Red Eco Alternativo ***

24 de marzo: Documentos

Compartimos a continuación los textos difundidos en el marco del 44 aniversario del golpe cívico militar por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, la Multisectorial La Plata Berisso Ensenada, HIJOS La Plata, y organismos de DDHH como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otros.

Documento 24 de Marzo 2020 Encuentro Memoria Verdad y Justicia:

Hoy, 24 de marzo, sorteando todas las dificultades, estamos unidos para repudiar el golpe de estado de 1976, reivindicando a una generación que dio su vida por cambiar el mundo,y lograr una Argentina sin explotación, sin opresión y sin miseria. Estamos aquí para decir: 30.000 PRESENTES!

Cada 24 de marzo, durante todos estos años hemos repudiado y denunciado esa brutal represión racional y planificada contra nuestro pueblo, y luchamos para que se reconozca su verdadero nombre: Genocidio.

Un genocidio que impuso la desaparición forzada de personas para sembrar el terror y que tuvo como objetivo principal aniquilar el amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía conseguir transformaciones revolucionarias en la Argentina.

Un genocidio que no empezó el 24 de marzo de 1976, sino que tuvo años de planificación y de formación, que se inició antes del golpe, con el Operativo Independencia en Tucumán, con las acciones de la Triple A, CNU, CDO y demás bandas fascistas, y con los decretos de aniquilamiento firmados por Isabel Perón en 1975.

Un plan sistemático que fue organizado para secuestrar, torturar, desaparecer y asesinar a miles de personas, y que fue llevado adelante a través de la represión clandestina organizada en cientos de campos de concentración a lo largo y ancho de la Argentina. Un plan macabro de aniquilamiento de miles de compañeras y compañeros, dirigentes y militantes obreros y populares que adoptaron diferentes formas de lucha. 30.000 detenidas y detenidos-desaparecidos, centenares de asesinada/os, miles de presa/os, exiliada/os,insiliada/os, y mas de 400 bebés con su identidad apropiada, fueron producto del genocidio que desplegó el Terrorismo de Estado. Un plan instrumentado, no por «inconducta de algunos», sino por el conjunto de las fuerzas armadas y el resto de las fuerzas represivas,con la participación de empresas, de iglesias, de jueces y fiscales. Un plan articulado con las demás dictaduras del continente, a través del Plan Cóndor y la Escuela de las Américas.Un proyecto genocida que se valió de todos los métodos represivos para profundizar el enriquecimiento de unos pocos a costa del hambre de muchos, para generar cada vez mayor explotación y liquidación de conquistas del pueblo trabajador, para la entrega de los recursos del país, para la destrucción de la industria nacional, para el brutal endeudamiento externo, el cercenamiento absoluto de las libertades individuales y colectivas, y para la violación sistemática de todos los derechos.

Una dictadura que buscó destruir las formas de organización de importantes sectores de la clase trabajadora y el pueblo: cuerpos de delegados, centros de estudiantes,organizaciones políticas, sindicales, barriales, profesionales, culturales: se propuso terminar con las prácticas sociales que basaron su acción en la solidaridad, en poner el interés común por encima del individual, en privilegiar la organización e impulsar la participación.

Han pasado 44 años, y somos parte de un movimiento que lucha contra las políticas de olvido, de perdón, y de reconciliación con los asesinos, con los torturadores, con los violadores, con los apropiadores, con quienes fueron sus cómplices civiles, empresariales,religiosos y políticos. No nos olvidarnos de los decretos alfonsinistas que juzgaron a las cúpulas militares y a integrantes de las organizaciones armadas en base a la teoría de los dos demonios; los indultos del menemismo, las leyes de obediencia debida y punto final,la designación de Milani en el kirchnerismo, el negacionismo del macrismo y su intento de implantar el 2×1 para liberar a los genocidas condenados.

Entre el 2003 y el 2019 se realizaron 238 juicios contra los genocidas, se dictaron 1354 condenas sobre 975 represores y hubo 240 absoluciones. Todo ello sobre un universo de 7.848 víctimas. Sabemos que miles de represores actuaron en la dictadura y que hubo 600 Centros Clandestinos de Detención, al día de hoy hay menos de dos represores presos por cada lugar de detención. Y para mayor impunidad, casi el 70% de los represores detenidos goza del beneficio de la prisión domiciliaria, y unos 1.590 represores imputados están en total y completa libertad.

Por eso seguimos exigiendo el juicio y castigo a todos los genocidas! Hasta hoy no tenemos respuesta sobre qué pasó con todos y cada uno de las y los 30.000 desaparecidas/os; existen centenares de jóvenes que sufrieron la apropiación de su identidad y aún hoy la ignoran; la mayoría de los ejecutores del genocidio no han sido identificados ni juzgados en su totalidad, continuando la «carga de la prueba» sobre las espaldas de las y los sobrevivientes, de familiares y de buena parte del pueblo argentino que ha develado tantas evidencias y continúa denunciando a los genocidas y sus cómplices.

Hemos aprendido en estos años, que la lucha no termina siquiera cuando los genocidas son condenados, porque los socios de la impunidad en el poder judicial otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria a torturadores, asesinos y apropiadores. El único lugar para los genocidas es la cárcel. Quienes formaron parte de la maquinaria genocida no pueden ser beneficiados con la prisión domiciliaria, ni con excarcelaciones, sus crímenes son imprescriptibles y además siguen cometiendo el mismo delito al respetar el pacto de silencio. Por eso exigimos: cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas.

Necesitamos ya! la apertura de los archivos secretos de la dictadura, para conocer el destino de cada uno de nuestras y nuestros compañeras y compañeros y para conocer el paradero de sus bebés que fueron apropiados.

Sabemos que los genocidas siguieron enseñando a torturar, a desaparecer, a violar, a asesinar, en «sus escuelas en democracia». Por todo eso no podemos, ni queremos dar vuelta la página. Por eso decimos, a 44 años del golpe genocida lo que necesitamos es JUSTICIA!, por todos los crímenes cometidos contra cada uno de los compañeros y compañeras.

Los derechos humanos son de ayer y de hoy. Por eso, ante quienes dicen que no hay,exigimos la libertad de las presas y presos políticos o por luchar, como Milagro Sala y Luis D’Elía; el fin de las persecuciones, como a Sebastián Romero, y el cierre de las causas contra Daniel Ruiz, César Arakaki y demás activistas. Exigimos que se anulen las leyes “antiterroristas” aprobadas bajo el gobierno de los Kirchner (usadas para perseguir la protesta social) y que se desmantelen por completo todas las medidas represivas, que han dado un salto cualitativo durante el Macrismo. A la AFI, más que “transparentar” sus fondos hay que disolverla, como a todos los servicios secretos. Desmantelar el aparato represivo.Y poner fin al “gatillo fácil” policial y a las muertes en los lugares de detención, que cobran la vida de un joven pobre por día. Seguimos exigiendo justicia por Maximiliano Kosteki yDarío Santillán, Luciano Arruga, Julio López, Mariano Ferreyra, Santiago Maldonado,Rafael Nahuel y todas las personas desaparecidas y asesinadas por el Estado en democracia.

El golpe genocida tuvo un objetivo de fondo. Como decía Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. Esa política económica fue la del ajuste a la clase trabajadora y al pueblo, y la entrega de nuestro país al imperialismo, en base a la deuda externa. Si antes del golpe era de 7 mil millones de dólares, al caer la dictadura trepó a 49 mil millones. Después, todos los gobiernos pagaron y pidieron más. Nunca nos “desendeudamos”. Y con Macri se dio el mayor endeudamiento,que hoy supera los 310 mil millones de dólares.

