
Discapacidad en riesgo
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- Categoría: DDHH
- Publicado: Miércoles 29 de Mayo de 2024

Este miércoles se realizaron movilizaciones en todo el país para exigir que se revea la decisión del gobierno nacional de liberar la tarifas del nomenclador de prestaciones básicas de discapacidad. Esta medida afecta directamente el principio de universalidad de acceso y calidad de la atención en todo el territorio nacional, establecidos por la ley 24.901.
Las prestaciones a las que acceden 200.000 personas con discapacidad y más de 150.000 puestos de trabajo están en riesgo. El viernes 10 de mayo, se dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad, establecidas por la Ley 24.901, se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones (y no vinculante entre ellos) incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas.
Esta decisión presidencial va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga.
Desde el Foro Permanente Discapacidad indicaron que “la consecuencia de no tener un arancel acorde al costo del servicio, es que aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial van a dejar de contar con ello".
De efectivizarse esta medida, señalan, se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado -que tiene la administración del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las personas con discapacidad-, ya que da lugar a que cada organismo financiador establezca el arancel que le parezca o convenga. Es decir, quien paga será el encargado de fijar cuánto deberá pagar.
De hecho, actualmente no se ha podido establecer un mayor aumento, que está atrasado en un 100% para el transporte y en un 45% para el resto de las prestaciones, por la presión de uno de los organismos financiadores. Dicha situación ha llevado a un desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores que están al borde del colapso. Y esto marca lo que puede pasar en el corto plazo si se publica dicho decreto.
Mientras se desarrollaron estas concentraciones en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta, Tucumán, San Juan y Mendoza, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados debatió varios proyectos de Ley con el fin de garantizar un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.
Durante el encuentro, se acordó una reunión con las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad para el próximo viernes.
Además, el pleno de la comisión pasó a la firma un proyecto de resolución, presentado por el diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que no avance con la desregulación el Sistema Único de Prestaciones Básicas de las Personas con Discapacidad.
Link Documento de Conferencia de prensa
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Fuente: Foro Permanente Discapacidad y Derechos