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Deuda argentina: algunas preguntas, algunas respuestas

Esta semana la presidenta Cristina Fernández dijo que se ha cerrado “el último capítulo del gran endeudamiento”. A partir de esta afirmación nos hicimos algunas preguntas, entre ellas qué pasó con la Comisión Investigadora que se creó hace más de un año por la Ley de Pago Soberano. Red Eco Alternativo.

(Fabiana Arencibia-Red Eco) Argentina - Desde estas páginas hemos escrito muchas notas acerca de la deuda pública y de cómo el desendeudamiento no es tal, sino más bien crecimiento de deuda en especial con el propio Estado.
Nos hemos apoyado en datos concretos del propio Ministerio de Economía para fundamentar lo que al respecto fuimos diciendo.
También intentamos sumarnos a la difícil tarea de que no se perdiera la idea de que la deuda que se ha pagado, la que se está aún cancelando, la no negociada todavía con los holdouts y la que se ha renovado por otras deudas, es deuda fraudulenta e ilegítima en su origen.
Luego de los festejos esta semana en Tecnópolis por la cancelación del Boden 2015, que según el discurso presidencial ha cerrado “el último capítulo del gran endeudamiento”, nos surgen algunas preguntas.
¿Por qué deberíamos naturalizar que pagar deuda fraudulenta e ilegítima es lo correcto? ¿Por qué debemos pensar que la única fuente de recursos para el crecimiento y desarrollo está en endeudarse y que para ello tenemos primero que pagar y pagar algo que no debíamos en realidad? ¿Por qué debería ser una buena noticia que se ha cerrado “el último capítulo del gran endeudamiento” con el pago de los títulos llamados BODEN 2015 si ahora debemos miles de  millones en otros títulos? ¿Será porque una gran parte se la debemos al Estado, en especial a la ANSeS? ¿Es que esta deuda es menos deuda?  
¿A quiénes se refiere la presidenta concretamente cuando se jacta de que todo ese dineral lo pagamos “sin acceder a financiamiento externo, con trabajo y esfuerzo de todos los argentinos"? ¿Qué argentinos pusimos ese esfuerzo? ¿Qué sectores?
¿Por qué en el acto de Tecnópolis de esta semana, la primera mandataria afirmó que desde el 2003 pagamos 145.000 millones de dólares cuando a poco de cumplirse 10 años de gobierno kichnerista dijo que este gobierno había pagado 173.000? ¿Por qué se dicen cifras diferentes, en momentos diferentes?
¿Cómo es posible para cualquier ciudadano común reflexionar sobre una catarata de números difíciles de seguir en la vorágine de un discurso (e incontrastables muchas veces con los mismos datos del Ministerio de Economía), que afirman que ya no debemos a extranjeros ni en dólares?
¿Qué pasó con la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda que debía investigar la composición de la misma, según la ley bajo el pomposo nombre de Ley de Pago Soberano?
Para muchos fue una buena noticia la aprobación de esta ley. Muchos pusieron expectativas al pensar que esta Ley, aprobada hace poco más de un año, y la constitución de esta comisión parlamentaria podrían hacer que no siguiera la sangría de pagos de deudas ilegales.
Sin embargo, nada de esto ha sucedido. Y fue peor aún, porque cada arreglo cerrado para canjear bonos de deudas de ese origen, cada emisión de nuevos títulos, fue aplaudido.
Esa ley consagró de “interés público” el pago de una deuda que ha sido declarada ilícita por la justicia argentina y que además tiene denuncias en curso. Pero además estableció nuevas formas para pagarla y solo después creó una comisión para investigarla.
Esta semana la Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y por la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes se reunió y compartió un documento con el que nos interpela sobre el  sentido común de sentir orgullo por ser “pagadores seriales”. En ese documento, que es además una declaración para sumar voluntades, se pregunta acerca de la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda: ¿Qué y cómo investiga? (1)
Lo concreto es que a poco menos de dos meses de la fecha prevista para que la comisión (CIP) dé a conocer su primer informe (180 días desde su constitución, el pasado 28 de abril), no se ha avanzado.