Toda esa deuda es ilegítima, fraudulenta, impagable y odiosa. Porque se contrajo a punta de pistola. Porque Cavallo estatizó deuda privada. Porque jamás fue en favor del pueblo.Porque fugaron capitales. Y porque además todos los gobiernos la pagan a costa de ajuste,aunque hagan una parodia de investigación como ahora. Por eso exigimos no pagar la deuda externa. Y el FMI, que financió a la dictadura y luego dictó cada plan de ajuste, ahora nos monitorea para que sigamos pagando. Por eso lo repudiamos y decimos: ¡Fuera el FMI!

La pandemia del coronavirus desnudó y agravó la crisis sanitaria que ya existía. Ante la emergencia la cuarentena es necesaria, pero no suficiente. Lo que sirve es concientizar y tomar medidas eficaces como el testeo masivo para detección precoz del virus.Repudiamos la presión militarista y cualquier intento de declaración de estado de sitio. Por eso hoy más que nunca, y porque la salud también es un derecho humano, los millones que el gobierno destinaría a pagar la deuda externa deberían ir a fortalecer la salud pública,en especial a su personal, y a proteger al pueblo trabajador, empezando por los sectores más vulnerables, sin techo, precarizadxs, contratadxs, no registradxs y cuentapropistas.

A la vez, rechazamos el ajuste de Alberto Fernández y los gobernadores. Habla de“solidaridad”, pero les sacó la movilidad a las y los jubilados, niega la cláusula gatillo, da aumentos salariales menores a la inflación y prepara una suba de tarifas, todo para seguir pagando la deuda. Ni ajuste ni pacto social. Reclamamos un aumento general de salarios,planes sociales y jubilaciones, con 82% móvil, paritarias libres y cláusula gatillo. Apoyamos todas las luchas obreras, populares y de los pueblos originarios. Y como los derechos ambientales y de género también son derechos humanos, rechazamos el extractivismo contaminante y decimos basta de megaminería, fracking y agrotóxicos. Y alzando las banderas del 8 de Marzo, exigimos aborto legal y que el Congreso apruebe la ley de la Campaña. También desmantelar las redes de trata y proxenetismo, que haya Educación Sexual Integral efectiva, presupuesto ya para combatir la violencia machista, separar la Iglesia del Estado y anular los subsidios a la educación religiosa. Por último, exigimos el fin del alineamiento internacional con los EE.UU. e Israel. Rechazamos las bases extranjeras en el país y los ejercicios militares con el imperialismo. Argentina debe salir del Grupo de Lima y retirar sus tropas de Haití y Chipre. Apoyamos las luchas contra el represor Piñera en Chile, la golpista Áñez en Bolivia, el facho Bolsonaro en Brasil y el represor Duque en Colombia. Exigimos libertad para Facundo Molares y todos lxs presxs politicxs de la dictadura boliviana, así como justicia por el periodista asesinado Sebastián Moro y por todas las víctimas del golpe. Libertad a los miles de manifestantes presos en la rebelión chilena ya Facundo Jones Huala, detenido en Temuco. Apoyamos también las luchas de otros pueblos del mundo, como en Francia, y los pueblos de Palestina y Kurdistan en Medio Oriente.

Aunque hoy no hemos podido encontrarnos en Plaza de Mayo y manifestar nuestro repudio al golpe genocida, como hacemos año tras año. Aunque hoy no hemos podido marchar en las calles con las fotos de nuestros y nuestras compañeros y compañeras detenidos desaparecidos reafirmamos nuestro compromiso con los 30.000 y con su lucha, por construir una sociedad libre, sin opresión ni explotación.

A 44 años del golpe decimos: No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

¡30.000 compañeras y compañeros detenidos-desparecidos, presentes!
¡Ahora y siempre!

Encuentro Memoria Verdad y Justicia

Lectura del documento consensuado por las organizaciones del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, a cargo de Liliana Daunes: ACÁ

***

Abuelas de Plaza de Mayo - Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora - Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas - H.I.J.O.S. Capital - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza - Asociación Buena Memoria - Centro de Estudios Legales y Sociales - Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte - Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz - Fundación Memoria Histórica y Social Argentina - Liga Argentina por los Derechos Humanos - Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

Con los y las 30.000 como bandera, los pueblos tenemos Memoria. La Patria Exige Verdad y Justicia.
Este 24 de marzo no nos encuentra en Plaza de Mayo como cada año, ni en las demás plazas del país, debido a las medidas de prevención por la emergencia sanitaria para el cuidado de la salud de la población, pero sí hemos generado durante todo este día acciones para sostener la Memoria. En esta nueva conmemoración del Golpe genocida del 24 de marzo de 1976 recordamos a las y los 30.000 detenidos-desaparecidos, a las 10.000 presas y presos políticos; a los miles de exiliados y sobrevivientes; y reivindicamos sus luchas en organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas.

CON LOS Y LAS 30.000 COMO BANDERA, LOS PUEBLOS TENEMOS MEMORIA. LA PATRIA EXIGE VERDAD Y JUSTICIA. LIBERTAD A LAS Y LOS PRESOS POLÍTICOS

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas tomaron el poder derrocando al Gobierno constitucional en forma violenta, destituyendo así a las autoridades elegidas democráticamente. En pocos días, la Presidenta fue detenida, se disolvió el Congreso y se sustituyó por una Comisión de Asuntos Legislativos. Se destituyó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, reemplazándolos por otros, que juraron cumplir con el Estatuto y los objetivos del “Proceso de Reorganización Nacional”.

Las Fuerzas militares, policiales y parapoliciales venían desarrollando desde inicios de la década del ‘70 acciones ilegales: asesinatos selectivos, masacres, colocación de explosivos y amedrentamiento, frente a la amplia movilización y organización social. Parte de ese accionar se concentró en la Triple A. Luego del Golpe de Estado, comenzó un plan sistemático de persecución y eliminación de toda la oposición política y de implementación de un modelo social, institucional y económico con alto grado de pobreza, injusticia y autoritarismo. Este plan represivo fue planificado a niveles de las máximas autoridades, pero ejecutado a través de todas las jerarquías militares y con la participación de todas las instituciones de gestión estatal y empresarial, como así también la cúpula de la Iglesia y la corporación judicial.

El principal método represivo fue la desaparición forzada de personas con más de 700 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, miles de asesinatos, presos políticos, la apropiación de menores, los crímenes sexuales, la proscripción política, el exilio y el robo de bienes.

Fueron 30.000 personas detenidas-desaparecidas que lucharon por otro país. Reivindicamos todas sus luchas, que formaron parte de la militancia como herramienta de transformación de la realidad en organizaciones del Peronismo Revolucionario, como Montoneros, la FAP, o el movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo; la tradición guevarista del PRT; y las tradiciones socialistas y comunistas: Partido Comunista, Vanguardia Comunista y PCR, por nombrar sólo a algunas de las tantas organizaciones y espacios de participación política, sindical, estudiantil y social, luchando por ideales de libertad, igualdad, solidaridad y justicia social.

En ese marco, se implementó el Plan Cóndor: la acción conjunta criminal de las dictaduras de Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina.

Los delitos cometidos en la Argentina se reconocen a nivel internacional como de lesa humanidad y genocidio. Esto significa que son crímenes sufridos no sólo por las víctimas directas y sus familiares, sino que dañan a toda la humanidad, por lo cual los Estados tienen la obligación de investigarlos y juzgarlos y no pueden quedar impunes. Por eso, hasta hoy continúan las denuncias y los juicios que permiten conocer Verdad, hacer Justicia y construir Memoria.

