Red Eco Alternativo ***

Cada vez peor

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La situación en las cárceles argentinas empeora cotidianamente, tal como dan cuentan las denuncias que se multiplican desde distintos puntos del país. Torturas, amenazas, hacinamiento, falta de comida, son algunos de los componentes de un paisaje desolador y para el que no hay respuestas oficiales.

 
(Cecilia Litvin – Red Eco) Argentina – Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a manifestar su preocupación por “las dramáticas condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad” en las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires. Tal como lo hizo en junio de 2010 en oportunidad de la visita al país del Relator para las personas privadas de libertad, Rodrigo Escobar Gil.
En ese momento, había exhortado al Estado a “asegurar condiciones mínimas de detención que sean compatibles con la dignidad humana”.
El lunes pasado se realizó en la sede de la CIDH en Washington una audiencia, en la que participaron representantes de la Comisión por la Memoria (CPM) y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes presentaron imágenes y un diagnóstico sobre las condiciones de detención que sufren los presos bonaerenses.
Allí remarcaron que, según datos del Consejo de Defensores Públicos de la provincia, el índice de sobrepoblación de las cárceles bonaerenses es del 92%. Afirmaron, además, que “existe un patrón estructural de violaciones de derechos humanos en los lugares de detención, que se traduce en torturas extendidas, malos tratos y condiciones inhumanas de detención”.
Aunque en un primer momento negó este tipo de denuncias, el Subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales de la provincia, César Albarracín, terminó admitiendo su veracidad.
Albarracín no pudo responder de manera clara las preguntas referidas a las políticas públicas implementadas para mejorar la situación de las personas privadas de libertad, como tampoco consultas acerca de investigaciones judiciales y administrativas por casos de tortura y muerte de detenidos, y políticas específicas para personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) privadas de libertad.
La CIDH monitorea en forma permanente, durante los últimos 10 años, la situación de las personas privadas de su libertad en Argentina, al considerarla uno de los principales grupos sobre los que se focalizan las violaciones de derechos humanos en el país.
Tanto desde el CELS como del CPM mostraron su preocupación ante la ausencia del gobierno nacional (debía estar representado por funcionarios de la Cancillería). “El Estado Federal es responsable ante la Comisión Interamericana por las violaciones de derechos humanos que se producen en cualquier lugar del país. Su ausencia pone de manifiesto la imposibilidad de justificar la situación de los detenidos en las cárceles y comisarías bonaerenses”, explicaron los organismos.
Y aunque la actitud del Estado es en efecto preocupante, lamentablemente no sorprende…

Algunos ejemplos recientes
La Justicia, a través del magistrado Federico Guillermo Atencio, ordenó al gobierno bonaerense la provisión de agua potable, reparaciones y mejoras en la Cárcel de Magdalena (Unidad Penal Nro. 35 de Magdalena), luego de una petición de habeas corpus realizada por la Comisión por la Memoria a través del Comité Contra la Tortura.
La Comisión había recibido varios llamados de detenidos que denunciaban el agravamiento de sus condiciones de detención: hacinamiento, colapso de las cloacas, escasa y mala alimentación y carencia de agua potable, en un pabellón que aunque cuenta con capacidad para 26 detenidos, actualmente aloja a 54.
En tanto, la Defensoría del Pueblo de Corrientes se encuentra evaluando las respuestas elevadas por el Ministerio de Gobierno y Justicia provincial y diferentes dependencias carcelarias, tras un pedido realizado por la Red de Derechos Humanos de Corrientes.
En la solicitud, el organismo describe la situación carcelaria como crítica: “Cárceles donde las condiciones materiales de alojamiento y el régimen aplicado contravienen las reglas mínimas que garantizan los derechos de los reclusos, adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955”. Denuncian además que las actuales condiciones de detención vulneran "el derecho a la vida y a la dignidad no solo de las personas privadas de su libertad, derechos fundamentales que el poder público tiene obligación de respetar y proteger, sino también el de sus familiares y allegados".
La Coordinadora de Trabajo Carcelario de Santa Fe denunció que en cárceles de esa provincia murieron cuatro reclusos desde el 4 de febrero pasado (uno cada veinte días). A su vez, informó que el 22 de marzo, Pablo Larenti de 26 años, detenido en el pabellón 13 de Coronda, debió ser internado con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo.

“Bienvenida” a juicio
Esta semana, comenzó el juicio oral a los agentes del Servicio Penitenciario Federal Maximiliano Carlos Barresi y Néstor Iñiguez, por torturas en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ex Unidad 2 de Devoto).
Los hechos que se juzgan son los sucedidos en la madrugada del 3 de julio de 2007, cuando un grupo de detenidos ingresó a la unidad y fue sometido a una “Bienvenida” de parte de los efectivos.
La “bienvenida” es una práctica habitual, que consiste en golpes, patadas y diversos tratos humillantes (en conclusión: torturas) a las personas privadas de su libertad que ingresan a la cárcel.
En este caso, las secuelas físicas de las víctimas fueron comprobadas a través de informes médicos y fotografías, además de distintos testimonios que resaltaron el carácter habitual y sistemático de este castigo a los recién llegados.
Las audiencias continúan el lunes 4 de abril y se realizan en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 (Talcahuano 550, 6to piso, Oficina 6115, Cdad. de Bs. As.).
Habitualmente las causas que denuncian delitos de tortura y malos tratos en las cárceles son archivadas poco tiempo después de presentada la denuncia, por lo que incremente la importancia de la realización de este juicio y desde ya su resolución. Ojalá sea el primer paso para que los derechos de los detenidos comiencen a ser respetados.

Fuentes: Agencia Walsh / Prensa Procuración / CELS / Comisión por la Memoria / MOMARANDU / Redacción Rosario

 

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