Buscan llegar a los responsables políticos de la Masacre de Esteban Echeverría

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Hace dos años ocurría una de las peores masacre en las comisarías bonaerenses. A pesar de su antecedente inmediato en Pergamino otra vez el fuego en un espacio de encierro inhabilitado dejaba un saldo fatal. ¿Cómo y por qué se repite la historia? ¿quiénes son los responsables y cuál es el papel de la justicia y de la política? ¿cómo avanza la causa por la Masacre de Esteban Echeverría? Por Agencia Andar.

Jeremías Rodríguez, Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Ariel Corvera, Jorge Ramírez, Miguel Ángel Sánchez, Juan Carlos Fernández, Juan Lavarda, Eduardo Ocampo y Fernando Argüello, murieron hace dos años bajo custodia estatal. En un incendio en la Comisaría 3ra de Esteban Echeverría. “Es momento de volver la mirada sobre el fiscal para requerirle estas indagatorias y recordarles que es en cabeza del propio fiscal sobre quién pesa la responsabilidad estatal de investigar estas violaciones a los derechos humanos” aseguró Margarita Jarque, directora del Programa de litigio estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria, en la primera de las charlas de un ciclo que organizó la CPM para conmemorar la fecha.

Desde el organismo representan a varias de las familias víctimas de la masacre como particular damnificado. El equipo de profesionales insiste en solicitar al fiscal de la causa que le tome declaración a Cristian Ritondo, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en aquel entonces, y al Comisario General Fabián Perroni, a cargo de la Superintendencia General de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Jefe de Policía) en el momento del incendio. Entienden que son autores y responsables penales respecto de lo que ocurrió ese 15 de Noviembre de 2018 y que deberían estar imputados por los delitos de abandono de personas seguido de muerte y violación de los deberes de funcionario público.

El expediente tramita en la Fiscalía 4 de Lomas de Zamora cuyo fiscal, Fernando Semisa, intentó a meses de la masacre cerrar la causa diciendo que los responsables habían sido los propios detenidos, llegando a caratular la causa con tres de ellos como imputados cuando ya habían fallecido. En dos años de desarrollo la causa que investiga esas muertes lleva más de 30 cuerpos pero no tiene un rumbo, sólo se acumula. Los y las abogadas de la querella explican que no hay valoración de la prueba, ya sea para procesar, archivar o absolver, es inconducente.

“A un año de la instrucción recusamos al fiscal desde la CPM, y el juez resolvió negativamente, por lo que debimos seguir la investigación con ese fiscal, desfilaron un centenar de funcionarios policiales y del ministerio de seguridad y de justicia intentando quitar las responsabilidades políticas, cuando son quienes están obligados para la integridad de personas detenidas”, explican desde el organismo. Al momento de la masacre pesaban sobre la comisaría 3ª de Esteban Echeverría siete clausuras, una por resolución ministerial y seis por orden judicial: la primera de 2011, la última de enero de 2018. Todo el departamento judicial lo sabía, y todos los funcionarios responsables del sistema penal en la provincia también estaban advertidos sobre la situación de las dependencias policiales.

El abandono
La noche del 15 de noviembre de 2018 en la Comisaría 3ra. de Transradio sonaba fuerte la música. Eso generó una discusión entre los detenidos y los oficiales de guardia por el volumen. Los policías apagaron el reproductor y se inició una protesta en la algunos detenidos prendieron fuego. Había en total 27 personas presas en una dependencia con capacidad para ocho. El ambiente era denso y cualquier cuestión caldeaba los ánimos.

“Cuando él cayó lo que una piensa automáticamente es que no está en la calle, ya no le puede pasar nada malo. Pero mira lo que paso estando ahí adentro….en condiciones aparte que no eran humanas por la manera en que estaban los calabozos y menos con tanta gente. No puede volver a pasar, una mamá no puede volver a pasar por esto”, dice María Argüello, la mamá de Fernando Argüello, que había caído preso hacía 6 meses y ni siquiera había podido declarar todavía. “Ahí era un lugar feo. No te digo que la otra comisaría era linda, pero el estado en que estaban en esta es distinto, la gente que trabajaba era distinta”, coincide Celina Ordoñez, la mamá de Juan Carlos Fernández.

Las celdas no poseían iluminación ni ventilación acorde, había dificultades para el acceso y uso del agua y no existían medidas ni elementos de seguridad, los matafuegos estaban vencidos y carecía de instalaciones contra incendio. La celda donde se inició el fuego, de 5.30 mts de ancho por 3.60 de largo alojaba a doce personas que dormían en una superficie cubierta de colchones de goma espuma sin retardantes de ignición. La dependencia estaba ubicada al lado de un cuartel de bomberos voluntarios, pero con esas condiciones ni siquiera eso pudo evitar el desenlace fatal de diez muertes.

