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Panorama de los juicios de lesa humanidad

En el marco de un nuevo aniversario del golpe cívico militar, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad difundió la última actualización de su informe sobre los procesos judiciales contra genocidas. Una vez más, continúa reduciéndose el número de detenidos. Preocupación por la postergación de juicios previstos para este año. Red Eco Alternativo.

(Red Eco) Argentina - El informe de la Procuraduría, a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, brinda datos sobre el estado de las causas, el avance de la situación procesal de las personas investigadas y el número de detenidos y sus correspondientes modalidades de encierro.

Actualmente hay 592 causas en trámite, de las que el 45% se encuentra en etapa de instrucción (266), el 41% obtuvo sentencia (241), el 11% está elevada a juicio (65) y sólo el 3% está actualmente en juicio oral (20). Es decir, la mayoría de las causas se encuentra en la etapa inicial o intermedia del proceso judicial.

La Procuraduría remarca que para que una sentencia quede firme se necesita un promedio de 5,3 años desde su radicación ante un tribunal oral, la realización del juicio y el veredicto definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sobre un total de 3315 personas investigadas por delitos de lesa humanidad, solo 968 fueron condenadas. La cifra desagregada indica 637 procesados, 544 imputados, 182 con falta de mérito, 156 absueltos, 91 sobreseídos, 70 indagados y 28 prófugos.

A su vez, el 47% del total de personas investigadas en causas penales por delitos de lesa humanidad se encuentra libre, mientras que el 28% está detenida y el 24% falleció.

Además, el informe da cuenta que continúa reduciéndose el número de personas detenidas. A marzo de este año hay un total de 913: 637 se encuentran con arresto domiciliario, 195 en servicio penitenciario y 81 con otras modalidades de detención.

En cuanto al arresto domiciliario, en 2015 había 439 genocidas en esta condición; 519 en 2016; 537 en 2017; 641 en 2018; y 650 en 2019. “Si bien se observa un leve descenso del arresto domiciliario como forma de detención, que desde 2015 venía en aumento año tras año, esto se debe a la baja general de las detenciones y no a un cambio en la modalidad. Cabe destacar que éstos datos son anteriores a la entrada en vigencia del Decreto 260/20 (emergencia sanitaria por coronavirus), a partir del cual muchos detenidos solicitaron en los últimos días la morigeración de la modalidad de prisión con arresto domiciliario”, aclaran desde la Procuraduría.

Por su parte, la Agencia Andar realizó un informe sobre los juicios previstos para este 2020. Allí se advierte sobre las demoras persistentes de la administración de justicia (fragmentación de causas sobre hechos concurrentes, estancamiento de investigaciones en etapa de instrucción, falta de integración de tribunales y problemas de subrogancia de magistrados, fallecimientos de los procesados, entre otros) a las que se sumaron las medidas de prevención y restricción de personas en audiencias de juicio que distintos tribunales habían comenzado a implementar en las últimas semanas. De todos modos, antes de la implementación de la cuarentena obligatoria, ya se habían postergado, por recursos procesales de las defensas o por falta de magistrados, los inicios de varios juicios.

Uno de ellos es por los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1975 por la Triple A en Bahía Blanca. El inicio estaba previsto para el 13 de febrero pero se suspendió por pedido de las defensas de los cuatro imputados. El juicio comenzó finalmente el 9 de marzo, pero hay otro punto que aún no está resuelto respecto a la continuidad de los magistrados del juicio: uno de ellos, Javier Aguerrido, cumplirá el próximo 31 de marzo los dos años de subrogancia en Bahía Blanca, plazo límite para permanecer en una suplencia, por lo que Casación deberá resolver cómo y quién lo  reemplazará, ya que no puede renovar ese cargo provisorio.

En tanto, el juicio conocido como “ESMA delitos sexuales” debía comenzar el martes 17 de marzo,  pero fue suspendido y aún no hay fecha nueva de apertura. Aquí se juzga a Jorge Eduardo Acosta (líder del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Armada) y Alberto Eduardo González. Ambos se encuentran cumpliendo condenas de prisión perpetua. En este caso se los juzgará por violaciones y violencia sexual en perjuicio de tres víctimas, hechos ocurridos entre 1977 y 1978.

La misma dilación puede verse en la causa conocida como “Chavanne” por delitos de privación ilegítima de la libertad de 28 empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Chavanne (Banco de Hurlingham) y Grassi (Industria Siderúrgica Grassi), quienes estuvieron detenidos en el centro clandestino de detención (CCD) que  funcionó en la Prisión Militar de Campo de Mayo. Los imputados son Raúl Antonio Guglielminetti  (agente civil de Inteligencia del Ejército Argentino) y  Juan Alfredo Etchebarne (presidente de la Comisión Nacional de Valores). Originalmente, las audiencias debían comenzar el 25 de octubre de 2019, pero fueron postergadas para marzo de este año y tras una nueva suspensión la fecha de inicio sería el 12 de mayo.

También fue postergado el juicio que reúne las causas Diedrich y Herrera sobre delitos cometidos a mediados de 1976 en el CCD La Perla, en Córdoba. La audiencia debía comenzar en diciembre de 2019, pero se pospuso para el 15 de abril de este año, fecha que actualmente resulta poco probable.

En cuanto a la causa Klotzman, que investiga la desaparición de 29 personas en Rosario, de las que  sólo sobrevivió una niña de por entonces 10 años, no hay fecha de apertura para el juicio luego de cuatro suspensiones: 18 y 20 de diciembre de 2017, 7 de marzo de 2018 y 16 de abril de 2019.

 

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