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Masacre de Pergamino: Dos resoluciones judiciales siembran impunidad

Se archivó la causa que investigaba las responsabilidades funcionales por el incendio en la Comisaría Primera de Pergamino, ocurrido en marzo de 2017, en la que murieron siete personas privadas de su libertad. Además, se desestimó una denuncia contra uno de los seis ex policías condenados que, el día de la lectura de la sentencia, arrojó una silla de la sala de audiencia contra familiares de las víctimas.

El 20 de diciembre del año pasado, el Tribunal Oral Criminal N 1 de Pergamino condenó a seis ex policías por el delito de abandono de personas agravado por el resultado de muerte y dictó penas de entre 6 y 15 años. Cuatro habían llegado al juicio con arresto domiciliario y cumplen actualmente sus penas en la misma condición. Sólo están en prisión el entonces comisario Alberto Donza y Alexis Eva.

La audiencia de lectura de la sentencia debió suspenderse abruptamente porque las personas que acompañaban a los imputados provocaron e insultaron a las familias de las siete víctimas. Uno de los condenados, Brian Carrizo, arrojó una silla de la sala hacia donde estaban sentadas las madres de las víctimas.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), patrocinante de cinco de las siete familias, denunció lo sucedido y reclamó que el arresto domiciliario de Carrizo sea revocado, pero tras siete meses de instrucción, la titular de la UFIJ 6 Patricia Fernández archivó la causa. Consideró que si bien Carrizo está individualizado en los videos y reconoce que actuó sin medir sus impulsos, lo que motivó la suspensión de la audiencia fueron los insultos entre familiares.

De todos modos, Fernández remitió lo actuado al tribunal, por lo que en los próximos días la CPM pedirá al fiscal general de Pergamino, Mario Daniel Gómez, que reciba la causa e insistirá con pruebas ofrecidas que la fiscal no realizó, como la convocatoria a declarar de más familiares, abogados y abogadas.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal notificó el archivo de la causa que investiga las responsabilidades funcionales por la Masacre. La denuncia penal había sido interpuesta por la CPM en 2017 al entender que por la muerte de los siete jóvenes también debían responder ante la Justicia aquellos funcionarios que generaron las condiciones para que la masacre ocurra. Es decir, las graves condiciones previas de detención, el hacinamiento y la nula seguridad ante eventuales incendios como la falta de elementos para combatirlos, ausencia de protocolos de intervención o planes de contingencia y capacitación para el personal; además del uso de colchones altamente combustibles y tóxicos.

En su sentencia el propio Tribunal reconoció esta situación y señaló la posibilidad de analizar las responsabilidades funcionales superiores en otro debate, pero el fiscal Nelson Mastorchio, a cargo de la UFIJ Nº3, consideró que estas responsabilidades ya habían sido juzgadas en el juicio realizado. La Comisión Provincial por la Memoria adelantó que también solicitará al Fiscal General que revise esta decisión.

Fuente: Agencia Andar.

 

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