Los organismos de derechos humanos que surgieron en la Argentina a partir del Golpe de Estado y los que existían desde antes, no son producto de hechos aislados, sino una muestra de que la lucha puede más que las aberraciones, perversiones, torturas, flagelos y asesinatos que generó la peor de las dictaduras que ha conocido el país.

De ese genocidio surgió la fuerza que llevó a los Familiares, las Madres, las Abuelas, los Hijos e Hijas, los sobrevivientes y a todos los organismos de derechos humanos a no rendirse ante el miedo, a no olvidar, a seguir la búsqueda de la Verdad, de la Justicia y a luchar por la Memoria.

La búsqueda de las nietas y nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar es cada vez más urgente. Llevamos resueltos 130 casos, pero aún falta encontrar a más de 300. Son más de 300 hombres y mujeres que viven con su identidad falseada y más de trescientas familias que hace 44 años los estamos buscando. Son las y los desaparecidos con vida y son la deuda de la democracia. Por más de cuarenta años, desarrollamos las más diversas estrategias de búsqueda, primero en soledad y luego con el acompañamiento del Estado y de gran parte de la sociedad. No obstante, cada año que pasa resulta más difícil encontrarlos y muchas Abuelas se han ido sin poder abrazarlos. Por eso es importante el rol de la sociedad para contribuir con la restitución de las nietas y nietos que faltan.

Necesitamos que todas y todos nos comprometamos a apoyar el difícil proceso de quienes están frente a una duda sobre su identidad y también que quien tenga un dato sobre alguna posible apropiación, se anime a decirlo. Quien carece de la información no tiene la libertad para decidir. Muchas de las últimas restituciones fueron fruto de la colaboración de alguien que le dijo a un nieto o nieta que no era hijo de quienes creía. Ese nieto o nieta no dudó ni un segundo qué hacer cuando le contaron que no era hijo de quienes lo criaron y se dirigió a Abuelas para confirmar o desestimar si una familia lo estaba buscando. Por eso es fundamental que quien sepa algo no se lo guarde. A quienes dudan en acercarse, les decimos que el momento es ahora, que pueden encontrar el abrazo reparador de los familiares que los buscan hace más de 40 años.

Sabemos que los que tienen toda la información sobre el paradero de los nietos y las nietas son los genocidas, pero no dicen dónde están. A más de 36 años de recuperada la democracia los responsables de los crímenes más atroces –incluida la sustracción, ocultamiento y apropiación de menores–, siguen callando la verdad sobre las y los detenidos-desaparecidos y sus hijas e hijos. Los pactos de silencio de estos criminales parecen inquebrantables, pero desde la sociedad podemos romperlos.

En estos últimos cuatro años hemos visto disminuir el promedio de restituciones, a la vez que, con profundo dolor, debimos despedir a decenas de compañeras que partieron sin encontrar a sus nietos y nietas. Es tiempo de contribuir a cerrar esta herida. Por eso, si creés que podés ser hijo o hija de desaparecidos, o conocés a alguien que podría serlo, no dudes en acercarte a Abuelas.

Llevamos más de 14 años de juicios por los crímenes contra la humanidad, procesos judiciales que en muchos casos empiezan a reconocer que nuestro país sufrió su segundo genocidio. Para llegar a estos juicios hubo que recorrer un largo camino de impunidades, pero jamás bajamos los brazos. No ha sido fácil y sabemos que a estos juicios los sostenemos colectivamente con sobrevivientes, familiares y quienes aportan testimonios en las salas de audiencias de todo el país para narrar las más tremendas atrocidades ante quienes deben impartir justicia.

A 44 años del golpe genocida, siguen los juicios en todo el país con casi mil condenados en más de 200 juicios realizados. Logros que nos comprometen aún más con la búsqueda de Verdad y Justicia por las y los 30.000 y por todo nuestro pueblo. Pero el tiempo pasa y el ciclo de la vida va marcando partidas: las nuestras y las de los genocidas. JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES ha sido nuestra guía y necesitamos avanzar con mayor celeridad en este proceso. No conformar tribunales, hacer audiencias con poca frecuencia y duración, no es trabajar para la justicia, es poner al Poder Judicial al servicio de la impunidad. Por eso, hoy entendemos como indispensable, la reforma del Poder Judicial, que grarantice la realización de todos los juicios por crímenes de lesa humanidad. LA DEMORA ES IMPUNIDAD porque LO QUE NO SE JUZGA HOY NO SE PODRÁ JUZGAR MAÑANA.

En su discurso del 1º de marzo, en ocasión de la apertura de las sesiones legislativas, el Presidente Alberto Fernández habló de la necesidad de imprimir celeridad a los juicios de lesa. Pues el Poder Legislativo también tiene tarea en este tema discutiendo las herramientas legales que permitan esa aceleración. Los juicios de lesa humanidad son política de Estado, por lo cual todos los poderes del mismo se deben comprometer con ese objetivo.

Pero además de acelerar los juicios que hay en curso necesitamos avanzar sobre las responsabilidades que no fueron juzgadas todavía. Las desapariciones y muertes fueron ejecutadas por las Fuerzas Armadas, pero los grandes beneficiados fueron los grupos de poder concentrados que planificaron la miseria, como ya lo adelantaba Rodolfo Walsh en su carta abierta a las Juntas Militares de 1977. Empresas que participaron activamente en la represión entregando listados de trabajadores a los militares o incluso, como se demostró en el juicio contra la empresa Ford de 2018, que permitieron el funcionamiento de campos de concentración en sus plantas. Las grandes empresas fueron los mayores beneficiados con el genocidio tanto con el disciplinamiento de los trabajadores como con las grandes ventajas económicas obtenidas. Como hemos denunciado, en los últimos cuatro años se cerraron las distintas dependencias del Estado encargadas de investigar a quienes se beneficiaron con el genocidio y es hora de reactivar esas políticas públicas. Es necesario también avanzar en la apertura y desclasificación de todos los archivos nacionales, internacionales y de la iglesia.

Otra de las deudas de la democracia es hacer justicia por las violaciones a los derechos humanos sufridas por nuestros soldados en la guerra de Malvinas a mano de los genocidas. Igual que en los campos de concentración en todo el país, los sobrevivientes de la guerra dan testimonio de las torturas y vejaciones a las que fueron sometidos. Este año se logró un gran avance sobre una causa histórica y fueron procesados responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la guerra por las Malvinas. Un paso muy importante para seguir avanzando en Memoria, Verdad y Justicia.

La impunidad es inaceptable para la sociedad argentina, lo hemos demostrado incansablemente durante estos cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri ante las acciones negacionistas, el debilitamiento de las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia, y frente al intento de implementar el beneficio del 2x1 a los genocidas.

A pesar de la resistencia, desde 2015 se duplicó la cantidad de genocidas libres y han aumentado las prisiones domiciliarias. Todavía existen casi 90 genocidas que viven en la cárcel vip de Campo de Mayo, mientras hay presos comunes hacinados en las cárceles de todo el territorio argentino. Así de absurdo, en Campo de Mayo, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención del Ejército, los genocidas pasan sus días de arresto al cuidado de sus subalternos. Debemos terminar con ese privilegio: el único lugar para cumplir las condenas es la cárcel común.

Estos sitios contienen pruebas de los delitos cometidos por los dictadores y sus cómplices, y deben ser preservados como prueba de los crímenes. Es por eso que celebramos la decisión anunciada por el Presidente Alberto Fernández: Campo de Mayo será un Espacio de Memoria. Ese centro clandestino, donde se secuestró, torturó y desapareció a más de 5.000 víctimas, y donde además se robaron a cientos de bebés, recibirá en un futuro próximo a las nuevas generaciones que conocerán los delitos allí cometidos en el marco de la dictadura cívico-militar. En esta fecha, le solicitamos al Presidente Fernández que derogue el decreto del Gobierno anterior sobre la Creación de la Reserva Ambiental de la Defensa en Campo de Mayo, una ofensa para la memoria colectiva.

