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Deuda y negociación: las opiniones detrás de los números

El proyecto de “Ley de Normalización de la Deuda Pública y Acceso al Crédito Público”, que implica la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, la autorización del pago a los holdouts y la emisión de nueva deuda, transitó durante esta semana por la Cámara de Diputados. Repasamos lo sucedido, lo que se viene y las opiniones detrás de los números. Red Eco Alternativo.
(Red Eco) Argentina - Este martes 8 de marzo, luego de 5 horas de debate en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, el oficialismo obtuvo dictamen favorable, aunque para eso debió aceptar correcciones a la iniciativa original. Sumó en su cruzada al Bloque Justicialista del diputado Diego Bossio (ex kirchnerista) y a la bancada massista, UNA, quienes adhirieron "con disidencias" al dictamen de mayoría, luego de que el oficialismo aceptara introducir algunos cambios reclamados al proyecto que el Poder Ejecutivo envió la semana pasada. El proyecto también fue acompañado por el bloque Social Cristiano de Darío Giustozzi. Hubo despachos en minoría del Frente para la Victoria-PJ, del bloque Solidario SI (Carlos Heller) y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).
Las modificaciones aceptadas por el oficialismo fueron en 4 de los 17 artículos del proyecto. Entre los cambios se encuentra un límite de 12 mil millones de dólares del endeudamiento para el pago a los holdouts y a los fondos buitre; que el futuro endeudamiento que pueda surgir tras el acuerdo no sea destinado a cubrir gastos corrientes sino a obras de infraestructura; una serie de modificaciones legales para evitar que se inicien demandas por parte de quienes ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, y una cláusula por la que se le pide al juez norteamericano Thomas Griesa que habilite un “stay” (medida cautelar que suspende la restricción que pesa sobre la Argentina para el pago de la deuda reestructurada si no se abona a los holdouts) por 5 años para mantener abierta la oferta argentina.
El oficialismo también accedió a un pedido del bloque de Bossio respecto a que se difundan los dictámenes de los abogados del Estado argentino relativos a posibles riesgos de futuras demandas de acreedores que aceptaron los canjes de la deuda de 2005 y 2010 por considerar que a los fondos buitre se les pagará más que a ellos.
Luego de este “avance” en Diputados, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, con mayoría del Peronismo y del Frente para la Victoria, fijó una agenda de trabajo que empezaría el próximo miércoles. El primer acuerdo alcanzado consiste en que si el próximo martes la Cámara de Diputados le da media sanción al proyecto de ley que convalida el acuerdo con los "fondos buitre" y la derogación de la Ley Cerrojo y la de Pago Soberano, esta Comisión comenzará su tratamiento al día siguiente.
El gobierno de Mauricio Macri espera el martes tener en la Cámara de Diputados amplio apoyo para la media sanción del proyecto que habilita pagar a los bonistas que no entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010. Los cálculos dan para la obtención de 143 votos, 14 más de los que se necesitan para darle media sanción: 89 diputados del oficialista Cambiemos, 37 legisladores del interbloque Federal Unidos por una Nueva Alternativa (UNA) que lidera Sergio Massa, y 17 del Bloque Justicialista que lidera el ex kirchnerista Diego Bossio. Pero además votarían a favor los 7 diputados del interbloque Juntos por Argentina (exmassista Darío Giustozzi), 3 de San Luis de Compromiso Federal (Adolfo Rodríguez Saá) y 6 del Frente Cívico por Santiago (Gerardo Zamora). Tampoco descartan el acompañamiento del interbloque Progresistas (8 bancas) y de cerca de 10 diputados que integran el Frente para la Victoria (84) a quienes su presidente, Héctor Recalde, mandató para no dar quórum. Los bloques opositores que firmaron el dictamen de mayoría con disidencia avisaron que insistirán en pedir más modificaciones durante el debate en el recinto.

Las opiniones detrás de los números
Durante el debate de esta semana, se escucharon en el plenario de comisiones de la Cámara Baja diversas voces de economistas, empresarios y sindicalistas. Pero además han dado su opinión públicamente otras voces que no accedieron al Congreso.
Repasamos solo algunas de las unas y las otras para comprender desde qué sectores y con qué argumentos se apoya o se rechaza este acuerdo definido por varios como el fin del “juicio del siglo” y que nosotros preferimos definir como “una estafa a nuestro pueblo”.

Guillermo Nielsen: "Mi posición es de absoluto apoyo a la negociación que se ha hecho", manifestó el economista del Frente Renovador y ex secretario de Finanzas durante el gobierno de Néstor Kirchner, respecto al acuerdo alcanzado por el Gobierno con los holdouts.

Martín Redrado: "El acuerdo ya está cerrado pero es caro para Argentina y hay que ponerle límites para saber a qué se va a dedicar este endeudamiento. Debe ir hacia la creación de empleos y obras públicas. Para eso se necesita financiamiento", declaró el economista, presidente del Banco Central entre 2004 y 2010.

Cámara Argentina de Comercio (CAC): "El apoyo al arreglo se basa en que la CAC entiende que los términos acordados son razonables, dada la situación en la que se encuentra el país en los Tribunales norteamericanos", expresó la entidad en un comunicado.

Claudio Cesario: "Es muy importante que el gobierno nacional, transcurridos poco menos de 90 días de la asunción, haya cerrado un ‘preacuerdo’ con el 85% de los tenedores de la deuda no reestructurada, holdouts, buitres o como se los quiera llamar", dijo el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA).

