A días del G20: alineación con EEUU, rentabilidad empresaria y muertes obreras

A días de celebrarse la cumbre de presidentes del G20, el secretario de Energía Javier Iguacel viajó a Estados Unidos por tercera vez desde que, a mediados de junio, fue designado al frente de la cartera de dicho cartera. Se reunió nuevamente con el secretario de Energía de ese país, de quién tomó el argumento de que Vaca Muerta es como la formación Permian de norteamérica, y buscó convencer a empresas de mediano tamaño para que inviertan en el país. La expectativa es que la inversión en hidrocarburos aumente de los USD 9.000 en este año a 13.000 en 2019Por EJES

 

(Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental) Argentina- La centralidad de ese país en la política de seducción argentina está dando resultado. Algunos datos parecen corroborar esa lectura: distintos funcionarios del gobierno estadounidense recorrieron Neuquén durante este año, Exxon compró el 21% de las acciones de Odelval (el mayor oleoducto de la cuenca neuquina) y el anuncio de Chevron sobre inversión no convencional. Según informó El Cronista, el gobierno cuenta con la confirmación de que Overseas Private Investment Corporation - agencia gubernamental para el desarrollo de inversiones en países emergentes- dispone mil millones de dólares en créditos para empresas estadounidenses que quieran invertir en la Argentina. Durante su paso, Iguacel buscó multiplicar ese monto.

Con una gestión frágil desde el comienzo, Iguacel parece haber logrado sortear el malestar generalizado por la decisión de pagar en cuotas la diferencia generada entre las transportistas y las operadoras por la devaluación. La sobreactuada despedida del buque regasificador de Ingeniero White y la apertura de las licitaciones offshore parecen haber sepultado la controversia pública. Mientras tanto, la surgencia de un pozo en las inmediaciones de Añelo puso en la agenda nacional las implicancias ambientales de la explotación del megaproyecto Vaca Muerta, que días antes había sido fuertemente cuestionado por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU por el cuantioso aporte al cambio climático. Al compás de estos avatares, la provincia de Neuquén acordó con el sindicato petrolero un “blindaje” de conflictos sindicales y, al mismo tiempo, el fiscal general dejó trascender que discuten la instauración de la figura de “conflicto ilegítimo” para perseguir la conflictividad social.

La suba “moderada” del gas busca no comprometer la gobernabilidad

Las tarifas de los servicios públicos vinculados con la energía, luz y electricidad tuvieron un fuerte incremento desde el inicio del gobierno de Cambiemos. Los ingresos de los hogares nunca pudieron acompañar las actualizaciones tarifarias, motivo por el cual, los esfuerzos que están haciendo las familias para poder atender el pago de estos servicios son cada vez mayores. Desde octubre de 2016, el incremento acumulado para un usuario de Metrogas con un consumo promedio fue de 1.321%. Al mismo tiempo los salarios aumentaron, en promedio, un 47%.

Los aumentos de tarifas no solo posibilitan el ahorro fiscal, producto del ajuste del gasto en subsidios económicos, sino que también sirven para mejorar la realidad económico-financiera de las prestatarias de servicios públicos. Es decir, se pagan mayores tarifas no solo para que el Estado gaste menos, sino también, para que estas empresas ganen más.

En el caso del conjunto de transportistas y distribuidoras de gas en 2017 comienzan a operar con un margen de beneficio notablemente superior al registrado en los años anteriores. La principal causa de esta situación es la aplicación escalonada de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) a partir de abril de ese año. Como el tercer y último tramo de aumento derivado de la RTI comenzó a tener vigencia en abril de 2018, se espera que el margen de beneficio del conjunto de estas empresas se amplíe aún más.

El principal problema derivado de que Estado avale un alto margen de beneficio es que las tarifas dejen de ser asequibles para las familias y entre en riesgo el acceso universal e irrestricto a servicios imprescindible para la vida humana. Este es uno de los motivos por los que la energía no debe ser un mercancía

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