Las familias de las víctimas se enteraron de lo que había pasado por la televisión o por las redes sociales. “Mira, ahí hay un tal Ocampo que parece que falleció en la Comisaria. Fíjate”, le dijeron a un primo de Mariela Ocampo, la hija de Eduardo, que supo lo que había pasado al otro día, a la noche. “¿Sabés con qué lo agarraron? –cuenta otra mamá- con un paquete de bizcochitos estaba yendo a la metalera donde trabajaba, con un paquete de bizcochitos y un jugo Ades, lo que tenía era porro para consumo”: tenencia simple de estupefacientes. Otro de los detenidos que murió estaba ahí por intentar robar una cortadora de césped. Casi la mitad llevaba más de cuatro meses en el lugar y todos habían superado el plazo máximo de 48 horas que puede permanecer una persona alojada en comisarías. “Yo quisiera que caigan presos todos los responsables, pero ellos no van a pagar nada”, se lamente Celina.

“Esta justicia tiene una doble vara, rápida e intensa cuando se tata de juzgar a pibes pobres, y una no rápida que arma un circuito de impunidad y complicidad en torno a causas como estas”, subrayó Jarque al abrir el ciclo de charlas organizado desde la CPM. “Desde el poder político hay una violencia institucional omisiva. No hay peor violencia que el abandono, cuando uno tiene que hacerse cargo de algo y lo omite. El caso de Esteban Echeverría es una muestra de cómo el estado puede desentenderse de sus obligaciones”, coincidió el ex juez Luis Arias que participó de ese espacio.

Mientras tanto las familias junto a la querella tienden puentes en los laberintos de la burocracia judicial y en las calles. Ese paso firme de cada marcha debería repetirse en la investigación judicial.

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CONVERSATORIO CON LAS MADRES DE LAS MASACRES
Nora Cortiñas: “Hay una causa que nunca se puede dejar, que es la búsqueda de la justicia”

En el marco de un ciclo de charlas por el segundo aniversario de la masacre de la comisaría 3ª de Esteban Echeverría, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó el conversatorio “Del dolor a la lucha”, que reunió a Nora Cortiñas con madres de las masacres de Pergamino, Echeverría, San Miguel del Monte y la más reciente el caso de uso letal del patrullero en San Nicolás. Cuatro masacres, 23 víctimas fatales: la organización y lucha de las familias, el único camino para impulsar las causas y torcer la impunidad policial. “Buscar la justicia, buscar la verdad, esa es nuestra forma de tenerlos presentes”, dijo la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora e integrante de la CPM.

Este domingo 15 de noviembre se cumplen dos años de la peor masacre ocurrida en comisarías bonaerenses: diez personas murieron tras un incendio en el calabozo 1 de la comisaría 3ª de Transradio, Esteban Echeverría. Al momento del hecho, la dependencia policial tenía vigente siete órdenes de clausura, todas desoídas por la misma justicia y el gobierno provincial. No había colchones ignífugos ni red de prevención de incendios y los matafuegos tenían la carga vencida. Antes de la clausura de los calabozos, la comisaría había informado que tenía cupo para alojar diez personas, el día de la masacre había 26.

A dos años del hecho, la causa no tiene ningún imputado. “Estamos esperando que la causa avance, que el fiscal nos dé una respuesta y que sea justo con nosotras”, dijo Mariela Corvera, hermana de Carlos, una de las diez víctimas de la masacre, durante el conversatorio “Del dolor a la lucha”.

La causa tramita en la UFI 4 de Lomas de Zamora; a pesar de ser una fiscalía especializada en violencia institucional, en los primeros meses de instrucción el fiscal Fernando Semisa intentó cerrar la causa diciendo que los responsables habían sido los propios detenidos. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), patrocina a nueve de las diez familias víctimas, pidió su recusación pero fue rechazada por el juez. Desde entonces, es la querella la única que impulsa las medidas de prueba: con los testimonios recolectados en el expediente judicial se pidió el llamado indagatoria del entonces Ministro de Seguridad Cristian Ritondo y el ex Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Fabián Perroni; el fiscal Semisa sigue sin llamarlos.

“Cuesta mucho, pero acá seguimos”, dice Matilde Rojas, mamá de Elías Soto, otras las víctimas de la masacre de Esteban Echeverría. “Seguimos luchando, transitando este camino. Hubo gente que nos enseño y nos alentó a seguir, porque nosotros no entendíamos lo que estábamos pasando. Al principio nos creímos la versión oficial, que fue un motín, que se quisieron escapar y con el correr de las horas me di cuenta que no podía ser, que mi hijo no podía quedar eso. Acá hay otra cosa, empezamos nuestro camino y nos fuimos enterando que la comisaria no podía alojar personas, que los matafuegos estaban vencidos”.

