Gatillo fácil y las mentiras de siempre

Desde que comenzó la cuarentena, en Córdoba se han contabilizado cinco casos de gatillo fácil, incluyendo el caso de Valentino Blas Correas de 17 años. Se debe tener en cuenta que este es un recuento parcial de casos ( debido a la dificultad de acceso a la información) y que seguramente con el correr de los días, no seria de extrañar que haya mas casos de los que han sido publicados. Por Correpi.

El caso de Valentino Blas Correas es la muestra clara de cómo actúa la policía, en un hecho que recuerda al caso de Franco Amaya, asesinado en el año 2017 en un control policial en Carlos Paz, y por el que fuera condenado a solo 12 años de prisión el oficial Rodrigo Velardo Bustos, mientras que su compañero José Ezequiel Villagra quedó absuelto.

El auto en el que circulaba Valentino junto con otras cuatro personas recibió al menos cuatro impactos de balas, aunque algunos testigos dicen que hubo una veintena de disparos. Todas estas detonaciones fueron de las armas de la policía de Córdoba.

Por el asesinato de Valentino, la justicia investiga a un total de cuatro oficiales, de los cuales dos policías están imputados, los cabos primeros Lucas Gómez y Javier Alarcón, bajo el cargo de homicidio calificado agravado, a diferencia de otros casos en donde se les baja el precio al asesinato de personas por miembros de las fuerzas, y se los cataloga como “exceso”. Lo que no cambia es la versión oficial, que habla del “arma” que llevaban las víctimas, otra mentira que nuevamente vuelve a caerse: a diferencia de lo que salió a declarar el comisario mayor Gonzalo Cumplido que habla de una supuesta arma. Ninguno de lxs ocupantes del vehículo estaba armado.

Aunque las fuentes oficiales declararon que hubo un tiroteo, la mentira de los policías se cayó rápidamente. Tal y como sucede en la mayoría de los casos de gatillo fácil, se intentó culpar a las víctimas, pero esta vez sin éxito. Este tipo de accionar que intenta incriminar a lxs jóvenes víctimas fatales del accionar represivo no es ni nuevo, ni una excepción: cabe recordar casos el de Rodrigo Sánchez de 16 años o el de Lucas Rudzicz de 13 años, donde lejos de investigar a los asesinos de estos pibes, se criminalizó a las víctimas, dando como resultado que a cinco años del asesinato de Rodrigo la familia aún debe seguir exigiendo justicia mientras que Lucas Gastón Carranza, su asesino, sigue sin pagar por su crimen; o en el caso de Lucas se haya dado una pena mínima al oficial Armando Martín Murúa, custodio del cura Oberlin, en un juicio donde quedó demostrada la complicidad judicial en favor de las fuerzas represivas.

Es de destacar la rapidez con la que los oficiales limpiaron la escena del crimen. Testigos declararon a medios locales cómo, en menos de dos horas, ya no había rastros del hecho, ni en las cercanías de la Plaza de las Américas, donde los policías efectuaron sus disparos, ni en la esquina de Corrientes y Chacabuco -pleno centro-, donde finalmente médicos del 107 informaron el fallecimiento del joven. La impunidad con la que se manejan los oficiales de Córdoba es una constante que tiene larga data, pero que se ha acentuado durante esta cuarentena. Así lo demuestran casos como el de José Ávila, ocurrido hace pocas semanas en Villa El Libertador, quien fuera asesinado por oficiales de la comisaría número 18 del mismo barrio, y a los cuales no les interesó siquiera informar del hecho en la dependencia policial, y que dejaron el cuerpo de José desangrándose al costado de su moto. Nuevamente la mentira oficial no alcanzó, y rápidamente quedó descartada la versión que decía que se trataba de un hecho de persecución policial: José Ávila fue abatido al costado de su moto sin que esta haya estado en movimiento si quiera. En tanto, las balas policiales siguen impactando en las espaldas de las víctimas, como fuera el caso de Franco Sosa, de 23 años, asesinado el 26 abril de un disparo en la nuca, en Ciudad Evita, barrio de la capital cordobesa.

Villa La Tela y Barrio San Roque
Que la represión policial es una constante en todas las barriadas cordobesas es algo que no sorprende, pero la cantidad de hechos represivos en los barrios limítrofes Villa La Tela y San Roque son de destacar.

De los cinco casos de gatillo fácil que relevamos desde que comenzara la cuarentena en Córdoba, y que son los que trascienden, dos ocurrieron en esos barrios, provocando los fallecimientos de Gastón Mirabal y de Fabián Perea. Gastón fue asesinado de un disparo por la espalda por una pareja de policías, mientras que Ariel Verón, quien lo acompañaba en la moto, resultó herido. En tanto que Fabián fue asesinado por miembros de las fuerzas que atienden una pizzería, también de un disparo y desarmado.

A estos casos se suman los de Alejandro Amaya de 15 años, que sufriera un disparo policial y quedará herido de gravedad y fuera internado en el Hospital de Urgencias. En tanto, también damos cuenta del caso de Horacio Romero, atropellado por un patrullero, y luego siendo brutalmente golpeado hasta quebrarle la pierna y encerrándolo, sin recibir la atención médica adecuada, durante días en el EP9 por violar la cuarentena.

En este lugar la violencia de los allanamientos sin orden judicial son una constante, evidenciando una política dirigida a ese sector. Al menos se han registrado tres desde que comenzó el año, dos de ellos en plena pandemia, amedrentando a lxs vecinos a los tiros con balas de plomo y de goma. Entre los mentados allanamientos, el que tuvo mayor repercusión mediática fue en enero, cuando la policía allanó el comedor “Sonrisa de Ángel”, en el que la policía golpeó y baleó a lxs vecinxs que trabajan ahí. El cuadro se cierra, cómo no, con una felicitación del ministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera, a los oficiales que participaron y resultaron heridos durante el allanamiento, mostrando “el apoyo” que hace el gobierno a los represores; lo que debe leerse como el estado apoyándose en la represión para llevar a cabo un ajuste brutal sobre los sectores vulnerados.

Los casos que se nombran en esta nota, y sus familias, no son los únicos pero nos recuerdan la necesidad de transformar el dolor en encuentro y organización, y convertir la bronca en lucha por justicia, por cárcel y castigo a los culpables, por un verdadero nunca más.

¡Justicia por Valentino Blas Correas y todxs lxs pibxs asesinadxs por el estado!

¡Basta de gatillo fácil!

¡Cárcel y castigo a los asesinos!

¡El estado es responsable!

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