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Algo huele mal en la justicia mendocina

Magistrados de esa provincia no sólo dejan en libertad a represores sino que también les permiten que se vayan de vacaciones a Mar del Plata. (Cecilia Litvin - Red Eco) Mendoza- A mediados de noviembre, el represor Eduardo Smaha Borzuk fue liberado porque la Cámara Federal de Apelaciones consideró que no existía peligro de fuga, que su libertad no implicaba obstáculo para el accionar de la justicia y que no podía volver a cometer los mismos delitos.
Ahora, el juez Walter Bento, quien está a cargo de las causas por delitos de lesa humanidad por las que Borzuk está procesado, consideró que tampoco es obstáculo que el represor veranee en Mar del Plata desde el 10 de enero hasta el 5 de marzo de 2009.
El argumento de Borzuk, oficial inspector de la Policía de Mendoza, para solicitar permiso de vacaciones fue que necesita tomarse un descanso relajado porque atraviesa una difícil situación psicológica.
Esto ocurrió apenas un día después de que el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza (MEDH), junto a la Liga Argentina por los Derechos Humanos, presentaran en la Ciudad de Buenos Aires ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político en contra de los magistrados Alfredo Juan López Cuitiño, Carlos Pereyra González y Julio Demetrio Petra Fernández, que integran la Cámara Federal de Apelaciones Mendoza.
Los organismos acusan a los jueces por mal desempeño al dejar sin efecto las prisiones preventivas, y dictar falta de mérito a militares y policías procesados acusados de delitos de lesa  humanidad durante la última dictadura militar.
Borzuk, al igual que Armando Osvaldo Fernández Miranda, otro oficial inspector de la policía mendocina también liberado por la Cámara Federal de Apelaciones en noviembre, es acusado por sus actuaciones en el Centro Clandestino de Detención D2 de Mendoza.
Los investigadores consideran que ambos eran el enlace entre el Departamento Dos de Informaciones y las autoridades militares. También han sido procesados como autores del asesinato del escritor y poeta Francisco “Paco” Urondo y de la desaparición de Rosario Aníbal Torres y Juan Domingo Britos, entre muchos otros casos.
Pero este no es el único caso en el que la Cámara de Apelaciones ha hecho de las suyas. En setiembre de este año, los camaristas habían resuelto dejar en libertad al coronel Oscar Orlando Dopazo, ex jefe de inteligencia del Grupo Dos del Ejército, quien estaba imputado en varias causas por violación a los derechos humanos, detenciones ilegales y torturas. De esta manera, tanto Dopazo, como Borzuk  y Fernández Miranda y tantos otros, esperan en libertad (y veraneando en algunos casos) el incierto comienzo de los juicios orales.
Es que en la justicia federal de Mendoza hay en trámite más de 140 causas penales relacionadas con crímenes cometidos durante la dictadura, pero ninguna de ellas ha llegado al juicio oral. Es más, cabe recordar que en Mendoza aún no se ha realizado ningún juicio por delitos de lesa humanidad.
 

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