Ese país que tuvimos con Macri benefició a genocidas, mientras persiguió y encarceló a militantes y referentes de la oposición.

La forma actual de intervención de los EE.UU. en la región es a través del lawfare que en nuestro país impulsó el gobierno de Mauricio Macri de la Alianza Cambiemos, con parte del Poder Judicial, de la Agencia Federal de Investigaciones y los medios concentrados de comunicación, que prepararon a la opinión pública para que legitimara el permanente deterioro del Estado de Derecho.

El armado de causas se desplegó contra quienes se animaron a enfrentar al neoliberalismo. Se utilizaron todos los resortes del Estado para intentar someter a quienes se opusieron a las políticas de saqueo y hambre de millones de argentinos y argentinas, que nos impuso el gobierno macrista. La persecución judicial y política se inició en la provincia de Jujuy con la detención de Milagro Sala y sus compañeros de la Tupac Amaru pero siguió en todo el país con la persecución a dirigentes y dirigentas políticas, sociales, empresariales y gremiales; referentes de los pueblos originarios o de distintas organizaciones sociales; ex funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, con especial saña para con la actual Vicepresidenta y su familia. Todos fueron objeto de hostigamiento y persecución, lo que le sumó al lawfare argentino un carácter mafioso.

Las comunidades originarias sufrieron particularmente estos procesos represivos. La estigmatización a los pueblos originarios, la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y el encarcelamiento de los referentes comunitarios fue una práctica sistemática del ministerio a cargo de Patricia Bullrich.

Son muchos los presos y presas víctimas de este accionar que se encuentran encarceladas por razones políticas. Con causas armadas, abuso de las prisiones preventivas, teorías absurdas para justificar lo injustificable, los mantienen cautivos muchas veces en condiciones deplorables y sin atender a sus necesidades médicas. La Corte Suprema de Justicia y las Cámaras federales tienen la responsabilidad de no demorarse más. Deben reparar lo que hasta hace muy poco muchos de sus integrantes ayudaron a materializar, violentando todas las normas internas y la legislación internacional incorporada a la Constitución Nacional.

Como lo ha propuesto el Presidente de la Nación Alberto Fernández, se impone avanzar en una profunda reforma del sistema de justicia que nos encontrará acompañando y aportando para tener la justicia que nuestro pueblo demanda.

Por eso reclamamos con toda nuestra voz NUNCA MÁS presos y presas políticas y NUNCA MÁS LAWFARE en la Argentina y en nuestra región.

En este último tiempo hemos visto el avance de nuevas formas de ataque a los gobiernos populares. Por eso, una vez más, repudiamos enérgicamente el Golpe de Estado cometido en Bolivia, como así también la vulneración de derechos en ese país hermano, esperando que la recuperación de la democracia ocurra de manera urgente. Toda nuestra solidaridad con el pueblo boliviano y su legítimo presidente Evo Morales.

Abrazamos al pueblo de Chile en lucha y resistencia, y repudiamos la represión y militarización del Gobierno de Sebastián Piñera. Nuevamente, lo instamos a resolver los conflictos por la vía del diálogo y la paz ante un pueblo que se pronuncia en defensa de sus derechos.

En nuestro país y el mundo hay una revolución que pide a fuerza de calles y lucha que se terminen las violencias contra las mujeres y diversidades. Que paren de matarnos. Que la violencia machista y patriarcal tengan su punto final. Es también tiempo de escuchar las voces de tantas mujeres que a diario sufren las consecuencias de prácticas clandestinas de interrupción del embarazo por no poder decidir libremente sobre sus cuerpos. Decidir sobre nuestros cuerpos no es un privilegio, es un derecho. Por eso, para cuidar tanto la salud como la libertad, este reclamo debe ser atendido con urgencia.

Los organismos de derechos humanos nos sumamos al reclamo de las mujeres y gritamos con ellas:

EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR. ¡QUE SEA LEY!

La Argentina se está recuperando de un gobierno que dejó al país en la miseria, con un endeudamiento insostenible, con desocupación y hambre, persecución judicial y con retrocesos en materia de justicia por los crímenes de lesa humanidad. Fueron años de resistencia y lucha para defender nuestros derechos. Parte de esas políticas persisten hoy en la Ciudad de Buenos Aires, con la continuidad de la misma fuerza gobernante, bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, caracterizada por el desprecio por la salud y la educación pública y la represión a la protesta social, que incluye la decisión de usar picanas portátiles, medida que hemos denunciado en el país y el exterior.

Esta etapa de la Patria necesita el apoyo de todo el pueblo para salir adelante. Necesita que la solidaridad sea nuestra bandera. Necesita que le tendamos la mano a quienes menos tienen, a los más vulnerados, a los que se encuentran más frágiles frente a la situación que estamos viviendo. Con políticas de Estado, solidaridad y compromiso podremos volver a tener la justicia de un plato de comida en la casa, de un trabajo digno, con las fábricas funcionando, con acceso igualitario a la salud y la educación, con inclusión y libertad.

Hoy estamos en nuestras casas, pero luchando y reivindicando a las y los 30.000. Siguiendo sus ejemplos de estar donde se necesita, de denunciar lo injusto, de abrazar a la Patria, de debatir la realidad para cambiarla, de organizarse ante quienes atacan a los pueblos, de poner a lo colectivo por delante de todo. Levantamos los pañuelos blancos que buscaron a las y los 30 mil desaparecidos, que se enfrentaron a la dictadura, que reclamaron Memoria, Verdad y Justicia, que resistieron al neoliberalismo, que se hicieron pueblada en el 2001. Los pañuelos blancos que reabrieron los juicios, construyeron sitios de memoria, acompañaron las luchas de los trabajadores, resistieron el negacionismo de Macri. Los pañuelos que nos enseñan que no debemos ser indiferentes jamás.

El mundo atraviesa tiempos difíciles. Por eso hoy no estamos en las plazas como cada 24 de marzo. Pero estamos en unidad para salir adelante. Estamos levantando la bandera de la solidaridad como herramienta colectiva. De eso se trata. De seguir el ejemplo de 30.000 luchas que tenemos presentes en cada paso de nuestra historia. Fuerza, Argentina.

CON LOS Y LAS 30.000 COMO BANDERA, LOS PUEBLOS TENEMOS MEMORIA. LA PATRIA EXIGE VERDAD Y JUSTICIA. LIBERTAD A LAS Y LOS PRESOS POLÍTICOS

¡RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS NIETOS Y NIETAS!

¡JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y PARTÍCIPES CIVILES!

¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

Abuelas de Plaza de Mayo - Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora - Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas - H.I.J.O.S. Capital - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza - Asociación Buena Memoria - Centro de Estudios Legales y Sociales - Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte - Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz - Fundación Memoria Histórica y Social Argentina - Liga Argentina por los Derechos Humanos - Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos

***

Multisectorial La Plata Berisso Ensenada

A 44 AÑOS DEL GOLPE, NO FUERON INCONDUCTAS. FUE GENOCIDIO

NO FUERON INCONDUCTAS
FUE GENOCIDIO
CON GENOCIDAS EN LA CALLE CONTINÚA LA IMPUNIDAD
No al pago de la deuda, no al ajuste, fuera el FMI
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos
30 mil compañeros compañeras detenidos desaparecidos detenidas desaparecidas, presentes!