En la madrugada del 15 de noviembre, luego de una discusión por el volumen de la radio, los policías cortaron la electricidad del calabozo y con ello también el suministro de agua. Los detenidos protestaron pero no fueron escuchados, prendieron fuego un pequeño trozo de colchón, pero por la situación de hacinamiento, eran doce personas en una celda de 5,30 metros por 3,60, los colchones no ignifugos, los bolsos con ropa de los detenidos, el fuego creció rápidamente.

“No era la primera protesta, ellos venían reclamando hace días, ellos estaban amontonados, no les pasaban la comida, a los familiares nos maltrataban pero nos callábamos para que no les pase nada a ello, para que no tomen represalias contra ellos. Nos callamos para que no les pasara nada y les pasó igual”, lamenta Mariel Corvera.

Entre las personas que Matilde reconoce les enseñaron y alentaron a seguir, están las madres de la masacre de la comisaría 1ª de Pergamino, ocurrida sólo un año y ocho meses antes. “Sentimos la necesidad de acompañarlas desde el primer momento, porque habíamos pasado lamentablemente por la misma situación, la misma masacre. Como ellas, yo tampoco sabía qué hacer, estaba velando a mi hijo y no me di cuenta que me lo habían matado”, recordó Cristina Gramajo, mamá de Sergio Filiberto, una de las siete víctimas.

En diciembre de 2019, el TOC N 1 de Pergamino condenó con penas de entre 6 y 15 años a seis policías; sólo dos de ellos cumplen la pena en cárcel. “El día de la sentencia tuve un sabor amargo, sentimos la injusticia de la justicia, la injusticia de un poder judicial, que tiene una vara muy distinta según quién esté en el banquillo de los acusados, cuando están los funcionarios del Estado son más benévolos”.

El 20 de mayo del 2019 ocurrió la masacre de San Miguel del Monte, la tercera durante la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires: la persecución policial y los disparos contra el vehículo en el que paseaban cinco jóvenes: cuatro murieron, sólo sobrevivió Rocío, que tenía en ese momento de 14 años. La causa principal próxima a elevarse a juicio tiene 13 imputados (12 policías y un funcionario municipal), cuatro de ellos por homicidio y el resto por encubrimiento.

“Una de las cosas que me quedó desde el principio fue esta idea de formar el dolor en lucha, eso es lo que define todo el camino, un camino difícil. Esto y la importancia de entender que se trata de una lucha colectiva”, contó Yanina Zarzoso, mamá de Camila López.

El pasado 1º de junio, alrededor de las 3 de la madrugada, en otra persecución policial, un patrullero sin las sirenas ni luces azules prendidas se cruzó de carril, a contramano, para interceptar el paso de la moto en la que viajaban Ezequiel Corbalán y Ulises Rial; impactaron sobre el costado izquierdo del patrullero, salieron despedidos y golpearon contra el asfalto: Ulises murió casi en el acto; Ezequiel falleció después de estar internado casi cuatro días en grave estado. Por estar incumpliendo la cuarentena y por temor a que le secuestren la moto que usaba para trabajar, Ezequiel había esquivado un control policial.

“Las pericias mecánicas comprobaron la dinámica del impacto y, de los celulares secuestrados a los policías, se recuperó un mensaje en donde decían que ‘lo iban a hacer pasar como un accidente’. Están las pruebas a favor de las víctimas pero el fiscal todavía demora resoluciones y los policías que iban en ese patrullero siguen cumpliendo sus funciones como si nada”, detallo Verónica Arias, madre de Ulises.

“Cada día que pasa es una lucha distinta. Tengo un nene que va a cumplir 12 años y me dice no voy a tener a Eze, tampoco va a tener a su abuelo. En esos meses, mi padre murió, no aguantó perder a su nieto. Es desgastante, no sé cómo vamos a llegar, pero no vamos a parar hasta encontrar justicia”, agregó Sandra Corbalán.

Cuatro masacres ocurridas en poco más de tres años, 23 víctimas fatales, la mayoría de ellas jóvenes. Una justicia dispar que, en los casos de violencia institucional, casi siempre suele seguir la versión policial.

“Hay una causa que no se puede dejar que es la búsqueda de justicia. Tenemos que seguir luchando para demostrar que no queremos vivir bajo la impunidad, que no podemos acostumbrarnos a ninguno de estos delitos atroces cometidos por el Estado”, señaló sobre el final del conversatorio la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora e integrante de la CPM, Nora Cortiás. “Mientras tengamos fuerza no vamos a parar de buscar la justicia, buscar la verdad, esa es nuestra forma de tenerlos presentes”, cerró.

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