“Observamos una inacción que consideramos necesario denunciar. Creemos que esta falta de acción forma parte de una estrategia política del kirchnerismo y de buena parte de los opositores. Al paso que van las cosas vemos que se está confirmando lo que era uno de nuestros principales temores; que la CIP sea un instrumento de legitimación del mega canje 2005/2010 y, por ese camino, del conjunto de la deuda pública, de los pagos realizados y por supuesto de la impunidad de los funcionarios de la dictadura y de los gobiernos constitucionales posteriores hasta el actual, que fueron los gestores de la deuda en complicidad con los capitales imperialistas y sus aliados locales”, aseguran en el documento.
“Creemos que la inacción observada es parte de una estrategia política”, dicen. Y fundamentan esta afirmación con varios elementos. El primero es que esta Comisión, creada por la Ley de Pago Soberano en septiembre 2014, tardó siete meses en reunirse. Y desde abril solo se ha juntado tres veces según lo denuncia el diputado Claudio Lozano, integrante de esta comisión parlamentaria, quien afirma que hasta ahora “no se aprobó ningún plan de trabajo, no se ha conformado ningún equipo técnico de trabajo ni se estableció su financiamiento”.
Además, agrega el documento de la Asamblea, “de la larga lista de personas que deberían ser citadas a declarar (ex ministros, funcionarios, expertos, peritos), hasta ahora solo lo ha hecho el presidente del Banco Central pero sin responder a los requerimientos de los integrantes de la CIP. Consideramos de suma importancia que declaren, entre otros, los peritos que auditaron la deuda privada que fue nacionalizada, así como también el fiscal de las causas de la deuda, el Dr. Federico Delgado. Es necesario que se pidan informes sobre las diferentes causas donde se ha venido denunciando el carácter fraudulento de la deuda y su sucesiva reestructuración y refinanciamiento. También creemos esencial la colaboración de la Auditoría General de la Nación. De todo esto no hay nada visible. Lo que sí sabemos es que se ha firmado un convenio de cooperación con el CEFID-AR, que acaba de producir un documento de trabajo laudatorio del canje 2005/2010”.
Con estos elementos, la Asamblea denuncia que la CIP “tiene un inmovilismo premeditado y que el mismo es coherente, no con el mandato de la ley de investigar a fondo las irregularidades de la gestión y pago de la deuda que se siguen cometiendo desde comienzos de la dictadura hasta ahora, sino con el objetivo de preparar el camino hacia una nueva ola de endeudamiento, ajustes y concesiones, sobre la base de legitimar el canje 2005/2010 y por ese camino la continuidad del perverso sistema de endeudamiento y saqueo, los pagos realizados y cubrir con un manto de impunidad a los personeros de esta entrega fraudulenta”.
La deuda que se considera pública debe, por lo tanto, investigarse también en forma pública y deberíamos poder ser partícipes de dicha investigación. “Éste no es el camino que ha adoptado la Comisión, que tampoco siquiera parece estar investigando seriamente por su propio camino. Por ello, difícilmente pueda tener su eventual Informe la legitimidad que necesita para señalar un avance en cuestiones, como lo expresara Alejandro Olmos, tan fundamentales de la República”.
La Asamblea no solo denuncia el incumplimiento de los propósitos con los que fue creada la Comisión de Investigación Parlamentaria de la Deuda sino que además afirma que, de seguir por esa línea de inacción, se sumaría “a la larga lista de cómplices y partícipes necesarios del delito de saqueo permanente y sistemático al pueblo y a la Nación, plenamente demostrado, que es el pago de una Deuda declarada ilegítima, ilegal, odiosa e impagable”.
La participación es necesaria. Por eso la Asamblea ha lanzado su convocatoria para formar una Comisión Investigadora Social que incluya a todos los interesados en sumarse a la investigación de la deuda argentina para elaborar  un informe propio. La primera reunión tendrá lugar el lunes 19 de octubre, a las 18, en el primer piso de la sede nacional de la CTA Autónoma (Lima 609).  

(1) Sobre la Comisión Bicameral de la Deuda

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