A 44 años del golpe genocida denunciamos firmemente que no hay vuelta de página, que la lucha contra la impunidad de ayer continúa contra la impunidad de hoy. Repudiamos, nuevamente, a la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Nuestra cita es con la historia construida con tantos años de lucha en las calles, para rendir homenaje a nuestras 30 mil compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, y a sus sueños de un país sin opresión ni explotación. Y en este homenaje, nombramos a la compañera Adriana Calvo, a Cachito Fukman, a Nilda Eloy y a la recientemente fallecida Cristina Gioglio.
Este nuevo 23 de marzo, repudiamos el llamado del Presidente Alberto Fernández a “dar vuelta la página” y el intento de reemplazar los crímenes de lesa humanidad por nada menos que “inconductas de algunos”, cuando la calificación de genocidio, como un plan de exterminio orquestado desde el mismo Estado, que costó la vida de miles de hombres, mujeres, niños y niñas, fue resultado de una lucha implacable del pueblo durante décadas, de su oposición sistemática a la teoría de los dos demonios, al punto final, a los indultos, a las cárceles domiciliarias, al “2x1” de la Corte. Esto es un nuevo intento por establecer que el genocidio solo se trató de algunos “excesos”.
El genocidio que no empezó el 24 de marzo de 1976, sino que tuvo años de planificación y de formación, e inició sus ensayos antes del golpe, con el Operativo Independencia en Tucumán, con las acciones de la Triple A, el Comando Libertadores de América y otras bandas fascistas, y con los decretos de aniquilamiento firmados por Isabel Martínez de Perón entre febrero y octubre de 1975.
No fueron inconductas: se trató de un plan sistemático que fue organizado para secuestrar, torturar, desaparecer y asesinar a miles de personas. Un plan que fue llevado adelante a través de la represión clandestina organizada en cientos de campos de concentración a lo largo y ancho de la Argentina, un plan macabro de aniquilamiento de miles de compañeros y compañeras, dirigentes y militantes obreros y populares que adoptaron diferentes formas de lucha. 30.000 personas detenidas-desaparecidas, asesinados y asesinadas, miles de personas presas, exiliadas, insiliadas, y casi 500 niños y niñas con su identidad apropiada, fueron el objetivo del genocidio que desplegó el Terrorismo de Estado. Un plan instrumentado no por algunos, como dijo Fernández, sino por el conjunto de las fuerzas armadas y el resto de las fuerzas represivas, con la participación de empresas, de la iglesia, de jueces y fiscales.

Fue un proyecto genocida que se valió de todos los métodos represivos para profundizar el enriquecimiento de unos pocos a costa del hambre de muchos, para generar cada vez mayor explotación y liquidación de conquistas de la clase obrera, para la entrega de los recursos del país, para la destrucción de la industria nacional, para el brutal endeudamiento externo, para el cercenamiento absoluto de las libertades individuales y colectivas, y para la violación sistemática de todos los derechos.
Fue una dictadura que buscó destruir las formas de organización de importantes sectores trabajadores y del pueblo: cuerpos de delegados, centros de estudiantes, organizaciones políticas, barriales, profesionales, culturales.
Por todo eso hoy, a 44 años de ese golpe genocida, repudiamos al poder económico, a los banqueros y a la oligarquía terrateniente que planificaron el golpe, a las empresas y los dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos enteros de delegados como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford; la Iglesia que los bendijo; al poder judicial que los amparó; a los políticos que los avalaron; y a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos,
Por eso seguimos exigiendo el juicio y castigo a todos los genocidas. Porque hasta hoy no tenemos respuestas sobre qué pasó con cada uno y cada una de los y las 30.000 desaparecidos y desaparecidas; porque existen centenares de jóvenes apropiados y apropiadas que no conocen su identidad; porque la mayoría de los ejecutores del genocidio no han sido identificados ni juzgados, manteniendo la "carga de la prueba" sobre las espaldas de los y las sobrevivientes, de los familiares y del pueblo que ha develado tantas evidencias y que continúa denunciando a los genocidas y sus cómplices.
Rechazamos absolutamente todo este planteo de “reconciliación” con un régimen represivo y sus brazos armados, que vienen levantando todos los sucesivos gobiernos, donde las caras se repiten hace décadas, para recuperar el rol del ejército en la vida política nacional, incluido su rol represivo. Muestra de ello es la absolución del genocida Milani durante el gobierno de Macri. Milani había sido premiado por el gobierno kirchnerista con su ascenso a jefe del Ejército, mientras se garantizaba la continuidad de miles de efectivos de la bonaerense implicados en el proceso de la dictadura y los juicios a cuentagotas. Seguimos firmes en esta trinchera porque a 44 años solo hay 962 condenados sobre los más de 600 centros de detención, tortura y exterminio que funcionaron en Argentina, lo que da menos de 1,5 represores condenados por cada campo de concentración. El universo total de militares y civiles que han sido requeridos al menos una vez en el marco del proceso de juzgamiento es de 3295, según su máxima situación procesal alcanzada y solo fueron sentenciadas 1119 (962 condenadas y 157 absueltas), un tercio del universo total de genocidas que están o alguna vez estuvieron bajo investigación.

Hemos aprendido en estos años, que la lucha no termina cuando los genocidas son condenados, porque los socios de la impunidad en el poder judicial otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria a torturadores, asesinos y apropiadores. El kirchnerismo benefició con domiciliarias a más del 40% de los genocidas condenados, y el macrismo llevò este porcentaje al 70. El único lugar para los genocidas es la cárcel. Quienes formaron parte de la maquinaria genocida no pueden ser beneficiados con la prisión domiciliaria, ni con excarcelaciones, sus crímenes son imprescriptibles y además los siguen perpetuando manteniendo un pacto de silencio. Reclamamos la apertura ya, de los archivos secretos de la dictadura, para conocer el destino de cada uno de nuestros compañeros y compañeras y para conocer el paradero de aquellos hijos e hijas que fueron apropiados y apropiadas.
En este sentido rechazamos las cárceles domiciliarias a los genocidas, y el pedido por parte de Astiz y Etchecolatz, de agarrarse de la pandemia para ser trasladados a sus domicilios. Denunciamos también que los genocidas viven en condiciones totalmente distintas al resto de la población privada de la libertad por delitos comunes, que sufre hacinamiento, todo tipo de torturas y sobrepoblación.
Decretar la domiciliaria se traduce en un nuevo intento de consagrar la impunidad y permitir que los genocidas vuelvan a las calles. Los jueces deben rechazar estas peticiones y el Estado debe garantizar que el Servicio Penitenciario cuente con todos los elementos necesarios para evitar el contagio del COVID-19 entre las personas privadas de la libertad.

Por todo esto planteamos: Cárcel común perpetua y efectiva a todos los genocidas! No damos vuelta la página! no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, fue genocidio, son 30.000! Exigimos la apertura pública y preservación de los archivos. Restitución de la identidad de los y las jóvenes apropiados y apropiadas! No a los pedidos de cárcel domiciliaria y beneficio a los genocidas! Desafectación de los centros clandestinos como lugares de detención actual! Desmantelamiento del aparato represivo! Derogación de las leyes antiterroristas!
Y a 14 años de su segunda desaparición, aparición con vida YA de Jorge Julio López, y castigo a los responsables!