Osvaldo Cornide: "La necesidad de un acuerdo es indispensable para que nuestro país vuelva a tener acceso a los mercados financieros internacionales. El cierre de esta disputa no sólo va a repercutir en el sector pyme de comercio, industria y economías regionales que yo represento, sino en toda la economía argentina", sostuvo el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Adelmo Gabbi: "No hay que pensar cuánto nos cuesta acordar, sino cuánto nos cuesta no acordar, pero no solo en materia económica sino en materia de política mundial", manifestó el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. "La decisión de acordar o no con los holdouts es política, no económica ni financiera", agregó.

Javier González Fraga: "Estoy totalmente a favor de terminar de la mejor manera posible este tema. A veces lo perfecto es enemigo de lo bueno y por lo tanto hay que terminarlo cuanto antes", afirmó el presidente del Banco Central entre 1989 y 1991. El economista radical argumentó que este arreglo "significa un desendeudamiento", porque Argentina sustituirá una deuda con un interés alto (11%) por otra deuda con menor tasa.

Mario Blejer: "El acuerdo así como está, es infinitamente mejor que continuar afuera del sistema financiero internacional. Lo que costó a la Argentina este conflicto excede cualquier mejora posible que podía hacerse en los márgenes del acuerdo", dijo el economista y presidente del Banco Central durante el gobierno de Eduardo Duhalde en 2002.

Christopher Dembik: "Es un buen acuerdo para Argentina, por lo tanto bien recibido por los inversores. Algunos fondos buitre salen bien parados, pero lo esencial para el país era cerrar ese capítulo. A largo plazo, [Argentina] compra su prosperidad económica", aseguró el economista de Saxo Banque, banco de inversiones global, especializado en negociaciones e inversiones en línea en los mercados financieros internacionales.

Beinusz Szmukler: El mayor peligro del acuerdo es que "se abre la vía para que se caiga el acuerdo con el 93% que tiene todas las chances de que cualquier juez les acepte un juicio contra la República Argentina", dijo el jurista internacional, presidente del Consejo Consultivo Continental de la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas (con status ante Naciones Unidas). Agregó que los que participaron de la reestructuración "no necesitan un Griesa, porque actuarían con derecho. Eso nos colocaría en una situación mucho peor que incluso durante el default de 2001".

Francisco Dos Reis: "La derogación de la Ley Cerrojo y de Pago Soberano en la negociación con los fondos buitre es una entrega de soberanía que va a terminar en un hiper-endeudamiento para todos los argentinos", dijo el presidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN). "La derogación de las leyes allana el camino para que el Gobierno pague más de lo que los propios fondos buitre habían propuesto, lo que constituye no solo un grave perjuicio al tesoro nacional, sino el incumplimiento de los deberes de funcionario público", agregó.

Julio Gambina: “Con el acuerdo arribado para cancelar la sentencia de la Justicia estadounidense con los ‘fondos buitre’, se consuma un nuevo fraude a la sociedad argentina, una estafa convalidada bajo un gobierno constitucional, ratificando la reiterada lógica de todos los turnos gubernamentales desde 1983, quienes renegociaron la deuda pública surgida de manera ilegal, ilegitima y odiosa en tiempos de la dictadura genocida”. El presidente de FISyP agregó: “Es curioso como ayer se celebraba el desendeudamiento y ahora se continúa con pagos y nuevas rondas de deuda. Son relatos de la alegría para profundizar la pérdida de soberanía a 200 años de la independencia”.

Néstor Pitrola: “Impulsamos la investigación y no pago de una deuda usuraria, mediante un gran debate nacional (y un referéndum) y rechazamos vivamente que este pacto buitre evitará el ajuste. Lo multiplicará porque estando rematado como está el patrimonio nacional, no hay otra garantía a los acreedores que más ajuste y devaluaciones, tarifazos, crisis, despidos y recesión. El FMI viene a monitorear su ajuste en la nación y provincias”, afirmó el diputado del FIT, miembro de la Comisión de Presupuesto al defender el dictamen de minoría.

Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la deuda y por la defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes: “Con ostensible sometimiento a las exigencias de un juez de Nueva York, sin prestar atención a los fallos de la justicia argentina, sin estudio serio y sin investigación, se busca convalidar la mayor estafa a nuestro pueblo y país que se origina en la deuda contraída por la dictadura genocida instalada hace 40 años”, expresaron en un comunicado. Denunciaron además la inoperancia de la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda, creada por la Ley de Pago Soberano, a punto de derogarse pro exigencia del juez Griesa, que no presentó ningún informe a fin del año 2015, tal como estipulaba la norma.

En un documento de la Cátedra Abierta Plan Fénix, en memoria de Aldo Ferrer que falleció este martes, se recuerda: “En agosto del año 2004, el Plan Fénix y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron una declaración conjunta en defensa de los intereses nacionales de la Argentina, referida a la renegociación de la deuda externa. Allí se expresaban los riesgos que imponen estas negociaciones, cuando la toma de nueva deuda pasa a ser un elemento fundamental de la estrategia económica futura. El endeudamiento y la apertura indiscriminada a los flujos de capitales habrán de llevarnos una vez más a un callejón sin salida, caracterizado por el estancamiento y, en última instancia, por la insolvencia externa. Esto es lo que nos enseña la experiencia que vivió la Argentina en la década del 90, cuando una severa contracción del aparato productivo condujo a la imposibilidad de cancelar los compromisos externos asumidos, generando una crisis de proporciones inéditas”.

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