Un brindis con cal y arena
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- Categoría: DDHH
- Publicado: Martes 23 de Diciembre de 2008
(Cecilia Litvin – Red Eco) Argentina- La decisión de la Cámara de Casación Penal (integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Luis García, y Gustavo Mitchell, quien votó en disidencia) de excarcelar a 17 represores de la ESMA (suspendida al día siguiente ante la apelación presentada por el fiscal Raúl Pleé) dejó una vez más en evidencia las terribles falencias de la justicia argentina. Esta situación no se podría ni haber imaginado si las causas avanzaran como debe ser, si los tiempos se cumplieran en lugar de dilatarse indefinidamente.
Desde el colectivo Justicia Ya! explican que esta no es la primera vez que ocurre algo semejante: “No aceptamos que los más encumbrados funcionarios del Gobierno, incluyendo a la misma Presidenta de la Nación, se muestren tan sorprendidos y enojados, se brinden conferencias de prensa y se redacten a toda velocidad recursos extraordinarios y pedidos de juicio político. Todos los que recorremos a diario los laberintos judiciales sabemos que ésta era la conclusión previsible de una política que se viene desarrollando sin pausa desde que se reabrieron las causas”.
Hacen referencia a la connivencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal para desmembrar las causas, demorar por años las acusaciones de los fiscales o presentar acusaciones incompletas e inconexas.
El resultado fue la condena de pocos genocidas, algunos que esperan el fallo cómodamente en sus lujosas casas de countries con “prisión domiciliaria” y muchos otros en libertad.
Los abogados de Justicia Ya! afirman, además, que a cinco años de la reapertura de la causa ESMA, el fiscal Eduardo Taiano ha acusado a los represores por delitos de lesa humanidad contra 600 personas (vale aclarar que las víctimas suman muchas más y hay pruebas de ello), pero el Juez Federal Sergio Torres solo procesó a los genocidas por un número mínimo de delitos.
Si se procesara a los represores por todos los delitos correspondientes se evitaría que queden en libertad, aún después de que venza la “suspensión” dictada por la Cámara. A su vez, el juez Torres ha desmembrado la causa Esma en más de diez expedientes que fueron elevados a juicio oral por separado.
La misma semana en que se conocía la intención de la Cámara de Casación Penal de liberar a los represores, más al sur del país tres militares neuquinos eran condenados a penas de 25 años de prisión común por su actuación en el campo de concentración La Escuelita de Neuquén.
La noticia fue sorpresiva ya que la sentencia se esperaba para los últimos días de diciembre o directamente para febrero de 2009 (según denunciaron organismos de derechos humanos la intención era evitar la concurrencia masiva de la comunidad a las puertas del tribunal).
Los condenados son los máximos responsables de actos de represión en la región: el ex Jefe del Batallón Militar de Neuquén, Enrique Braulio Olea; el jefe del Comando de Inteligencia de la Sexta Brigada, Oscar Lorenzo Reinhold y el jefe de Inteligencia del Batallón, Mario Alberto Gómez Arena.
También fueron condenados Luis Farías Barrera (a 22 años), Jorge Molina Ezcurra y Adolfo San Martín (a 21 años), el médico Hilarión de la Paz Sosa (a 20), y Julio Oviedo (a 7 años) todos ellos integrantes de la Inteligencia militar.
Pero el Tribunal Oral Federal de esa provincia resolvió no aplicar la figura de genocidio, solicitada por la querella. Justamente, las abogadas querellantes, Ivana del Bianco y Romina Sckmunck (integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos - CeProDH) están siendo investigadas por la justicia provincial, luego de que el abogado defensor de uno de los militares imputado solicitara al Tribunal que se las indague por el "delito de violación de secreto de Estado" por sus declaraciones en medios de prensa en relación a un informe de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), dependiente de la Presidencia de la Nación, que fue incorporado como prueba.
“En el Juicio Oral los defensores de los militares han reivindicado el Genocidio haciendo apología de la dictadura, y decenas de participes del genocidio confesaron haber sido parte de operativos de secuestro, traslado de desaparecidos y torturados. Todos se retiraron impunes. Mientras no se ha investigado a los secuestradores de Jorge Julio López, se inicia una investigación contra Ivana Dal Bianco, quien denunció públicamente que el Informe agregado evidenciaba que la SIDE siguió investigando a las víctimas y a los organismos de Derechos Humanos durante los diferentes gobiernos constitucionales, en vez de aportar la información y abrir los archivos de la dictadura que mantiene oculto el destino de los desaparecidos y de los más de 400 niños apropiados”, refiere un comunicado del CeProDH.
En tanto, al oeste del país, la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas de la ciudad de Mendoza se manifestó como todos los jueves de cada mes frente a los Tribunales Federales donde se tramitan los expedientes por los delitos cometidos durante la dictadura militar.
A diferencia de otros jueves, la Comisión había decidido además movilizarse dentro del hall central del edificio. Pero también a diferencia de otros jueves, el frente de los Tribunales estaba vallado. Había más policías que manifestantes.
Según el relato de los presentes, algunos efectivos ostentaban armas largas, otros usaban chalecos antibalas, y dos de ellos contenían a perros “antimotines”. De todos modos, nada pudo evitar el reclamo de justicia de los familiares por los 200 desaparecidos en Mendoza
Así finaliza un año en el que si bien varios represores fueron condenados por delitos de lesa humanidad y por genocidio, la mayoría goza de prisión domiciliaria, otros pueden quedar en libertad porque sus causas no avanzan y los juzgados son rodeados de policías que los protegen de personas movilizadas en reclamo de justicia.
Sin duda la sidra del brindis sabe amarga.