La crisis del país, y en particular la sanitaria, se ha agudizado con la emergente pandemia del COVID-19, y los nuevos brotes del dengue y el Sarampión. Se han puesto en evidencia las graves deficiencias del sistema de salud pública, que lleva décadas de desfinanciamiento y de avance del sector privado, y que hoy funciona bajo el presupuesto miserable del 2019, impulsado por el macrismo y acompañado por toda la oposición patronal. Hoy, el gobierno pretende realizar una cuarentena total, pero sin garantizar la prohibición de despidos y medidas de protección para los y las trabajadores informales, como tampoco medidas que solucionen el acceso del pueblo trabajador al sistema de salud. Rechazamos que para garantizar la cuarentena haya que desplegar las fuerzas represivas a las calles. Repudiamos el despliegue de las fuerzas represivas y la militarización de los barrios para garantizar la cuarentena. Decimos NO al pago de la deuda externa! Ruptura con el FMI! No al ajuste! Que los recursos del país sean puestos al servicio de un plan de emergencia integral bajo los intereses de los y las trabajadores para dar salida a esta situación! Denunciamos que en estos momentos en que la cuestión de la higiene es fundamental, miles de platenses estamos padeciendo la falta de agua, desde hace meses, lo que impide la adecuada prevención al contagio del coronavirus, así como facilita la proliferación de otras enfermedades.

Este 23 de Marzo nos encuentra frente a una situación social, económica y política en una América Latina convulsionada, donde los gobiernos, tanto derechistas como progresistas, vienen reprimiendo al pueblo movilizado contra las medidas de ajuste y sometimiento que reclaman el FMI y el capital financiero. Argentina no es ajena a esta situación con una crisis que se agrava con el pago de la deuda a los usureros, la continuidad de los despidos y suspensiones, las paritarias a la baja, la eliminación de la movilidad jubilatoria, sumado hoy al agravamiento de la crisis sanitaria.
La lucha del pueblo chileno contra el régimen pinochetista de Piñera, como la del pueblo boliviano contra la imposición del golpe de estado racista y colonial de Añez en Bolivia, son parte de las banderas que levantamos hoy. En este sentido planteamos: Abajo el golpe en Bolivia y las elecciones antidemocráticas para institucionalizarlo-Viva la lucha del pueblo chileno! Fuera Piñera.

Por otro lado, el argumento presidencial de que ahora las fuerzas represivas están dirigidas por “hombres formados en democracia”, pone un manto de impunidad sobre las fuerzas de seguridad de la “democracia” que se han cobrado miles de víctimas.
Desde 1983 todos los gobiernos usaron distintas formas represivas para controlar y castigar al pueblo, especialmente a los y las jóvenes. Durante los 12 años del período kirchnerista se produjeron más de 3600 asesinatos en manos de las fuerzas represivas, lo que equivale al 51% de los casos desde el fin de la dictadura. Durante los 4 años del gobierno macrista, las personas asesinadas fueron 1833. El macrismo subió la tasa de asesinatos a manos de las fuerzas represivas de 1 cada 28 horas a 1 cada 21 horas. Es decir que la gestión Macri-Bullrich es responsable del 26 % de los casos desde 1983 a la fecha. Por primera vez desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, en 2017 el gobierno macrista superó la barrera de un muerto por día a manos del aparato represivo estatal, frecuencia que se siguió incrementando hasta llegar, concluida su gestión, al inédito promedio de una muerte a manos del aparato represivo cada 19 horas.

Los dichos e ideas que pretenden reconciliarnos con las fuerzas represivas no nos resultan raros. Es sabido y denunciado que en el gobierno actual se encuentran cumpliendo funciones personajes repudiables como Felipe Solá, uno de los responsables políticos de la masacre del Puente Pueyrredón donde fueron asesinados los compañeros Darío y Maxi, y era gobernador de la provincia de Buenos Aires al momento de la segunda desaparición de Jorge Julio López; o Fernando Espinoza, intendente de La Matanza cuando desaparecieron y asesinaron a Luciano Arruga.
En el mismo sentido seguimos denunciando la criminalización de niñes y adolescentes a través de los proyectos de baja de edad de punibilidad, proyectos que fueron impulsados por distintos gobiernos y funcionarixs, como Scioli, Massa y Cristina Fernández.
En esta sintonía, el actual gobernador Axel Kicillof ha integrado a su gobierno, a Sergio Berni, que no tardó en comenzar a reprimir, como lo sufrieron los trabajadores de Cresta Roja que luchan contra los despidos. El mismo Berni que apoyó la propuesta del macrismo de utilización de pistolas Taser, y que hoy trasladará a containers a personas privadas de su libertad para que cumplan su pena.
Las desapariciones y asesinatos de La Tablada, de Fuentealba, Mariano Ferreyra, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, las desapariciones y asesinatos por las redes de trata y las torturas muertes en comisarías, y el genocidio silencioso a los pueblos originarios, se suman a esta larga lista de crìmenes de las fuerzas “democráticas”, un hilo conductor que une a todos los gobiernos desde la dictadura hasta el día de hoy.
En nuestra memoria y en nuestro reclamo siguen presentes todos los pibes y pibas que nos mató la policía en la región: Darián Barzábal, Ezequiel Heredia, Cristian “Rusito” Perez, Omar Cigarán, Víctor González, Damián Corvalán, Mauricio Andrada, Ismael Perusatto, Daniel Migone, Miguel Bru, Andrés Nuñez, Soledad Bowers, Nicolás Vargas, Sebastián Nicora, Braian Mogica, Néstor Canizzo, Rodrigo Simonetti, Maximiliano Campos, Matías Marincovich, Germán Ramón Gomez, Santiago Maldonado, Johana Ramallo y tantos otro y otras que nos arrebataron y por quienes seguiremos luchando con la conciencia de que no es un policía, sino toda la institución. Y que no es violencia institucional, sino represión estatal.
Decimos No al Gatillo Fácil y la doctrina “Chocobar”, No a la militarización de los barrios! No a la baja de la edad de punibilidad! No a la criminalización de la juventud y la pobreza!
Basta de persecución, represión y libertad a todos los presos y presas por luchar! Desprocesamiento y cierre de las causas de Cesar Arakaki, Sebastián Romero, Daniel Ruíz, Anahi Salcedo, Hernan Centeno y Natalia Perez.

En estas líneas reivindicamos con emoción el paro internacional de mujeres, trans, travestis, lesbianas, bisexuales y No Binaries, la enorme movilización platense el 8 de Marzo y la histórica marcha del 9 por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que con las jóvenes al frente sacudió a nuestro país y al mundo entero.
En nuestro país las cifras son alarmantes: hasta el día 5 de marzo de este año se contabilizaron 68 femicidios y 11 travesticidios. La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad es una política del gobierno que muy poco ha podido hacer para modificar esta cruel realidad al no tener una política clara que vaya a contrarrestar estas cifras, ni tampoco presupuesto para la Ley nacional para prevenir y erradicar la violencia de género.
Las mujeres y las disidencias sexuales reclamamos la igualdad en todos los planos, el derecho al aborto, la aparición con vida de las niñas y mujeres desaparecidas en gobiernos constitucionales por el infame negocio de la trata que funciona al amparo del Estado. Por eso decimos:
Ni una menos. Vivas nos queremos! Ni una menos en las cárceles! Basta de violencia machista, femicidios y travesticidios! Justicia por Johana! Equidad salarial para las mujeres! Educación Sexual Integral para decidir! Aborto legal, seguro y gratuito YA. Anticoncepción gratuita en todos los hospitales públicos y centros de salud primaria. Nuestro proyecto es el de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. ¡Sin dilaciones, sin objetores de conciencia y sin pactos con las iglesias! Cupo laboral Trans. Plena igualdad de derechos para la comunidad LGBTI+! Por la plena implementación de la ley de identidad de género: basta de faltantes de hormonales en el sistema de salud público!

