). En la noticia no se planteaba cómo superar el problema sino más bien cómo cristalizarlo. Su autor, un funcionario serial de dictaduras, Alieto Guadagni, proponía que un puntaje obtenido en el curso de graduación de la escuela media sea el que lo habilite a ingresar, o no, en la universidad elegida. Es decir, más restricciones. Y concluía: Acá no se discute la existencia de un arancel para la universidad pública, pero sí la de un fondo de contribución de los mismos graduados. Es decir, que los graduados paguen su formación.
El gobierno y los rectores quieren profundizar la política universitaria a la que venimos confrontando desde los noventa y que tiene como guión tanto a la Ley de educación superior (vigente desde entonces y convalidada por todos los gobiernos) como a los papers del Banco Mundial y el FMI.
En otras palabras, quieren una universidad con menos estudiantes, menos pública, menos gratuita y al servicio de un mercado cada vez más flexible y precario.
Esto es lo que enfrentamos”, manifestaron, en tanto, desde AGD-UBA.

 

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