Lo que (no) dirá el Censo
- Detalles
- Categoría: Economía
- Publicado: Jueves 13 de Mayo de 2010
(Fabiana Arencibia-Red Eco) Argentina - En enero de este año la presidenta Cristina Fernández firmó el decreto que determina la realización del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, el operativo estadístico más importante del país.
Este censo, que se recomienda internacionalmente hacerlo cada 10 años, es el que mayor inversión presupuestaria requiere. Su importancia radica en que permite conocer cuántos y quiénes son los habitantes de nuestro país, y cuáles son sus condiciones de vida, incluyendo a toda la población, por más pequeña que sea la localidad.
Con sus resultados podemos saber cuál es el acceso al mercado de trabajo, a la educación, a la salud y a la seguridad social de los habitantes. También brinda información sobre la estructura de las familias y el acceso de ellas a la vivienda, al agua potable y a condiciones sanitarias. Es, en síntesis, una fotografía de la situación económica y social de nuestro pueblo.
Además, la información que surge de este censo es la que luego se utiliza durante una década para, entre otras cosas, definir políticas sociales, asignar partidas presupuestarias a cada jurisdicción, establecer índices donde la cantidad de población es una de las variables (empleo y desempleo, pobreza e indigencia, entre otras). Por otra parte, sirve de base para determinar el número de representantes legislativos nacionales, provinciales y municipales.
El censo exige rigurosa planificación en todos los aspectos que lo abarcan: presupuesto, cartografía, metodología, cuestionarios, capacitación de los censistas, difusión, logística, controles de calidad para el tratamiento de la información. Todo esto es difícil de lograr en nueve meses que van desde que se firmó el decreto hasta su realización en octubre.
Pero además exige tareas llamadas precensales. En este sentido se han realizado dos censos experimentales a fines de 2009 en las ciudades de Chivilcoy y Tolhuin.
Respecto al que se hizo en la primera, la Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA) - Asociación Civil sin fines de lucro que reúne a investigadores y docentes especializados en el estudio científico de la población – advierte varias falencias.
Algunos ejemplos. Estos dos pre-censos solo indagaron a la población para cuestiones mínimas (según está armado lo que sería el contenido del cuestionario básico) mientras que la mayoría de los temas que se censan son a través de muestras poblacionales (según un cuestionario ampliado).
“Muchas de las variables más importantes para medir la calidad de vida de la población, entre las cuales cobra relevancia la Cobertura de Salud, presentan grandes inconvenientes cuando son captadas por muestreo”, afirma la entidad. Este no es un dato menor ya que puede impedir que se compare la evolución de la pobreza entre un censo y otro.
También cuestiona que para evaluar la Educación se haga la pregunta ¿Qué nivel educativo cursa o cursó? Esta pregunta puede dar resultados erróneos porque no se discrimina si asiste en el presente o si lo hizo en el pasado.
En lo que hace a censar la Actividad Económica, no tiene explicaciones de cómo clasificar y codificar las ocupaciones y ramas de actividades, lo cual es fundamental para estudiar la estructura social de la población.
La AEPA manifiesta su preocupación por “la insuficiencia de consultas más diversificadas y de comunicación con diferentes asociaciones y especialistas de distintas disciplinas”, como fuera una práctica habitual en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en los dos censos anteriores.
Realizar este operativo estadístico requiere que se garantice la calidad de los datos, cuestión que es incompatible con la situación que desde hace tres años atraviesa el INDEC, organismo que tiene la responsabilidad de realizar el censo.
A nadie es ajeno que desde el 2007 está atravesando una crisis institucional al ser intervenido por el gobierno nacional, comenzando por el sector que confecciona el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y luego extendiendo la medida a otros programas (Pobreza e Indigencia, el Estimador Mensual Industrial, PBI, entre otros). Los trabajadores del INDEC denuncian que la intervención involucra a todo el organismo, en un proceso de grave desmantelamiento con la pérdida o el desplazamiento constante de técnicos y profesionales capacitados.
La Junta Interna de ATE-INDEC plantea que a la persecución y discriminación que sufren, se les agrega el deterioro en los ingresos por recortes de adicionales como, por ejemplo, las “horas censales” que son discrecionalmente repartidas.
El presupuesto para este censo se estima entre 60 y 80 millones de dólares. Desde ATE-INDEC se afirma que este dinero “servirá como un elemento de extorsión y disciplinamiento del personal, acrecentando aún más las diferencias salariales entre los alineados con la intervención y el resto de los trabajadores desplazados”.