Este 23 de marzo están presentes todas las luchas del pueblo trabajador que tienen en común la lucha contra el ajuste del gobierno y el plan económico de hambre y miseria para lxs trabajadorxs que reclama el FMI! Las luchas de los y las docentes de todo el país, como las huelgas en Salta y Tucumán, de los y las estatales, del pueblo de Chubut, y del movimiento piquetero, contra los despidos, las suspensiones, por trabajo genuino, contra la superexplotación, por un subsidio al desocupado frente a la crisis sanitaria, contra la eliminación de la cláusula gatillo, la imposición por decreto de sumas fijas, la destrucción de convenios laborales con la consecuente profundización de la carestía, son un ejemplo a seguir para todo el pueblo trabajador. Las victorias de los trabajadores y trabajadoras de la salud en el Posadas y de los compañeros y compañeras del INTI que nunca dejaron de reclamar contra los despidos y lograron la reincorporación, son una muestra más del valor del camino de la organización y la lucha. Apoyamos firmemente todos estos reclamos! Ningún despido ni suspensión, reparto de horas de trabajo, salario igual a la canasta familiar. No a la reforma laboral, en defensa de los convenios colectivos de trabajo! No al robo a los jubilados y jubiladas, en favor del pago de la deuda y los grandes negociados de los capitalistas. 82% móvil! Defendemos los regímenes especiales, conquistas históricas de la clase obrera! Y reclamamos, frente a la demagogia del gobierno, que se terminen verdaderamente con las jubilaciones de privilegio, de funcionarios gubernamentales y toda la minoritaria casta política que se beneficia de ellas.
Aquí en la región, estas luchas se replican, como el 8M pasado, como la lucha de la Asamblea de Vecinos Contaminados de Berisso y Ensenada contra la actividad contaminante de la multinacional COPETRO, las luchas de los trabajadores y trabajadoras municipales, como en la Secretaría de Géneros o de Vialidad contra los despidos de Garro, y en Educación contra los despidos de Kicillof! También la autoorganización de los trabajadores y trabajadoras del astillero para hacer frente a la pandemia poniendo las instalaciones al servicio de la emergencia sanitaria!
Por todo esto “dar vuelta la página” es inaceptable para el pueblo trabajador que resiste y lucha frente a los embates del gobierno y el FMI, y las fuerzas represivas del estado, como los pueblos hermanos de Latinoamérica lo hacen hacia adentro de sus fronteras, ganando las calles contra sus gobiernos y el ajuste.

A 44 AÑOS NO FUERON INCONDUCTAS! CÁRCEL COMÚN PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
FUE GENOCIDIO, SON 30.000
JUSTICIA POR LOS 30000 COMPAÑEROS/AS DETENIDOS/AS DESAPARECIDOS/AS
RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS Y LAS JÓVENES APROPIADOS/AS
APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS
JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO Y RAFAEL NAHUEL
FUERA EL FMI Y EL IMPERIALISMO DE AMÉRICA LATINA
PRESUPUESTO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LXS TRABAJADORES FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID 19 Y LAS ENDEMIAS DEL DENGUE Y EL SARAMPIÓN.

***

HIJOS La Plata

A 44 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA

LA NEGACIÓN DE LA NEGACIÓN
EL MACRISMO SE RETIRÓ TRAS PROVOCAR UNA CATÁSTROFE EN DERECHOS HUMANOS. SÍMBOLO DE ELLO ES QUE LA MAYORÍA DE LOS REPRESORES ESTÉN LIBRES O EN SUS CASAS CON DOMICILIARIA. LA NUEVA GESTIÓN PERONISTA MOSTRÓ SUS DESVARÍOS AL JUGAR CON LA RECONCILIACIÓN, EL NEGACIONISMO Y LA SELECTIVIDAD PUNITIVA.

El filósofo insigne del idealismo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) desarrolló en su obra una de las leyes fundamentales de la dialéctica, la ley de la “negación de la negación”. Desde ese concepto intentó expresar el carácter sucesivo del desarrollo de lo humano, la conexión de lo nuevo con lo viejo en el proceso de la sustitución de unas transformaciones cualitativas por otras. Una de las aristas más interesantes de esta idea es la que habilita poder pensar que en todo estadio superior de desarrollo se repiten hasta cierto punto algunas de las propiedades del estadio inferior y, yendo al terreno de la política, que la negación de lo viejo por lo nuevo en el proceso del desarrollo no es otra cosa que la solución de las contradicciones. Ya desde un planteo materialista, en Marx y en Engels el término “negación de la negación” expresa el carácter ascendente de la realidad objetiva misma. Marx muestra en “El Capital” (1867) que la propiedad privada capitalista es la primera negación de la propiedad individual de los medios de producción basada en el trabajo individual. Pero luego, el capitalismo, en razón de leyes propias a su desarrollo prepara él mismo las condiciones de su caída: la expropiación del capital es la negación de la negación, el restablecimiento de la propiedad individual, es decir, la propiedad de los trabajadores mismos sobre los medios de producción, pero a un nivel superior. La dupla alemana realiza ese aporte para poder entender el carácter dialéctico de la negación de lo que es viejo, de lo que muere, y del nacimiento de lo nuevo. En el “Anti-Dühring” (1878) Engels dice que “negar, en dialéctica, no consiste lisa y llanamente en decir no, en declarar que una cosa no existe, o en destruirla caprichosamente”.
El Estado negacionista del genocidio ocurrido en nuestro país intentó con Mauricio Macri, el mejor alumno de la dictadura cívico-militar, enterrar la posibilidad de revisar el pasado reciente de manera completa y extendida. Pero la apelación a la reconciliación con impunidad no se agota en Macri. En febrero pasado y de regreso de una visita a París, el presidente Alberto Fernández quiso seducir a parte de la sociedad y los organismos de Derechos Humanos planteando la necesidad de una ley que penalice las expresiones negacionistas del Terrorismo de Estado, para emular la “Ley Gassot” francesa. A poco de echada a andar esa idea el mismo Fernández se despachó con nuevos bríos negacionistas en un discurso de despedida a militares que viajaron a Chipre para servir a la ONU. El presidente buscó represtigiar a las Fuerzas Armadas nada menos que en la sede del ex CCD de Campo de Mayo. La presencia de lo viejo en lo nuevo que señala la ley de la “negación de la negación” hizo su aparición. El hoy presidente y ex militante del cavallismo dijo que las Fuerzas Armadas “han venido en estos años de democracia haciendo un esfuerzo permanente por lograr la integración que todos los argentinos les reclamábamos y hoy tenemos fuerzas absolutamente integradas a las sociedad argentina”. E insistiendo en esa idea Fernández afirmó que “hoy todos los oficiales de nuestras tres fuerzas han salido de la democracia y para nosotros eso es una gran alegría”. Por ello se permite interpretar que “con esto toda la Argentina debe dar vuelta una página, una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos”.
Las viejas/nuevas recetas de la impunidad a cambio de algunos logros también estuvieron presentes en las propuestas que manifiestó públicamente el secretario de Derechos Humanos designado por Fernández. En una nota publicada el 26 de diciembre pasado en Página/12 Horacio Pietragalla Corti dijo que “el ritmo que tomaron los juicios de lesa humanidad se choca de frente con la posibilidad real de hacer justicia”. Como si a la gestión kirchnerista de la que él fue parte, que ocupó 10 de los 15 años que llevan estos juicios y dejó impune el caso Jorge Julio López, no le cupiera ninguna responsabilidad en el fenómeno. Pero para modificar la situación, y que los juicios vuelvan a ser “política de Estado”, propuso “que la Corte Suprema reponga la Comisión Interpoderes; también necesitaremos que la Procuración General de la Nación instruya a los fiscales y a la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad a priorizar la realización de estos juicios, con un criterio que nos permita dejar de investigar a los genocidas pluricondenados para avanzar con aquellos que aún no fueron juzgados”. La perplejidad en que nos sume tal oferta a quienes militamos desde querellas independientes estos procesos, transforma a una situación catastrófica en poco seria. Porque pretender una selectividad en el juzgamiento ya fue política de Estado en los ’80, leyes de impunidad de por medio, y de implementarse las aspiraciones de Pietragalla la mayoría de los procesos en curso quedarían desiertos. El ex diputado, a la sazón obediente votante de la ley antiterrorista en 2011, parece desconocer que, por ejemplo en lo que conocemos como “Circuito Camps”, las grandes causas por distintos CCD tienden a repetir imputaciones por la pereza investigativa del Estado en su conjunto. En manos de estos supinos desconocedores del paño está, en parte, la posibilidad real de hacer justicia en el país de todos y todas.
Esta forma parcial de juzgar a los genocidas -que se reproduce en prácticamente la totalidad de los juzgados del país- resulta funcional a los intereses políticos, tanto de aquellos que pretenden mantener la impunidad absoluta, como de quienes pregonan que es suficiente con juzgar a unos pocos asesinos paradigmáticos.
Desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 y hasta diciembre de 2019 el Estado argentino efectivizó 238 juicios y como resultado se dictaron 1.354 condenas sobre 975 represores y hubo 240 absoluciones por un universo de 7.848 víctimas. Por lo tanto, tomando como referencia los 200.000 efectivos que actuaron en la represión y los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los responsables condenados representan menos de 1,5 represor por cada CCD. Para completar el cuadro, casi el 70% de los represores detenidos goza del beneficio de la prisión domiciliaria, y unos 1.590 represores imputados están en total y completa libertad.
Los juicios a los genocidas llevan 15 años de debates orales. Y no pueden durar otra década y media porque ya no habrá a quien juzgar. EL cuello de botella que el Estado plantea para los juicios se verá con claridad este año en La Plata, donde habrá 3 juicios en simultáneo. Aún sin llegar a sentencia la causa por la Brigada de San Justo tras 1 año y medio de debate, en abril comienza el juicio por el CCD "1 y 60", en mayo la megacausa por los crímenes cometidos en los Pozos de Banfield y Quilmes, y en septiembre el juicio por la brigada de Lanús con sede en Avellaneda, CCD conocido como “El Infierno”. El inicio de estos juicios lleva entre 5 y 8 años de demora, y ahora se pretende realizarlos en simultáneo, con la complejidad que ello genera para todas las partes.

