Red Eco Alternativo ***

Denuncia Penal de la Gremial de Abogados y Abogadas

La Gremial ha interpuesto una denuncia formal contra las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense, el gobernador y el ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, miembros del Poder Judicial del Fuero Penal, por la posible comisión de acciones delictivas .

La denuncia plantea que ante la disposición de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, la situación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires es de total abandono.

En primer término, la ineficacia de Salud Penitenciaria para administrar su partida presupuestaria ha generado que en las cárceles bonaerenses no se cuenten con remedios básicos, con médicos capacitados ni con los insumos necesarios para hacer frente a esta pandemia.

Por otro lado, sabido es que los detenidos que se encuentran bajo la órbita del SPB son mantenidos, alimentados, vestidos, etc., por sus familiares, al ordenarse la prohibición de visitas, hay detenidos que no tienen alimentos, elementos básicos de higiene, medicamentos, etc. Esta medida fue corregida hace horas por el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, al crear una nueva excepción para los familiares de los detenidos. Esto que es una corrección necesaria, en la situación actual del sistema carcelario constituye un nuevo peligro. El SPB alberga alrededor de 48.000 presos, si la mitad recibe comida o encomiendas hay un mínimo de 24.000 personas en la calle expuestas al virus que se transmitiría a los presos.

La denuncia culpa de tanta negligencia al Poder Judicial que encarcela a diestro y siniestro, y luego no se hace cargo de los padecimientos de los detenidos; en segundo término, a las autoridades penitenciarias, que han llegado a crear una farmacia paralela con la medicación que le correspondía distribuir en las cárceles, se roban los magros alimentos que el estado suministra, les roban a los detenidos cuando efectúan requisas. Y por último al ministro de Justicia y al gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, quienes son los encargados de velar por el digno alojamiento de los detenidos y por el cumplimiento de garantías constitucionales y convencionales.

La denuncia fue realizada por los abogados Eduardo Néstor Soares, Laura Taffetani y María del Rosario Fernández.

Fuente: Gremial de Abogados y Abogadas

 

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