ANTINEGACIONISMO O RECONOCIMIENTO PLENO DEL GENOCIDIO
Desde la querella del espacio Justicia Ya La Plata, que integramos como HIJOS La Plata, conseguimos en 2015 el primer fallo de un tribunal oral federal del país que reconoce la comisión del delito internacional de Genocidio en la causa por los crímenes de la Fuerza de Tareas 5 de la Armada Argentina en nuestra región. Sucede que esa sentencia no está confirmada en segunda instancia y su ratificación comporta un importante cambio simbólico y político en el reconocimiento de la magnitud de los crímenes de Estado cometidos durante la última dictadura.
Desde Justicia Ya venimos planteando condenas por Genocidio desde 2006, en el juicio al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz donde desaparecieron por segunda vez a Jorge Julio López. En aquel entonces lo hacíamos en soledad, por el rechazo de otros organismos de Derechos Humanos o querellas del propio Estado. Hoy casi ninguna querella, incluido el Ministerio Público Fiscal, esquiva el planteo de llamar a la aniquilación de una parte específica del grupo nacional argentino por su nombre: Genocidio.
Nos preguntamos qué sucede entonces cuando el propio Estado argentino, que aún no ha reconocido plenamente el Genocidio, nos plantea de manera oportunista utilizar la ley penal para castigar el negacionismo. Ni hablar del reconocimiento estatal de sus propios crímenes, otros genocidios silenciados, como la persecución y encarcelamiento a pueblos originarios en lucha por su soberanía, las desapariciones forzadas en democracia, el gatillo fácil, las torturas en cárceles y comisarías, la trata, los femicidios, las muertes por aborto clandestino, o bien el atropello a los derechos Humanos de nueva generación referidos por ejemplo a la protección del medio ambiente.
A 44 años del golpe genocida los juicios a los represores se encuentran asediados por distintos ejes de impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad biológica de los genocidas, el cuello de botella entre la instrucción de las causas y los debates orales, y las medidas ilegítimas de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser las domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva.
En materia represiva actual el panorama destila continuidades. La gestión de Daniel Scioli causó más de 600 muertes a manos de su Policía y su Servicio Penitenciario gracias a las políticas de mano dura de sus ministros Ricardo Casal y Alejandro Granados. Casal llenó las cárceles de pibes pobres, superando los 40 mil internos en el SPB, y uno de cada 2 internos recibió distinto tipo de torturas en ese período. Granados llevó a La Bonaerense a tener más de 100 mil efectivos, como nunca en su historia, creó las policías locales improvisadas, inició la llegada de fuerzas federales al conurbano con los operativos en los trenes, y desplegó cientos de operativos de saturación en los barrios. La gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro Cristian Ritondo vinieron a completar la tarea represiva iniciada por Scioli, y son responsables de más de 800 muertes a manos de su aparato represivo, entre las que se destacan las masacres de San Miguel del Monte, Pergamino y Esteban Echeverría. Así están presentes en nuestro reclamo Darián Barzábal, Ezequiel Heredia, Cristian “Rusito” Perez, Víctor González, Damián Corvalán, Mauricio Andrada, Ismael Perusatto, Daniel Migone, Miguel Bru, Andrés Nuñez, Soledad Bowers, Nicolás Vargas, Sebastián Nicora, Braian Mogica, Néstor Canizzo, Rodrigo Simonetti, Maximiliano Campos, Matías Marincovich, Germán Ramón Gómez, Santiago Maldonado, Johana Ramallo y tantxs otrxs que nos arrebataron.
La tregua esperanzada sobre la represión que promete el Frente de Todos en Nación y Provincia no incluye a nuestros pibes. Porque más allá de las promesas de derogar la “Doctrina Chocobar” nuestros pibes siguen sufriendo el hambre y la marginación y son blanco de la discrecionalidad en el accionar policial. En provincia de Buenos Aires quedó a cargo de la Policía el ex militar carapintada Sergio Berni, espía de los mineros huelguistas de Río Turbio en los ’90, defensor de la mano dura y especialista en la represión a los trabajadores organizados. El seudo-progresismo de la nueva versión del peronismo en el poder se agota cuando personajes como Berni asumen la tarea represiva. Inobjetable presencia de lo viejo en lo nuevo.

A 44 años del golpe genocida desde HIJOS La Plata seguiremos exigiendo, gobierne quien gobierne, y mucho más mientras haya víctimas directas del Terrorismo de Estado entre los funcionarios responsables de impulsar estas políticas, mayor celeridad, criterios razonables en jueces y fiscales y la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices, sin ningún beneficio.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE SEGUIMOS DICIENDO:
SON 30 MIL, FUE GENOCIDIO.
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS.
CARCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA.
BASTA DE PRIVILEGIOS A LOS REPRESORES.
NO AL 2X1. NO A LAS DOMICILIARIAS. NO A LAS EXCARCELACIONES.
BASTA DE GATILLO FÁCIL Y MUERTES POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS.
SI ES INSTITUCIONAL NO ES VIOLENCIA, ES REPRESIÓN ESTATAL.

 

Logo agenda

SUSCRIPCIÓN / para recibir información

Una vez por semana el colectivo elabora un boletín con las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional

 
Our website is protected by DMC Firewall!